CiU y PP amplían la delación de inmigrantes a Llavaneres
El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), ya no está solo en su política de denunciar a los inmigrantes irregulares a partir del padrón.
Otro alcalde de CiU, el de la pequeña población costera de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona, 10.181 habitantes), se sumó a la política de denuncias tras apoyar una moción del grupo local del PP, en el pleno del martes.
El regidor, Bernat Graupera, está estudiando cómo articlará la propuesta aprobada: o bien optará por la vía de Vic, que pensaba comunicar a la Delegación del Gobierno la identidad de cada inmigrante irregular que se empadronara, o bien reclamará al Estado que solicite permanentemente estos datos. De esta forma, la medida sería legal, porque el padrón sólo puede ser utilizado si la policía lo reclama.
La moción calentó los ánimos del pleno, donde CiU, que gobierna en minoría, y PP suman 10 de los 14 concejales. La oposición aseguró que ambos partidos crean un problema donde no lo hay. Según el último censo, Sant Andreu de Llavaneres tiene un 10,6% de inmigración, la mayoría, un 42%, procedente de la Unión Europea. Llavaneres es, según lo define el plan estratégico del municipio, "eminentemente residencial y turístico, con un alto poder adquisitivo, y con predominio del sector servicios". "Los inmigrantes que viven aquí o son jardineros o trabajan fuera", describía ayer Josep Ruiz, concejal del independiente SOS Llavaneres, que aclaraba: "Aquí no tenemos problemas con la inmigración".
Pese a que ya son dos los municipios que amenazan con denunciar a inmigrantes irregulares a partir del padrón, no parece que ninguno lo vaya a hacer efectivo. Mientras el alcalde de Llavaneres piensa cómo articular su medida, el de Vic dio marcha atrás presionado por sus socios de gobierno -PSC y ERC- y tras reunirse la semana pasada con el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, para buscar una salida de la crisis del padrón que Vila d'Abadal abrió. Rangel se comprometió a evaluar los mecanismos de control de la inmigración para evitar fraudes, aunque evitando discriminaciones como la propuesta por el alcalde de Vic. Todo indica que Vila d'Abadal se conformará con mantener un discurso duro en inmigración sin llevarlo a la práctica.
Otro municipio catalán, El Vendrell (Tarragona), aprobó el pasado martes denunciar a los inmigrantes irregulares detectados a través de trámites administrativos no relacionados con el padrón.
Otro alcalde de CiU, el de la pequeña población costera de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona, 10.181 habitantes), se sumó a la política de denuncias tras apoyar una moción del grupo local del PP, en el pleno del martes.
El regidor, Bernat Graupera, está estudiando cómo articlará la propuesta aprobada: o bien optará por la vía de Vic, que pensaba comunicar a la Delegación del Gobierno la identidad de cada inmigrante irregular que se empadronara, o bien reclamará al Estado que solicite permanentemente estos datos. De esta forma, la medida sería legal, porque el padrón sólo puede ser utilizado si la policía lo reclama.
La moción calentó los ánimos del pleno, donde CiU, que gobierna en minoría, y PP suman 10 de los 14 concejales. La oposición aseguró que ambos partidos crean un problema donde no lo hay. Según el último censo, Sant Andreu de Llavaneres tiene un 10,6% de inmigración, la mayoría, un 42%, procedente de la Unión Europea. Llavaneres es, según lo define el plan estratégico del municipio, "eminentemente residencial y turístico, con un alto poder adquisitivo, y con predominio del sector servicios". "Los inmigrantes que viven aquí o son jardineros o trabajan fuera", describía ayer Josep Ruiz, concejal del independiente SOS Llavaneres, que aclaraba: "Aquí no tenemos problemas con la inmigración".
Pese a que ya son dos los municipios que amenazan con denunciar a inmigrantes irregulares a partir del padrón, no parece que ninguno lo vaya a hacer efectivo. Mientras el alcalde de Llavaneres piensa cómo articular su medida, el de Vic dio marcha atrás presionado por sus socios de gobierno -PSC y ERC- y tras reunirse la semana pasada con el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, para buscar una salida de la crisis del padrón que Vila d'Abadal abrió. Rangel se comprometió a evaluar los mecanismos de control de la inmigración para evitar fraudes, aunque evitando discriminaciones como la propuesta por el alcalde de Vic. Todo indica que Vila d'Abadal se conformará con mantener un discurso duro en inmigración sin llevarlo a la práctica.
Otro municipio catalán, El Vendrell (Tarragona), aprobó el pasado martes denunciar a los inmigrantes irregulares detectados a través de trámites administrativos no relacionados con el padrón.
Comentarios