El nuevo desafío de Vic a los ‘sin papeles’ causa división en CiU
El Gobierno central y la Generalitat acusan a los nacionalistas de vulnerar la ley por electoralismo
El alcalde de Sant Cugat y otros cargos municipales cuestionan la eficacia de la delación de extranjeros
Los nacionalistas catalanes viven de repente en un complejo equilibrio en lo que a política de inmigración se refiere. Como ya hizo el domingo Artur Mas, la ejecutiva de Convergència avaló ayer la decisión del Ayuntamiento de Vic, dirigido por Josep Maria Vila d’Abadal, de Unió, de retomar la idea de denunciar a los inmigrantes sin papeles que se empadronen. Sin embargo, CDC «no instará» a todos sus ayuntamientos a seguir la estela del de Vic. Así lo precisó el secretario general adjunto del partido, Felip Puig.
Puig intentó capear el asunto, y sostuvo que hay varios municipios que ya informan de los extranjeros en situación irregular. No quiso precisar cuáles. El convergente admitió que no todos en CDC ni en Unió piensan igual sobre este asunto. Era una evidencia desde que el sábado Àngel Colom, reponsable de inmigración de Convergència, afirmó que actuaciones como la de Vic «alejan a los nuevos catalanes del catalanismo». Puig desautorizó ayer a Colom: «Es una opinión que no comparto». Y no le dio más importancia, pese a que se le inquirió sobre lo extravagante que resulta que un partido discrepe sobre inmigración con su propio responsable de ese asunto.
Pero Puig no solo hablaba de Colom. Informó de que en la ejecutiva, un alcalde había advertido de que no imitaría a Vic. El discrepante fue el alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, según confirmó un asistente a la reunión. Recoder dijo «respetar» la opción de Vila d’Abadal, pero anunció que él no la emulará. Fuentes convergentes indicaron que la posición de Recoder se explica porque en Sant Cugat no existe una presión migratoria excesiva. El caso es que CDC cerró el tema sin cerrarlo, defendiendo a Vic, pero dejando libertad a sus alcaldes para imitarlo o no en la delación de los sin papeles que se empadronen.
CONTRAPRODUCENTE
La falta de un criterio único en la federación nacionalista queda patente al escuchar, por ejemplo, al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badalona, el convergente Ferran Falcó. Tras mostrar su respeto por la decisión de Vic, Falcó consideró en declaraciones a EL PERIÓDICO que «puede tener efectos contrarios a los deseados, causar que nadie quiera empadronarse en esa ciudad y frustrar a los que crean que esta medida agilizará la expulsión de inmigrantes».
Tampoco el alcalde de Tortosa, Ferran Bel, de CiU, va a imitar a su colega de la capital de Osona.
«Los ayun-
tamientos ya asumimos más competencias de las que nos tocan y si el Estado quiere información sobre los irregulares ya tiene mecanismos para acceder a ella y no puede hacer dejación de funciones», dijo Bel.
Tampoco el jefe de filas de CiU en Barcelona, Xavier Trias, sintonizó con las tesis de Vic. Trias afirmó en TV-3 que «cada ayuntamiento tiene su técnica, comunicará o no comunicará [los casos de sin papeles], pero donde sí tiene que aplicar todos los esfuerzos es en materia de trabajo y vivienda y que los irregulares no sean explotados».
En cambio, el alcalde de El Vendrell, el convergente Benet Jané, dio ayer a entender que seguirá los pasos de Vic «porque la ley de extranjería determina que quien conozca de personas en situación irregular debe denunciarlo». Jané, contundente, cree que ante los retos que plantea la inmigración, los municipios deben «levantar la voz de la manera que sea». El propio Vila d’Abadal insistió ayer en TV-3 en que el sistema tiene «contradicciones» que deben denunciarse.
USO ELECTORALISTA
Frente a estas tesis, el Govern tripartito reprochó a CiU que haga «un uso electoralista de la inmigración», en palabras del president, José Montilla. La secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, recordó a Vic que «la ley no le obliga a delatar a los inmigrantes irregulares, pero sí a empadronarlos». Terrón incidió en que CiU votó a favor de la reforma de la ley de extranjería, que se está aplicando para «expulsar a los irregulares de forma más o menos inmediata en función de la casuística y la legislación internacional».
Pero en las filas socialistas también hubo una voz discordante.
La alcaldesa de L’Hospitalet
no descartó denunciar a los extranjeros sin papeles siempre que esa política fuera adoptada por consenso de todas las administraciones.
En la ejecutiva del PSC, el ministro Celestino Corbacho dijo que trabaja para intentar suavizar el recorte del fondo estatal para integración, pero que la última palabra es de Hacienda. La reducción, con el plan de austeridad, es del 65%, superior a lo presupuestado, lo cual ha sido denunciado por el Govern y muchos municipios. El PSC presionará para intentar rebajar esta reducción, informa Neus Tomás.
El alcalde de Sant Cugat y otros cargos municipales cuestionan la eficacia de la delación de extranjeros
Los nacionalistas catalanes viven de repente en un complejo equilibrio en lo que a política de inmigración se refiere. Como ya hizo el domingo Artur Mas, la ejecutiva de Convergència avaló ayer la decisión del Ayuntamiento de Vic, dirigido por Josep Maria Vila d’Abadal, de Unió, de retomar la idea de denunciar a los inmigrantes sin papeles que se empadronen. Sin embargo, CDC «no instará» a todos sus ayuntamientos a seguir la estela del de Vic. Así lo precisó el secretario general adjunto del partido, Felip Puig.
Puig intentó capear el asunto, y sostuvo que hay varios municipios que ya informan de los extranjeros en situación irregular. No quiso precisar cuáles. El convergente admitió que no todos en CDC ni en Unió piensan igual sobre este asunto. Era una evidencia desde que el sábado Àngel Colom, reponsable de inmigración de Convergència, afirmó que actuaciones como la de Vic «alejan a los nuevos catalanes del catalanismo». Puig desautorizó ayer a Colom: «Es una opinión que no comparto». Y no le dio más importancia, pese a que se le inquirió sobre lo extravagante que resulta que un partido discrepe sobre inmigración con su propio responsable de ese asunto.
Pero Puig no solo hablaba de Colom. Informó de que en la ejecutiva, un alcalde había advertido de que no imitaría a Vic. El discrepante fue el alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, según confirmó un asistente a la reunión. Recoder dijo «respetar» la opción de Vila d’Abadal, pero anunció que él no la emulará. Fuentes convergentes indicaron que la posición de Recoder se explica porque en Sant Cugat no existe una presión migratoria excesiva. El caso es que CDC cerró el tema sin cerrarlo, defendiendo a Vic, pero dejando libertad a sus alcaldes para imitarlo o no en la delación de los sin papeles que se empadronen.
CONTRAPRODUCENTE
La falta de un criterio único en la federación nacionalista queda patente al escuchar, por ejemplo, al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badalona, el convergente Ferran Falcó. Tras mostrar su respeto por la decisión de Vic, Falcó consideró en declaraciones a EL PERIÓDICO que «puede tener efectos contrarios a los deseados, causar que nadie quiera empadronarse en esa ciudad y frustrar a los que crean que esta medida agilizará la expulsión de inmigrantes».
Tampoco el alcalde de Tortosa, Ferran Bel, de CiU, va a imitar a su colega de la capital de Osona.
«Los ayun-
tamientos ya asumimos más competencias de las que nos tocan y si el Estado quiere información sobre los irregulares ya tiene mecanismos para acceder a ella y no puede hacer dejación de funciones», dijo Bel.
Tampoco el jefe de filas de CiU en Barcelona, Xavier Trias, sintonizó con las tesis de Vic. Trias afirmó en TV-3 que «cada ayuntamiento tiene su técnica, comunicará o no comunicará [los casos de sin papeles], pero donde sí tiene que aplicar todos los esfuerzos es en materia de trabajo y vivienda y que los irregulares no sean explotados».
En cambio, el alcalde de El Vendrell, el convergente Benet Jané, dio ayer a entender que seguirá los pasos de Vic «porque la ley de extranjería determina que quien conozca de personas en situación irregular debe denunciarlo». Jané, contundente, cree que ante los retos que plantea la inmigración, los municipios deben «levantar la voz de la manera que sea». El propio Vila d’Abadal insistió ayer en TV-3 en que el sistema tiene «contradicciones» que deben denunciarse.
USO ELECTORALISTA
Frente a estas tesis, el Govern tripartito reprochó a CiU que haga «un uso electoralista de la inmigración», en palabras del president, José Montilla. La secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, recordó a Vic que «la ley no le obliga a delatar a los inmigrantes irregulares, pero sí a empadronarlos». Terrón incidió en que CiU votó a favor de la reforma de la ley de extranjería, que se está aplicando para «expulsar a los irregulares de forma más o menos inmediata en función de la casuística y la legislación internacional».
Pero en las filas socialistas también hubo una voz discordante.
La alcaldesa de L’Hospitalet
no descartó denunciar a los extranjeros sin papeles siempre que esa política fuera adoptada por consenso de todas las administraciones.
En la ejecutiva del PSC, el ministro Celestino Corbacho dijo que trabaja para intentar suavizar el recorte del fondo estatal para integración, pero que la última palabra es de Hacienda. La reducción, con el plan de austeridad, es del 65%, superior a lo presupuestado, lo cual ha sido denunciado por el Govern y muchos municipios. El PSC presionará para intentar rebajar esta reducción, informa Neus Tomás.
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