DESVIANDO LA ATENCIÓN.

El P.P. utiliza una vez más a los inmigrantes, esta vez disfrazado de recortes o”austeridad” y con la excusa de poner orden en  el sistema sanitario así lo señala el Real Decreto-ley 16/2012 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones que ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE).  Español

Lo que no aclara a los medios el gobierno de Rajoy es que lo que ese decreto ley esconde, no, el gobierno lanza a los medios la noticia bajo el titular de que se endurecerán las medidas y las exigencias a “los inmigrantes irregulares y al turismo sanitario”.     Y muchos españoles verán la medida con agrado, la apoyarán  y comentarán que es algo justo pero sin llegar a conocer el total del contenido del real decreto.     Se quedarán con la lectura que el gobierno pondrá mano dura en el gasto sanitario que producen los inmigrantes irregulares y en segundo plano el turismo sanitario que sí produce un enorme gasto a la sanidad española pero seguirán sin ver a quienes más castiga el real decreto.

El gobierno desvía una vez más la atención y los inmigrantes somos la cabeza de turco, además  de ser los más perjudicados.     Si de verdad la colonia inmigrante irregular fuese el objetivo del gobierno entonces la medida tendría algo de sentido dentro de la actual coyuntura pero resulta que ataca en realidad a miles y miles de españoles que sabrán y conocerán el verdadero alcance de la medida ni bien se aplique la ley.

Para los inmigrantes no será suficiente el vivir en España legalmente para acceder a la sanidad pública de forma gratuita como hasta hoy, habrá que estar “asegurado” o estar percibiendo la prestación por el paro, de lo contrario y de forma automática la tarjeta sanitaria será inútil. Pero (y aquí lo que no declaran a los medios) el real decreto supone que tanto españoles como inmigrantes accederán a la tarjeta sanitaria si cumplen determinados requisitos.  El más importante es que estén cotizando, sean pensionistas, estén cobrando algún subsidio, que sean hijos o cónyuges hasta los 26 años, que no lleguen a un nivel máximo de ingresos, que estén apuntados al paro o hayan agotado la prestación de desempleo, la ley en ese sentido no habla ni hace distinción de extranjeros o autóctonos.    Es justo ahí donde se desvía la atención pretendiendo hacerle creer al pueblo español que en parte están siendo socialmente injustos pero sólo con los extranjeros cuando la ley lo deja claro: atacan a la franja más indefensa de la población incluyendo a sus propios compatriotas.

Si bien existirán excepciones como la asistencia en urgencias hasta el alta, asistencia en embarazo, parto y pos-parto o a menores de edad y la Seguridad Social será el organismo encargado de acreditar el acceso a la sanidad previo cumplimiento de los requisitos establecidos en cada caso.   Los inmigrantes irregulares con tarjeta sanitaria tienen hasta el 31 de agosto para regularizarse y eso equivale a asegurarse en la seguridad social o perder la tarjeta definitivamente.     Las cuentas no cierran y el gobierno aprovecha para castigar a los más débiles con rentas más bajas pero desvía a atención poniendo por delante a los inmigrantes.    Patético.    Por no decir una tremenda hipocresía.