CiU manipula a la UE para reabrir la herida del padrón y los ‘sin papeles’
Tergiversa palabras de una comisaria y destapa el debate en vísperas electorales
Vic vuelve a amenazar con delatar a los extranjeros no regularizados
CiU reabrió ayer el debate sobre el empadronamiento de inmigrantes sin papeles a falta de medio año para las elecciones catalanas.
Y lo hizo manipulando una respuesta parlamentaria de la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, al eurodiputado nacionalista Ramon Tremosa en la que ni si quiera se cita el término padrón. La tergiversación de las palabras de Malmström fue tan forzada que la Comisión Europea desmintió formalmente la interpretación nacionalista y aseguró que «de ningún modo» ha tomado partido en la polémica del padrón, entre otras cosas porque Bruselas no es competente en este asunto.
Siguiendo la estela de la controversia desatada a primeros de año por el Ayuntamiento de Vic, Tremosa había preguntado a la Comisión si es posible que «una administración local no compruebe, a la hora de incluir a los nacionales extracomunitarios, su legalidad o ilegalidad de residencia».
La respuesta de la comisaria fue que, en virtud de la directiva europea de retorno, las autoridades españolas, una vez que tienen conocimiento de la presencia de inmigrantes en situación irregular, «ya no son libres para tolerar esta
situación sin iniciar los procedimientos de retorno» o autorizar su residencia.
La respuesta añade que cada Estado «puede determinar, con arreglo a su legislación nacional, a qué nivel administrativo (local, regional o estatal) se toman las decisiones relacionadas con el retorno o la concesión del derecho de permanencia».
EL INFORME DE LA ABOGACÍA
La decisión sobre la expulsión o no de los inmigrantes corresponde, según las leyes españolas, al Estado. Y los ayuntamientos, tal como dejó claro el informe de la abogacía del Estado respecto a las dudas planteadas por Vic, están obligados a empadronar a los foráneos con independencia de que estos tengan o no permiso de residencia o de trabajo.
Sin embargo, CiU emitió ayer una nota de prensa fechada en Barcelona y Bruselas titulada así: «La UE avala al Ayuntamiento de Vic e insta al Estado español a no empadronar a los inmigrantes en situación irregular». El líder nacionalista, Artur Mas, ahondó en esta idea al declarar que «la civilizada UE da la razón a Vic» porque rechaza empadronar «sin más» a los sin papeles.
El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, también de CiU, aprovechó para desenterrar a bombo y platillo su frustrada idea de delatar a los sin papeles que se empadronen en su municipio. Arropado por los consejales del PSC y ERC (que ya fueron desautorizados en enero por sus partidos por este mismo motivo), Vila d’Abadal dijo que dará parte «sin miedo» a la Delegación del Gobierno. Y consideró que la UE ha puesto «sentido común al jolgorio que supone la entrada de la inmigración en el Estado español».
También reconoció sentirse orgulloso porque la respuesta «cambiará la manera de tratar el padrón en el Estado español». En línea parecida se expresaron los concejales del PSC y de ERC, integrados en el gobierno municipal.
Vic vuelve a amenazar con delatar a los extranjeros no regularizados
CiU reabrió ayer el debate sobre el empadronamiento de inmigrantes sin papeles a falta de medio año para las elecciones catalanas.
Y lo hizo manipulando una respuesta parlamentaria de la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, al eurodiputado nacionalista Ramon Tremosa en la que ni si quiera se cita el término padrón. La tergiversación de las palabras de Malmström fue tan forzada que la Comisión Europea desmintió formalmente la interpretación nacionalista y aseguró que «de ningún modo» ha tomado partido en la polémica del padrón, entre otras cosas porque Bruselas no es competente en este asunto.
Siguiendo la estela de la controversia desatada a primeros de año por el Ayuntamiento de Vic, Tremosa había preguntado a la Comisión si es posible que «una administración local no compruebe, a la hora de incluir a los nacionales extracomunitarios, su legalidad o ilegalidad de residencia».
La respuesta de la comisaria fue que, en virtud de la directiva europea de retorno, las autoridades españolas, una vez que tienen conocimiento de la presencia de inmigrantes en situación irregular, «ya no son libres para tolerar esta
situación sin iniciar los procedimientos de retorno» o autorizar su residencia.
La respuesta añade que cada Estado «puede determinar, con arreglo a su legislación nacional, a qué nivel administrativo (local, regional o estatal) se toman las decisiones relacionadas con el retorno o la concesión del derecho de permanencia».
EL INFORME DE LA ABOGACÍA
La decisión sobre la expulsión o no de los inmigrantes corresponde, según las leyes españolas, al Estado. Y los ayuntamientos, tal como dejó claro el informe de la abogacía del Estado respecto a las dudas planteadas por Vic, están obligados a empadronar a los foráneos con independencia de que estos tengan o no permiso de residencia o de trabajo.
Sin embargo, CiU emitió ayer una nota de prensa fechada en Barcelona y Bruselas titulada así: «La UE avala al Ayuntamiento de Vic e insta al Estado español a no empadronar a los inmigrantes en situación irregular». El líder nacionalista, Artur Mas, ahondó en esta idea al declarar que «la civilizada UE da la razón a Vic» porque rechaza empadronar «sin más» a los sin papeles.
El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, también de CiU, aprovechó para desenterrar a bombo y platillo su frustrada idea de delatar a los sin papeles que se empadronen en su municipio. Arropado por los consejales del PSC y ERC (que ya fueron desautorizados en enero por sus partidos por este mismo motivo), Vila d’Abadal dijo que dará parte «sin miedo» a la Delegación del Gobierno. Y consideró que la UE ha puesto «sentido común al jolgorio que supone la entrada de la inmigración en el Estado español».
También reconoció sentirse orgulloso porque la respuesta «cambiará la manera de tratar el padrón en el Estado español». En línea parecida se expresaron los concejales del PSC y de ERC, integrados en el gobierno municipal.
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