Los abogados llevan al Defensor el maltrato burocrático a inmigrantes

Los letrados acompañan su queja con más de 100 folios con casos concretos de malas prácticas

Expertos en extranjería denuncian también ante el Síndic retrasos y discrecionalidad en los trámites

Los inmigrantes superan una carrera de obstáculos para legalizar su residencia. La frase corresponde a un reportaje de EL PERIÓDICO del 29 de enero de 1996, pero puede perfectamente encabezar esta crónica. Tras años en los que las colas de extranjeros ante la Delegación del Gobierno en Barcelona se convirtieron en parte del paisaje urbano, en la actualidad la gestión está más descentralizada.

Pero hoy, como en 1996, basta con preguntar a los inmigrantes que se acercan a estas oficinas para escuchar pequeños o grandes problemas bajo un mismo frontispicio: esperar. Las quejas no son nuevas pero esta vez la Associació Catalana de Professionals de l'Estrangeria (ACPE), un colectivo de abogados constituido hace 10 años y del que forman parte unos 50 profesionales, ha decidido pedir formalmente al Síndic de Greuges y al Defensor del Pueblo que tomen cartas en el asunto.

El texto de la ACPE, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, plantea quejas muy concretas. Entre ellas, por retrasos de más de tres meses desde la solicitud de una cita para tramitar el expediente de arraigo hasta la asignación de día y hora para presentarlo. Y por retrasos también, y de más de seis meses de media, en la tramitación de solicitudes de renovación de permisos ya concedidos. Esta dilación es especialmente grave porque a menudo las empresas exigen la concesión de la tarjeta de renovación para seguir contratando al ciudadano inmigrante.

SIN PODER VIAJAR La ACPE también denuncia que no se pueda presentar la solicitud de autorización de retorno -para viajar al país de origen cuando se está tramitando una renovación- sin cita previa, lo cual «es gravísimo y cíclicamente deviene un problema» porque muchos extranjeros necesitan viajar de inmediato y la cita previa se demora varios días.

Sobre este inconveniente, cabe recordar que la Subdelegación del Gobierno en Barcelona decidió el pasado 2 de noviembre eliminar la concesión inmediata del permiso de retorno. Alegó que se trataba de una excepción que se había convertido en norma. Ello supuso que decenas de extranjeros perdieran sus vuelos y el dinero que les habían costado, porque confiaban en que el permiso se les concedería sin más dilación.

REQUISITOS Y LEGALIDAD Otras denuncias tienen que ver no tanto con el retraso en la concesión de permisos sino con ciertos argumentos para denegarlos. La ACPE considera que rechazar el permiso de residencia por la existencia de antecedentes penales pese a haber cumplido la pena contraviene las normativas europeas, que limitan el rechazo de estos expedientes a «razones de orden o interés público» y no a los antecedentes penales.

Otro colectivo con dificultades para conseguir los papeles es el de las trabajadoras del hogar. Según la denuncia, se está exigiendo que estas mujeres hayan obtenido su sueldo mediante transferencia o cheque como condición para proceder a la reagrupación familiar. El texto dirigido al Síndic y al Defensor del Pueblo también lamenta la «discrecionalidad» de los funcionarios a la hora de instruir expedientes de arraigo. La ACPE ha añadido a su escrito más de 100 folios con casos concretos y documentados que ejemplifican las situaciones que denuncia. La queja también ha sido trasladada a la Secretaría de Estado de Inmigración.

Ayer fue imposible obtener la opinión de la Subdelegación del Gobierno. Fuentes de este organismo admitían hace tres semanas que las oficinas están desbordadas por tener que gestionar miles de renovaciones de permisos en poco tiempo para evitar irregularidades sobrevenidas. Y todo ello con un limitado número de funcionarios.

fuente: el periodico