El alcalde de Vic se queda solo en su pulso por delatar a ‘sin papeles’
El Gobierno central y la Generalitat advierten al consistorio de que su plan le sitúa fuera de la ley
Vila d’Abadal mantiene su propósito a pesar de la oposición de sus socios municipales, PSC y ERC
El alcalde de Vic, el democristiano Josep Maria Vila d’Abadal, se ha quedado solo. Esta vez ni sus socios en el ayuntamiento, PSC y ERC –que le apoyaron públicamente el pasado viernes–, le secundan en la reedición del desafío de Vic a los inmigrantes en situación irregular.
Ni la Generalitat, ni el Gobierno, ni la asociación que agrupa a los municipios de CiU, ni la Agència Catalana de Protecció de Dades ni, por supuesto, las entidades de apoyo a los inmigrantes avalan las tesis de Vila d’Abadal. Pese a ello, el alcalde insistió ayer en que comunicará a la Delegación del Gobierno los datos de los vecinos que se empadronen y «presenten dudas sobre su situación de residencia».
Esta medida está resquebrajando la aparente unidad del equipo de gobierno local. La presión externa de las cúpulas de los partidos, metidos de lleno ya en campaña electoral, ha dado pie a una situación un tanto rocambolesca. Por un lado, la versión oficial, amparada en un primer momento por los tres partidos, asegura que ya se ha empezado a aplicar la delación. Por otro, los líderes socialista y republicano de Vic, nadando entre dos aguas, se han desmarcado en varias ocasiones de esta posición y aseguran que «todo continúa igual» que antes.
CRÍTICAS DE LOS SOCIOS
Si Joan López, concejal de Acción Social por ERC, aseguraba el sábado que no se denunciará a ningún inmigrante y que se seguirá empadronando de la misma manera, ayer fue el concejal del PSC Josep Burgaya el que calificó la posición de Vila d’Abadal de electoralista. «El empadronamiento se sigue haciendo como la semana pasada. No se puede comunicar nada a administraciones que no pretenden que se les comunique», alegó.
A pesar de las divergencias y de una reunión muy tensa que celebró el lunes con Vila d’Abadal y López, Burgaya considera que el equipo de gobierno no se romperá, ya que los socialistas están «muy satisfechos» del programa político conjunto desarrollado desde principios del mandato. Los ediles del PSC controlan el área de Economia y el Institut Municipal de Promoció i Economia de Vic (Impevic), con una treintena de profesionales a sus órdenes.
Pese al rechazo de sus socios de gobierno, a última hora de la tarde la alcaldía recordó que la postura del Ayuntamiento sigue siendo la misma que anunció el viernes. El consistorio considera la decisión una norma administrativa, por lo que no es necesario que sea refrendada en el pleno municipal. Un pleno en el que CiU difícilmente cosecharía apoyos más allá de la xenófoba Plataforma per Catalunya.
RECHAZO UNÁNIME
Mientras en el frente interno Vila d’Abadal se quedó sin aliados, en el resto de instituciones se produjo un sonoro rechazo a sus renovados desafíos. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que los servicios jurídicos del Estado estudian el caso para elaborar «un informe fundamentado» contra las tesis del alcalde.
El conseller y ayer portavoz del Govern Joaquim Nadal también discrepó del plan porque puede dejar al ayuntamiento de la capital de Osona fuera de la ley. La cuestión fue debatida en la reunión del Govern de ayer y tras ella Nadal acusó a CiU de entrar en «terrenos demagógicos» en materia de inmigración.
Pese al alud de voces que denuncian la ilegalidad de la medida, el líder de la federación nacionalista, Artur Mas, la avaló ayer de nuevo, si bien admitió que no existe una «política común» entre los alcaldes de CiU porque cada municipio tiene «una problemática de la inmigración diferente».
En efecto, el presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), que agrupa a la mayor parte de los alcaldes de esta fuerza política, Salvador Esteve, confirmó ayer que no dará instrucciones a los ediles de esta entidad para que sigan los pasos de Vic.
Esteve argumentó que «cada ayuntamiento debe hacer lo que crea conveniente». El presidente de la ACM y alcalde de Martorell se mostró comprensivo con la decisión de la capital de Osona porque «si un alcalde tiene conocimiento de inmigrantes en situación irregular debe ponerlo en conocimiento de la autoridad competente», pero admitió también que la delación puede tener efectos negativos como desincentivar el empadronamiento de los extranjeros sin papeles.
Esteve admite que ve los movimientos del alcalde de Vic como una manera de «llamar la atención» respecto a la necesidad de que el Estado aplique la ley de extranjería.
RESPONSABILIDAD
Los alcaldes de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), que aglutina fundamentalmente a ediles de partidos de izquierda, evitaron censurar a Vic, pero exigieron a los partidos responsabilidad para no usar el fenómeno migratorio con fines electoralistas. La FMC pidió de nuevo al Govern y al Ejecutivo central que aclaren los criterios sobre el empadronamiento, algo que horas antes tripartito y Gobierno habían hecho.
Vila d’Abadal mantiene su propósito a pesar de la oposición de sus socios municipales, PSC y ERC
El alcalde de Vic, el democristiano Josep Maria Vila d’Abadal, se ha quedado solo. Esta vez ni sus socios en el ayuntamiento, PSC y ERC –que le apoyaron públicamente el pasado viernes–, le secundan en la reedición del desafío de Vic a los inmigrantes en situación irregular.
Ni la Generalitat, ni el Gobierno, ni la asociación que agrupa a los municipios de CiU, ni la Agència Catalana de Protecció de Dades ni, por supuesto, las entidades de apoyo a los inmigrantes avalan las tesis de Vila d’Abadal. Pese a ello, el alcalde insistió ayer en que comunicará a la Delegación del Gobierno los datos de los vecinos que se empadronen y «presenten dudas sobre su situación de residencia».
Esta medida está resquebrajando la aparente unidad del equipo de gobierno local. La presión externa de las cúpulas de los partidos, metidos de lleno ya en campaña electoral, ha dado pie a una situación un tanto rocambolesca. Por un lado, la versión oficial, amparada en un primer momento por los tres partidos, asegura que ya se ha empezado a aplicar la delación. Por otro, los líderes socialista y republicano de Vic, nadando entre dos aguas, se han desmarcado en varias ocasiones de esta posición y aseguran que «todo continúa igual» que antes.
CRÍTICAS DE LOS SOCIOS
Si Joan López, concejal de Acción Social por ERC, aseguraba el sábado que no se denunciará a ningún inmigrante y que se seguirá empadronando de la misma manera, ayer fue el concejal del PSC Josep Burgaya el que calificó la posición de Vila d’Abadal de electoralista. «El empadronamiento se sigue haciendo como la semana pasada. No se puede comunicar nada a administraciones que no pretenden que se les comunique», alegó.
A pesar de las divergencias y de una reunión muy tensa que celebró el lunes con Vila d’Abadal y López, Burgaya considera que el equipo de gobierno no se romperá, ya que los socialistas están «muy satisfechos» del programa político conjunto desarrollado desde principios del mandato. Los ediles del PSC controlan el área de Economia y el Institut Municipal de Promoció i Economia de Vic (Impevic), con una treintena de profesionales a sus órdenes.
Pese al rechazo de sus socios de gobierno, a última hora de la tarde la alcaldía recordó que la postura del Ayuntamiento sigue siendo la misma que anunció el viernes. El consistorio considera la decisión una norma administrativa, por lo que no es necesario que sea refrendada en el pleno municipal. Un pleno en el que CiU difícilmente cosecharía apoyos más allá de la xenófoba Plataforma per Catalunya.
RECHAZO UNÁNIME
Mientras en el frente interno Vila d’Abadal se quedó sin aliados, en el resto de instituciones se produjo un sonoro rechazo a sus renovados desafíos. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que los servicios jurídicos del Estado estudian el caso para elaborar «un informe fundamentado» contra las tesis del alcalde.
El conseller y ayer portavoz del Govern Joaquim Nadal también discrepó del plan porque puede dejar al ayuntamiento de la capital de Osona fuera de la ley. La cuestión fue debatida en la reunión del Govern de ayer y tras ella Nadal acusó a CiU de entrar en «terrenos demagógicos» en materia de inmigración.
Pese al alud de voces que denuncian la ilegalidad de la medida, el líder de la federación nacionalista, Artur Mas, la avaló ayer de nuevo, si bien admitió que no existe una «política común» entre los alcaldes de CiU porque cada municipio tiene «una problemática de la inmigración diferente».
En efecto, el presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), que agrupa a la mayor parte de los alcaldes de esta fuerza política, Salvador Esteve, confirmó ayer que no dará instrucciones a los ediles de esta entidad para que sigan los pasos de Vic.
Esteve argumentó que «cada ayuntamiento debe hacer lo que crea conveniente». El presidente de la ACM y alcalde de Martorell se mostró comprensivo con la decisión de la capital de Osona porque «si un alcalde tiene conocimiento de inmigrantes en situación irregular debe ponerlo en conocimiento de la autoridad competente», pero admitió también que la delación puede tener efectos negativos como desincentivar el empadronamiento de los extranjeros sin papeles.
Esteve admite que ve los movimientos del alcalde de Vic como una manera de «llamar la atención» respecto a la necesidad de que el Estado aplique la ley de extranjería.
RESPONSABILIDAD
Los alcaldes de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), que aglutina fundamentalmente a ediles de partidos de izquierda, evitaron censurar a Vic, pero exigieron a los partidos responsabilidad para no usar el fenómeno migratorio con fines electoralistas. La FMC pidió de nuevo al Govern y al Ejecutivo central que aclaren los criterios sobre el empadronamiento, algo que horas antes tripartito y Gobierno habían hecho.
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