Rajoy propone garantizar la sanidad y la educación a los inmigrantes al margen del padrón
el país.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que su partido va a promover una iniciativa para que se debata en el Congreso la posibilidad de introducir cambios en el padrón, a raíz de la polémica suscitada tras la intención del Ayuntamiento de Vic de no registrar a los sin papeles, lo que los hubiera impedido acceder a los servicios sociales básicos.
"Con que simplemente el padrón no garantizara la sanidad y la educación nos ahorraríamos muchos problemas", ha apuntado el líder de los populares, para quien deberían asegurarse estos derechos a todos los seres humanos por el mero hecho de serlos. Rajoy ha realizado estas declaraciones en Barcelona, en la clausura de la Escuela de Invierno del Partido Popular de Cataluña.
Previamente, en una entrevista en Catalunya Ràdio, Rajoy ha reiterado hoy que su partido aboga por "cambiar la política de inmigración para ordenar y controlar la llegada de personas extranjeras a España", aunque ha reconocido que, mientras lo diga la ley, los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a los sin papeles, en contra de lo que hacen consistorios como el de Vic o los de Torrejón de Ardoz (Madrid), Ceuta y Melilla, gobernados por su partido. Rajoy, además, ha apuntado que el verdadero debate está en "cuál es la capacidad de acogida" de España.
Rajoy ha asegurado que la política de inmigración que cumpla la máxima "se puede lo que se puede" pese a que "la inmigración ha contribuido al crecimiento del país".
Por su parte, la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, se ha reafirmado en sus declaraciones del pasado martes en las que afirmó en relación con la polémica suscitada por el empadronamiento de inmigrantes ilegales que en España "no cabemos todos". Para la dirigente conservadora, este es un debate que "está en la calle" y pide que los políticos "llamen a las cosas por su nombre".
Sánchez Camacho ha pedido en la cadena SER un "debate serio y riguroso" sobre el asunto y ha culpado a CiU y PSC de buscar en su partido un chivo expiatorio. "El PP no ha hecho lo de Vic, sino CiU y PSC" que, según ha recordado, "aprobaron una reforma de la Ley de Extranjería hace un mes y no la cumplen".
La polémica surgió a principios de año cuando se supo que el Ayuntamiento de Vic (gobernado por un tripartito conformado por CiU, ERC y PSC) iba a aprobar un reglamento que impediría empadronarse a los inmigrantes sin papeles. Finalmente, tras un informe contrario de la Abogacía del Estado que el consistorio ha decidido "acatar", el municipio ha dado marcha atrás aunque su alcalde, Josep Maria Vila d'Abadal (Unió), aseguró que la decisión implicará "más muertos de inmigrantes en patera".
Sánchez Camacho ha justificado que algunos ayuntamientos hagan una interpretación forzada de la legislación en las supuestas contradicciones que, en su opinión, existen entre la Ley de Extranjería y la que regula los ayuntamientos a quienes, según ha dicho, "no podemos trasladar el problema".
Sánchez Camacho, al igual que han hecho otros dirigentes políticos, ve contradictorio que la Ley de Extranjería exija expulsar a los inmigrantes irregulares mientras obliga a los ayuntamientos a registrarles. "Necesitamos inmigración, pero controlando la frontera, con contrato de trabajo y en condiciones dignas", ha reiterado.
La cuestión se reduce, según Sánchez Camacho, en un problema de financiación. Según la dirigente popular, "los ayuntamientos están en crisis y algunos en quiebra", por lo que es difícil "ofrecer los servicios sociales". Por ello, Sánchez Camacho ha pedido "aumentar el fondo de compensación" a los consistorios, aunque se ha lamentado de que la política del Gobierno no sea esa, sino "atacar al PP".
También el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, ha atacado al Gobierno, al que ha responsabilizado de la polémica de Vic ya que allí gobiernan "los mismos que anduvieron por toda España diciendo 'papeles para todos".
Para el ex presidente, el debate ha surgido "cuando no hay presión migratoria" como fruto de "un problema de integración" y ha desmarcado el caso de Vic del de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde gobierna el PP. "No tiene nada que ver. Torrejón es un tema distinto del de Vic, porque se han establecido cláusulas adicionales, no se han negado a empadronar inmigrantes".
Bronca al PP en el Congreso
Precisamente ayer el PP recibió una bronca unánime en el Congreso de los Diputados cuando pidió la comparecencia del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, a lo que el resto de grupos contestó con expresiones como "demagogia desbocada", "uso mezquino y tendencioso", "echar leña al fuego", "fomentar la confrontación y la xenofobia" e "intento de pescar en río revuelto".
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que su partido va a promover una iniciativa para que se debata en el Congreso la posibilidad de introducir cambios en el padrón, a raíz de la polémica suscitada tras la intención del Ayuntamiento de Vic de no registrar a los sin papeles, lo que los hubiera impedido acceder a los servicios sociales básicos.
"Con que simplemente el padrón no garantizara la sanidad y la educación nos ahorraríamos muchos problemas", ha apuntado el líder de los populares, para quien deberían asegurarse estos derechos a todos los seres humanos por el mero hecho de serlos. Rajoy ha realizado estas declaraciones en Barcelona, en la clausura de la Escuela de Invierno del Partido Popular de Cataluña.
Previamente, en una entrevista en Catalunya Ràdio, Rajoy ha reiterado hoy que su partido aboga por "cambiar la política de inmigración para ordenar y controlar la llegada de personas extranjeras a España", aunque ha reconocido que, mientras lo diga la ley, los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a los sin papeles, en contra de lo que hacen consistorios como el de Vic o los de Torrejón de Ardoz (Madrid), Ceuta y Melilla, gobernados por su partido. Rajoy, además, ha apuntado que el verdadero debate está en "cuál es la capacidad de acogida" de España.
Rajoy ha asegurado que la política de inmigración que cumpla la máxima "se puede lo que se puede" pese a que "la inmigración ha contribuido al crecimiento del país".
Por su parte, la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, se ha reafirmado en sus declaraciones del pasado martes en las que afirmó en relación con la polémica suscitada por el empadronamiento de inmigrantes ilegales que en España "no cabemos todos". Para la dirigente conservadora, este es un debate que "está en la calle" y pide que los políticos "llamen a las cosas por su nombre".
Sánchez Camacho ha pedido en la cadena SER un "debate serio y riguroso" sobre el asunto y ha culpado a CiU y PSC de buscar en su partido un chivo expiatorio. "El PP no ha hecho lo de Vic, sino CiU y PSC" que, según ha recordado, "aprobaron una reforma de la Ley de Extranjería hace un mes y no la cumplen".
La polémica surgió a principios de año cuando se supo que el Ayuntamiento de Vic (gobernado por un tripartito conformado por CiU, ERC y PSC) iba a aprobar un reglamento que impediría empadronarse a los inmigrantes sin papeles. Finalmente, tras un informe contrario de la Abogacía del Estado que el consistorio ha decidido "acatar", el municipio ha dado marcha atrás aunque su alcalde, Josep Maria Vila d'Abadal (Unió), aseguró que la decisión implicará "más muertos de inmigrantes en patera".
Sánchez Camacho ha justificado que algunos ayuntamientos hagan una interpretación forzada de la legislación en las supuestas contradicciones que, en su opinión, existen entre la Ley de Extranjería y la que regula los ayuntamientos a quienes, según ha dicho, "no podemos trasladar el problema".
Sánchez Camacho, al igual que han hecho otros dirigentes políticos, ve contradictorio que la Ley de Extranjería exija expulsar a los inmigrantes irregulares mientras obliga a los ayuntamientos a registrarles. "Necesitamos inmigración, pero controlando la frontera, con contrato de trabajo y en condiciones dignas", ha reiterado.
La cuestión se reduce, según Sánchez Camacho, en un problema de financiación. Según la dirigente popular, "los ayuntamientos están en crisis y algunos en quiebra", por lo que es difícil "ofrecer los servicios sociales". Por ello, Sánchez Camacho ha pedido "aumentar el fondo de compensación" a los consistorios, aunque se ha lamentado de que la política del Gobierno no sea esa, sino "atacar al PP".
También el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, ha atacado al Gobierno, al que ha responsabilizado de la polémica de Vic ya que allí gobiernan "los mismos que anduvieron por toda España diciendo 'papeles para todos".
Para el ex presidente, el debate ha surgido "cuando no hay presión migratoria" como fruto de "un problema de integración" y ha desmarcado el caso de Vic del de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde gobierna el PP. "No tiene nada que ver. Torrejón es un tema distinto del de Vic, porque se han establecido cláusulas adicionales, no se han negado a empadronar inmigrantes".
Bronca al PP en el Congreso
Precisamente ayer el PP recibió una bronca unánime en el Congreso de los Diputados cuando pidió la comparecencia del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, a lo que el resto de grupos contestó con expresiones como "demagogia desbocada", "uso mezquino y tendencioso", "echar leña al fuego", "fomentar la confrontación y la xenofobia" e "intento de pescar en río revuelto".
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