Elevan críticas contra Vic
Desde diversos sectores de la sociedad, surgen las críticas al ayuntamiento de Vic por denunciar ante la policía a los extranjeros sin papeles. El portavoz de la Federación estatal de asociaciones de inmigrantes y refugiados en España (FERINE), Víctor Sáez, afirmó que es "muy grave" que extranjeros en situación irregular puedan ser "sometidos a acoso policial" con el reslpaldo de las instituciones públicas por el hecho de empadronarse, algo que es obligatorio para todos los residentes en un municipio.
Sáez dijo no estar preocupado por la posibilidad de que esta práctica se extienda en otros consistorios ya que "la sociedad democrática ya mostró su rechazo" cuando Vic intentó dejar de empadronar a las personas en situación irregular y cuando se "descubrieron irregularidades" en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Desde el colectivo de abogados Ronda, aseguran que la medida es ilegal "ya que contradice el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1990 de Protección de Datos, que establece, como regla general, que no se podrán ceder los datos personales a un tercero sin autorización del afectado". El tercero sería la policía en el caso de Vic, y el afectado, los inmigrantes sin permiso de residencia.
Ronda también recuerda el "artículo 15 de la Ley de Bases del Régimen Local, que establece que: toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el cual reside habitualmente."
Sos Racisme llamó la atención sobre las consecuencias de la iniciativa: "no será el velar por la igualdad y la convivencia, como es la obligación de un gobierno municipal, si no la estigmatización de la población immigrada, promover el miedo entre las personas que se encuentran en situación irregular (...) profundizar en la fractura social, poniendo aún más relieve entre “ellos y nosotros”.
El PP se apunta a la polémica
Por último, ante el anuncio realizado por la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, quien dijo que todos sus grupos municipales presentarán mociones en los ayuntamientos para que comuniquen a la Delegación del Gobierno "todas las presuntas situaciones de inmigración irregular que detecten en sus padrones", Sáez pidió al PP que "se dedique a limpiar los delincuentes que tiene en su seno y se deje de perseguir a pobres migrantes que vienen a construir el futuro con sus manos, no a robar a nadie".
Por su parte, el portavoz de la asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui, Raúl Jiménez, afirmó que la postura de Vic y las declaraciones posteriores de Sánchez Camacho son "un chantaje intolerable al Gobierno central" al que en su opinión desafían ambos por haber manifestado su "clara oposición" cuando el consistorio catalán propuso dejar de empadronar a personas 'sin papeles'.
"Era de esperar que en la antesala de las elecciones, en este caso las catalanas, el fantasma del racismo y la xenofobia fueran avivados por políticos que quieren hacer bandera electoral, pero no se pueden tolerar chantajes al Gobierno central de gente que intenta sacar tajada", añadió Jiménez, para quien esta medida propone "la cacería de inmigrantes como campaña política", lo que en su opinión, "es deleznable".
Sáez dijo no estar preocupado por la posibilidad de que esta práctica se extienda en otros consistorios ya que "la sociedad democrática ya mostró su rechazo" cuando Vic intentó dejar de empadronar a las personas en situación irregular y cuando se "descubrieron irregularidades" en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Desde el colectivo de abogados Ronda, aseguran que la medida es ilegal "ya que contradice el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1990 de Protección de Datos, que establece, como regla general, que no se podrán ceder los datos personales a un tercero sin autorización del afectado". El tercero sería la policía en el caso de Vic, y el afectado, los inmigrantes sin permiso de residencia.
Ronda también recuerda el "artículo 15 de la Ley de Bases del Régimen Local, que establece que: toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el cual reside habitualmente."
Sos Racisme llamó la atención sobre las consecuencias de la iniciativa: "no será el velar por la igualdad y la convivencia, como es la obligación de un gobierno municipal, si no la estigmatización de la población immigrada, promover el miedo entre las personas que se encuentran en situación irregular (...) profundizar en la fractura social, poniendo aún más relieve entre “ellos y nosotros”.
El PP se apunta a la polémica
Por último, ante el anuncio realizado por la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, quien dijo que todos sus grupos municipales presentarán mociones en los ayuntamientos para que comuniquen a la Delegación del Gobierno "todas las presuntas situaciones de inmigración irregular que detecten en sus padrones", Sáez pidió al PP que "se dedique a limpiar los delincuentes que tiene en su seno y se deje de perseguir a pobres migrantes que vienen a construir el futuro con sus manos, no a robar a nadie".
Por su parte, el portavoz de la asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui, Raúl Jiménez, afirmó que la postura de Vic y las declaraciones posteriores de Sánchez Camacho son "un chantaje intolerable al Gobierno central" al que en su opinión desafían ambos por haber manifestado su "clara oposición" cuando el consistorio catalán propuso dejar de empadronar a personas 'sin papeles'.
"Era de esperar que en la antesala de las elecciones, en este caso las catalanas, el fantasma del racismo y la xenofobia fueran avivados por políticos que quieren hacer bandera electoral, pero no se pueden tolerar chantajes al Gobierno central de gente que intenta sacar tajada", añadió Jiménez, para quien esta medida propone "la cacería de inmigrantes como campaña política", lo que en su opinión, "es deleznable".
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