Defensora del Pueblo advierte: no se puede detener a extranjeros sólo porque estén irregulares
- Considera que si un extranjero se puede identificar con un pasaporte de su país no puede ser llevado a comisaría.
- Lo cual no impide que los agentes le puedan abrir una carta de expulsión.
- Es la respuesta a la queja presentada en marzo de 2010 por 141 organizaciones en contra de una circular de la policía
A Danila Letao la detuvo la Policía Nacional en el metro Quintana (Madrid) un viernes de septiembre a las 18:30 horas. Se identificó con su pasaporte brasilero, pero como no tiene permiso de residencia acabó durmiendo en la comisaría hasta la mañana del sábado. Salió con una carta de expulsión.
Este es el procedimiento común que sufren decenas de inmigrantes cuando son detenidos en una redada. Pero es ilegal. María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo español ha advertido que "el traslado a Comisaría sólo puede producirse por falta de documento de identidad, no de documento que acredite la legalidad de la estancia".
En la práctica, esto quiere decir que si la Policía lo retiene en el transcurso de una redada sólo puede llevarlo a Comisaría a efectos de identificación si usted no tiene ningún documento legal (un pasaporte de su país).
Cava de Llano advierte que "no es conforme a derecho" el traslado a Comisaría en caso de que el ciudadano esté "identificado".
La Defensora del Pueblo responde así a una queja presentada en marzo por 141 asociaciones de abogados e inmigrantes contra la Circular 1/2010 de la Comisaría de Extranjería y Fronteras.
El documento, que interpretaba la actuación policial a la luz de la nueva ley de extranjería, instaba a los policías a realizar "detenciones preventivas" de inmigrantes y resolver a la "brevedad posible" las expulsiones de personas en situación irregular.
"Celebramos que la Defensoría del Pueblo se pronuncie en contra de las detenciones ilegales de extranjeros documentados. Vamos a conducir otro escrito pidiéndole que lo incluya en sus informes anuales para que la policía y el Ministerio de Interior lo tengan en cuenta", afirma Margarita Martínez Escamilla, integrante del Grupo Inmigrapenal, uno de los colectivos que presentó la queja.
"Por lo demás, la Defensora no responde a las quejas que hicimos sobre la legalidad de las redadas indiscriminadas o el uso del perfil racial para hacer controles de identidad. Pedimos un poco de respeto por las 141 organizaciones que presentamos el escrito", subraya la profesora Martínez Escamilla.
fuente; latino
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