Sin arraigo por no "participar en redes sociales"

La colombiana Olga Lucía Contreras llegó a Galicia en el 2005 por la vía regular. Todo en su camino migratorio lo hizo acorde con la ley. Hasta que un día descubrió que su empleador dejó de cotizar por ella las cuotas de la Seguridad Social, provocando que perdiera sus papeles en regla. Pero la oferta de trabajo que le extendió el empresario gallego Manuel Salanova, pareja de su hermana Marleni, pareció darle un respiro. Para completar el trámite sólo necesitaba un informe de arraigo. Pero un funcionario lo denegó por no "participar en redes sociales".

El caso ha levantado polvareda en Galicia. La ambigüedad en los criterios para otorgar dicho informe, fue reconocida por la concejala de Servicios Sociales de Vilagarcía de Arosa, Ana Lorenzo. A raíz de este caso, emitió en agosto una circular para advertir a los funcionarios que los informes de arraigo sólo se pondrían en conocimiento de la Policía cuando fueran favorables. Los desfavorables, según la instrucción de Lorenzo, sólo debían ser comunicados al interesado.

"Un comportamiento contrario sólo puede crear problemas, que no puede ser la intención de ningún trabajador social en este municipio", señaló Lorenzo al diario La Voz de Galicia. La consecuencia directa de este procedimiento que se aplicó a la colombiana, es que los extranjeros cuyo informe negativo llegaba a la Comisaría de Policía, eran expuestos al riesgo de expulsión.

En el caso de Olga Contreras, los funcionarios destacaron por su creatividad a la hora de plantear requisitos. En el documento incluyeron la existencia de "armarios empotrados en el domicilio".

Actualmente el Ministerio de Trabajo e Inmigración trabaja para elaborar un criterio común para todos los ayuntamientos, en cuanto a la concesión de informes de arraigo y empadronamiento. Por parte del Municipio de Vilagarcía de Arosa, pretende establecer un tiempo mínimo de seis meses de empadronamiento para conseguir el informe de arraigo.