Bolivia pide a España seguir otorgando nacionalidad a los hijos de inmigrantes

El Gobierno de Bolivia tramitó una solicitud a través de su embajada en Madrid para que España siga otorgando la nacionalidad a los hijos de los inmigrantes bolivianos que nazcan en ese país, confirmó a Efe una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La fuente explicó que la embajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, solicitó a las autoridades españolas un encuentro para tratar de aclarar lo que, a juicio del Gobierno de La Paz, ha sido un mala interpretación de la nueva Constitución que el presidente Morales promulgó el pasado mes de febrero.

Según una circular del Ministerio de Justicia español, publicada esta semana, España dejará de otorgar la nacionalidad a los hijos de los inmigrantes bolivianos que nacen en el país por un artículo de la nueva Carta Magna del país sudamericano.

El artículo en cuestión dice que "la atribución de la nacionalidad boliviana queda ampliada a los nacidos en el extranjero de madre boliviana o padre boliviano".

El vicecanciller boliviano Hugo Fernández aseguró ayer a los medios que su país está en conversaciones con la Cancillería española "para volver a la situación anterior" y devolver a los inmigrantes ese "derecho".

Fernández considera que esta nueva medida, que surgió de un "cambio constitucional" en su país, puede perjudicar a los bolivianos residentes en España que tendrán que hacer más trámites para conseguir la ciudadanía en el país europeo.

La embajadora Carmen Almendras, considera que la lectura que el Gobierno español hizo de la Constitución boliviana es equivocada y mostró su deseo de que "España actúe en consecuencia" y cambie la resolución.

"Las modificaciones que se hicieron en nuestra Constitución Política son para profundizar derechos, principios y garantías, no para restringirlos", afirmó Almendras en declaraciones al diario La Razón.

El Gobierno cambia la ley para colocar a inmigrantes parados

Los inmigrantes que se queden en paro tendrán más oportunidades para buscar trabajo y reducirán el riesgo de perder sus permisos de residencia. La especial incidencia de la crisis económica entre los extranjeros ha movido al Consejo de Ministros a modificar el Reglamento de Extranjería para facilitar su recolocación y reducir la "irregularidad sobrevenida" (imposibilidad de renovar el permiso de estancia por carecer de empleo).

Éstas son las medidas aprobadas, fruto de un acuerdo logrado en el diálogo social, dirigido por la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí:

- Autorización inicial. Durante el primer año de estancia en España, los extranjeros tienen un permiso inicial que sólo les permite trabajar en un sector de actividad, en una determinada provincia y por cuenta propia o por cuenta ajena. El decreto aprobado ayer facilita los trámites para que puedan cambiar de sector de actividad, de área geográfica y de modalidad de empleo.

- Permiso de residencia. Para renovar los permisos de residencia, los extranjeros tienen que presentar un contrato de trabajo en vigor. Si se hallan en el paro, no pueden obtener nuevos documentos y caen en lo que se ha dado en llamar "irregularidad sobrevenida". A partir de ahora podrán renovarlos, aunque estén desempleados, aquellos que hayan cotizado a la Seguridad Social al menos nueve meses por año de estancia en el país.

- Reagrupación en España. Si uno de los miembros de un matrimonio de inmigrantes que hayan llegado a España con sendos contratos pierde su trabajo, no puede renovar su permiso de residencia: debe volver a su país para que su cónyuge con empleo solicite desde España su reagrupación familiar. A partir de ahora, si el cónyuge con trabajo demuestra que puede mantener a su pareja, la Administración renovará la autorización de ésta.

Además, el Gobierno ha modificado también el Reglamento para que Cataluña y Andalucía puedan expedir las autorizaciones iniciales de trabajo, tal y como recogen sus estatutos de autonomía. Cataluña comenzará a hacerlo a partir de octubre.

El Pais.es

Aumentan los inmigrantes en situación irregular y la economía sumergida

CCOO ha constatado un aumento de los inmigrantes en situación irregular que trabajan en la economía sumergida, según ha dicho hoy el director del Centro de Información para Trabajadores Inmigrantes (CITE) de CCOO, Hassan Saliba.

Saliba ha presentado hoy los últimos datos recogidos por el CITE, que en los últimos seis meses ha atendido a 9.685 usuarios, de los cuales el 40,10 por ciento estaban en situación irregular, "una cifra que ha ido subiendo durante el último año, y que en estos momentos ya es semejante a la de 2005, antes de la regularización"

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El número de usuarios que trabajan ha bajado hasta un 52,71%, y entre éstos, el 50,83% lo hacen en la economía sumergida.

El número de inmigrantes que trabajan sin contrato laboral "empezó a aumentar con el inicio de la crisis. A finales de 2008 era del 49 por ciento de los usuarios del CITE y ahora ya es del 53,8%", ha dicho Saliba.

Al igual que ocurre con la cifra de inmigrantes irregulares, "el número de extranjeros que trabajan en la economía sumergida ya se sitúa al mismo nivel que en 2005, antes de la regularización extraordinaria".

Saliba ha recordado que antes de 2005, el CITE atendía a un gran número de inmigrantes en situación irregular que trabajaban en la economía sumergida porque "la bonanza económica y la falta de canales legales para contratación en origen había creado una gran bolsa de trabajadores inmigrantes en situación irregular".

Para solventar esta situación, el Gobierno llevó a cabo en el año 2005 una regularización extraordinaria que consiguió que en 2006 la cifra de inmigrantes que trabajaban en la economía sumergida atendidos por el CITE bajara hasta un 27 por ciento.

"Pero ya estamos otra vez en la misma situación que antes de la regularización", ha denunciado Saliba, que ha pedido al Gobierno que "tome medidas para luchar contra la economía sumergida".

En su opinión, "es necesario hacer aflorar la economía sumergida dotando de recursos la inspección de trabajo e incentivando las denuncias de los trabajadores".

"Hay que facilitar la regularización por arraigo laboral de los trabajadores de la economía sumergida que denuncian su situación", ha dicho.

Asimismo, Saliba ha lamentado la "rigidez" del Gobierno, que en el último año ha denegado la renovación del permiso a inmigrantes que habían perdido su trabajo a consecuencia de la crisis.

"El pasado 16 de junio las delegaciones del Gobierno recibieron la orden de flexibilizar las renovaciones de los permisos, pero hasta esa fecha la rigidez era muy fuerte y ha sido muy negativa porque ha empujado a la irregularidad a muchos inmigrantes que tenían los papeles en regla", ha aclarado Saliba.

Por otro lado, las cifras de usuarios del CITE confirman el descenso de trabajadores contratados en origen que ya anunció antes de ayer la subdelegación del Gobierno en Barcelona.

La regularización por arraigo social ha sido la consulta más solicitada por los inmigrantes en el CITE durante los seis primeros meses de este año, seguida de las renovaciones de permisos y el reagrupamiento familiar.

Los permisos iniciales de residencia y de trabajo, que durante muchos años habían sido la consulta más solicitada, han pasado al cuarto lugar.

Cataluña y Andalucía tramitarán con el Estado permisos de residencia

El Consejo de Ministros aprobó el viernes un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Extranjería para adaptarlo a los estatutos de Cataluña y Andalucía, que se atribuyen la competencia para autorizar el trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en su territorio.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, indicó que se trata de una "adaptación" de la legislación "para evitar que la intervención de dos administraciones que tienen competencias compartidas altere el buen servicio al ciudadano".

En este sentido, señaló que la competencia de autorizar el trabajo de los extranjeros que recogen los estatutos de autonomía de algunas comunidades autónomas "se trata de una atribución que debe ejercerse en coordinación con el Gobierno, ya que es la autoridad competente en materia de residencia".

Así, de acuerdo al Real Decreto aprobado, se emitirá "una sola resolución conjunta de ambas administraciones para las solicitudes de residencia y de trabajo", por lo que sólo habrá "un único procedimiento", lo que hará "más eficaz y más ágil" la gestión de las solicitudes, aseguró De la Vega, que calificó el procedimiento de "magnífico modelo de cooperación entre administraciones".

La administración autonómica y la estatal ejercerán sus competencias a través de un procedimiento único que, soportado internamente por un sistema informático innovador, permitirá compartir información y ahorrar trámites, así como que ambas administraciones conozcan el estado de tramitación en todo momento.

Esta reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería tiene lugar tras la consecución del primer acuerdo de traspaso de la gestión de las autorizaciones iniciales de trabajo a la Comunidad Autónoma de Cataluña, y coincide con un ajuste en materia de modificación y renovación de autorizaciones consecuencia de un acuerdo de diálogo social.

La Comunidad Autónoma de Cataluña ha sido la primera autonomía con la que el Gobierno ha llegado a un acuerdo sobre este procedimiento de extranjería en sus términos fundamentales. Sin embargo, la seguridad jurídica y la posibilidad de que las demás Comunidades Autónomas que tienen reconocida esta competencia en sus estatutos puedan desarrollarla requerían una regulación en la legislación estatal, según el Ejecutivo.

EP

El Gobierno guarda silencio sobre la mexicana sin papeles

El abogado de la afectada recibió ayer otra denegación del permiso de residencia
La Delegación del Gobierno en Catalunya guardó ayer silencio sobre la situación denunciada por Marcia Gabriela Gasca Rangel, de 28 años, una joven mexicana casada con un español desde hace cinco años y a la que se ha denegado el permiso de residencia por un error burocrático.

Y es que su esposo se apellida Raja, pero en el registro civil figura como Rafa. Esta equivocación se reprodujo en el certificado de matrimonio expedido en Vilassar de Dalt (Maresme) y que fue entregado por la mujer en la Oficina de Extranjería cuando solicitó su regularización.
EL PERIÓDICO intentó ayer en varias ocasiones obtener la versión de la Delegación de Gobierno en Catalunya sobre el caso. Sin embargo, ningún portavoz de esta institución ofreció explicaciones en todo el día, pese a que por la mañana se informó a este diario de que la subdelegada en Barcelona tenía el expediente.

RESPUESTA DESFAVORABLE / Pese a este silencio, quien sí recibió una respuesta desfavorable a sus pretensiones fue la afectada. A su abogado, Sergi Santacana, del Col·lectiu Ronda, le llegó la notificación oficial de que la Administración había denegado a Marcia Gabriela Gasca su última petición, tramitada el 16 de junio, para obtener el permiso de residencia, esta vez por arraigo. El motivo para rechazar la solicitud, según el documento, es que es «manifiestamente carente de fundamento».

El abogado de la mujer recordó ayer que, cuando se presentó la solicitud, los funcionarios le informaron de que se le denegaría porque Marcia Gabriela tenía derecho, realmente, a un permiso permanente para vivir en España. Este documento es precisamente el que no se le concedió en su día por el error de escritura en el segundo apellido de su marido, Josep Lluís Romera Raja, de 49 años.

«Marcia Gabriela cumplía todos los requisitos tanto para obtener el permiso permanente --cinco años de estancia leal en España-- como el de arraigo, cuyos requisitos son: contrato de trabajo, tres años viviendo en España, un informe del inserción del Ayuntamiento de Barcelona y carecer de antecedentes penales», asegura el letrado.

LA QUEJA / El representante legal de Marcia Gabriela explicó que en los próximos días se presentará una queja ante el Síndic de Greuges para denunciar la situación por la que atraviesa la mujer que, como ella recuerda, lleva viviendo ocho años en España, está casada con un español, paga sus impuestos, tiene una vivienda de su propiedad y se encuentra a punto de acabar la universidad. Además, nadie la puede contratar porque no tiene los papeles en regla y tampoco puede cobrar el subsidio de desempleo.

La esperanza es que los jueces modifiquen esta situación y le concedan el permiso. El juzgado de lo contencioso que tramita el procedimiento ha señalado para septiembre el juicio. La sentencia pude tardar meses y, además, sería recurrible ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Por ahora, la afectada no puede salir de España para ver a su familia y, según su abogado, está en riesgo de ser expulsada al carecer de documentación legal.

El relato de los que se fueron

Dos libros narran los testimonios de los millones de inmigrantes españoles que partieron a Latinoamérica en busca de un futuro mejor


El barco Monte Sarmiento, de bandera alemana, llegó a las costas de Montevideo (Uruguay) el 3 de agosto de 1934. A bordo viajaban la española Isabel García y su hijo de tres años, Enrique V. Iglesias. Casi 75 años después, el hoy secretario general iberoamericano, uruguayo nacido en Asturias, recordó la historia en la presentación de los libros La emigración española en América: historias y lecciones para el futuro y Memorias de la emigración española a América, que reúnen los testimonios de los más de tres millones de españoles que partieron a América en el siglo XX. "Yo fui uno de ellos", recordó.

Los volúmenes recopilan una investigación realizada por Fundación Directa en colaboración con la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración de España y la Secretaría General Iberoamericana. María Ángeles Sallé, una de las responsables del estudio, recordó que América ha resultado "el refugio y el amparo de los desamparados de España". Las imágenes en blanco y negro reúnen los recuerdos de los que se aventuraron en una travesía de semanas que les llevó a puertos en los que buscarían "un futuro que no tenían aquí", según comentó Sallé.

El trabajo historiográfico da cuenta de los testimonios de quienes construyeron vida y patrimonio en Latinoamérica, y no deja de lado las historias menos afortunadas, las de los que no hallaron suerte en tierras extrañas. La emigración española en América: historias y lecciones para el futuro reúne publicaciones y artículos periodísticos donde se relatan los abusos y maltratos que recibían muchos de los inmigrantes.

En una nota fechada el 17 de mayo de 1907, el periódico español El Liberal relataba que algunos españoles eran sujetos a "trabajos penosísimos" al llegar a Cuba y que se les alimentaba "con productos de una calidad ínfima". Un artículo publicado en el diario argentino La Nación en mayo de 2000 describe que, a principios del siglo XX, los inmigrantes más pobres utilizaban las camas calientes, lechos que alquilaban para descansar un par de horas, o bien se valían de la maroma, sogas sujetas al techo que se ataban a los hombros para dormir de pie. "Los tiempos cambian, pero los problemas siguen siendo los mismos", subrayó Iglesias. La investigación relata también la proliferación de falsificadores para los trámites de documentación y las muertes de trabajadores durante las obras. En la construcción de las vías ferroviarias paralelas al Canal de Panamá trabajaron unos 8.298 españoles, el grupo más numeroso después de los afroantillanos. Se calcula que unos 1.500 obreros murieron en las obras, unas 20 muertes por cada uno de sus 77 kilómetros.

Dos lados de la inmigración

El diplomático Emilio Cassinello, director del Centro Internacional de Toledo para la Paz, recordó su propia experiencia como uno de los miles de exiliados españoles que llegaron a México tras el fin de la Guerra Civil española. Su familia llegó a tierras aztecas a bordo del Sinaia, el primer barco que llegó al puerto de Veracruz (sureste de México) al fin de la contienda, en junio de 1939.

Comentó que su padre traía consigo un esmoquin "por si le tocaba hacer de camarero" y su título de abogado. "A pie de barco le preguntaron a qué se dedicaba", relató. Tras mostrar el título, recordó que el funcionario lo selló en la parte de atrás. "Decía que era válido para trabajar en México, sin más trámite. Son cosas que no se olvidan", explicó.

Por su parte, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración española, Consuelo Rumí, subrayó que España ha conocido "los dos lados" de la inmigración y que esto significa una oportunidad que "pocos pueblos han tenido" y que "no tenemos derecho a desaprovechar". Rumí también recordó el dolor de los que se quedaron en casa, "añorando el recuerdo de los que se habían ido". El trabajo audiovisual Nosotros también fuimos los otros, que acompaña a la investigación, relata las motivaciones, la acogida y la huella que dejaron los inmigrantes en aquellas tierras y, en algunos casos, en su retorno a España.

A la par de la presentación, Sallé informó de que su Fundación ha inaugurado la página web Migraventura.net, que ilustra con herramientas multimedia los recuerdos de los inmigrantes. El sitio ofrece incluso la posibilidad de realizar un recorrido virtual por algunas de las ciudades que recibieron la mayor cantidad de inmigrantes; de ellas, la primera fue La Habana. A través de audios y vídeos, el internauta puede visitar los puertos que vieron llegar a los primeros inmigrantes, los centros culturales que fundaron en su país de acogida y hasta el cementerio de Colón de la capital cubana, el último destino de muchos de ellos.

La paz social (lingüística) de Zapatero

Los que defienden la inmersión lingüística en catalán en Catalunya se agarran al único argumento que exhiben como incontestable, la inmersión lingüística como modelo de convivencia y factor de cohesión social, la paz social de la que habla Zapatero a propósito de la aprobación de la Ley de Educación de Catalunya (LEC).

La consecuencia de la crisis en las capas más desfavorecidas es un aumento de las peticiones de ayuda a las organizaciones que trabajan en cuestiones sociales y asistenciales, los comedores sociales están desbordados, los bancos de alimentos agotados y el número de personas sin techo se ha multiplicado. España está a la cabeza de la Champions League del mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza de la UE, estamos hablando de millones de personas que tienen serios problemas de salud y de desempleo, y son los discapacitados, los inmigrantes, las mujeres, los niños y los ancianos lo más vulnerables a este tipo de situaciones. No parece que la lengua tenga nada que ver con los problemas que afectan nuestra convivencia, no parece que la lengua sea la preocupación fundamental del más de millón de personas que está por debajo del umbral de pobreza en Catalunya.

Cuando tanta gente lo está pasando tan mal resulta ridículo, casi obsceno, defender la inmersión en Catalunya como un factor de cohesión social. La cohesión social se cimenta con una buena educación, con una buena sanidad, con políticas que favorezcan el empleo, la igualdad de oportunidades y la justicia. Seguir apoyando la imposición lingüística con esa clase de argumentos nos lleva a pensar que la guerra social (lingüística) en Galicia y en el País Vasco está servida, ya que en esas dos comunidades se ha optado por la libre elección.

Un modelo de educación que en lo que se refiere a la lengua de escolarización atienda la realidad sociolingüística y a la cooficialidad, que corrija la situación de privilegio del catalán respecto del castellano no mejorará el bienestar de los más pobres, pero lo contrario tampoco es el pilar de ninguna paz social en Catalunya.