El Govern critica la política de delación de inmigrantes de Vic
La Generalitat aboga por una regulación del padrón idéntica en toda Catalunya
Varias entidades apuntan a un plan de CiU, ERC y PSC para frenar el auge de PxC
La política de delación de inmigrantes sin papeles que se hayan empadronado en Vic, recién aprobada por el ayuntamiento de la capital de Osona y tan criticada en los últimos días por policías, abogados, sindicatos y asociaciones de inmigrantes, tampoco ha sido bien acogida por la Generalitat. Fuentes de la Conselleria d’Acció Social prefirieron no calificar ayer la controvertida medida, pero afearon al consistorio que haya optado por esta modificación de forma «unilateral». El Govern, continuaron las mismas fuentes, «respeta» las decisiones que puedan tomar los municipios dentro de sus competencias, pero considera que este tipo de cambios, de hacerse, deben llevarse a cabo en toda Catalunya.
De hecho, el pasado 26 de octubre se reunió la Taula de Ciutadania i Inmigració, en la que participaron las dos asociaciones de municipios catalanes y se pautaron unos criterios comunes de empadronamiento. Ahora Vic, al establecer que todos los inmigrantes en situación irregular que se hayan empadronado serán delatados ante la Policía Nacional si en tres meses no obtienen su permiso de residencia, se ha descolgado de lo que se pactó entonces.
EL MALESTAR / La decisión ha causado sorpresa e indignación tanto entre los colectivos que trabajan con la inmigración como entre los grupos de la oposición (al margen del partido xenófobo Plataforma per Catalu-nya), que no han dudado en calificar la resolución de electoralista.
Por su parte, el equipo de gobierno, formado por CiU, ERC y PSC, se mantiene unido y niega cualquier intención política. Según el tripartito municipal, se trata solo de «poner un poco de orden» para cortar de raíz las posibles situaciones conflictivas que pudieran presentarse en el futuro. Además, según la argumentación del consistorio, se simplifican los trámites y se exime de cualquier responsabilidad al funcionario de turno, que hasta ahora tenía que basarse en su criterio para resolver algunos casos complejos.
LA INTEGRACIÓN / «Tenemos una gran responsabilidad con la integración de los inmigrantes –apuntó ayer Josep Maria Vila d’Abadal (CiU), el alcalde de Vic, una población en el que el porcentaje de extranjeros supera el 23%–. Queremos hacer las cosas bien hechas».
Su explicación no convence ni a las asociaciones ni a los partidos que no están en el gobierno local. Fuentes de ambos sectores apuntan que las verdaderas causas de la decisión tienen su fundamento en las próximas elecciones municipales y la necesidad de cortar el auge de la xenófoba Plataforma per Catalu-nya (PxC), que con cuatro concejales encabeza la oposición. En los pasados comicios, los tres grupos que forman el gobierno perdieron votos. La mayoría de ellos se dirigieron hacia PxC. Una forma de recuperar este espacio perdido sería acercarse al discurso de la Plataforma, basado única y exclusivamente en el control de la inmigración.
«Si el alcalde fuera Josep Anglada [presidente de PxC] lo entendería, pero no en un gobierno que se hace llamar progresista. Será que quieren mostrarse más duros, ahora que vienen elecciones», apunta Jamel el Meziani, presidente del Centro Cultural Islámico de Vic. En una línea parecida se expresa Xavier Torna-
foch, portavoz de ICV-EUiA en el consistorio: «Son actuaciones propias de PxC. A la extrema derecha se la derrota siendo más inteligente que ella, no usando su discurso».
PETICIÓN DE RETIRADA / Los ecosocialistas califican la normativa de «impropia de un ayuntamiento democrático», ya que «criminaliza» a los inmigrantes y les recorta algunos de sus derechos fundamentales. ICV ha pedido la retirada inmediata de la propuesta y, en caso contrario, que ERC y PSC, las fuerzas de izquierda, abandonen el equipo de gobierno.
Varias entidades apuntan a un plan de CiU, ERC y PSC para frenar el auge de PxC
La política de delación de inmigrantes sin papeles que se hayan empadronado en Vic, recién aprobada por el ayuntamiento de la capital de Osona y tan criticada en los últimos días por policías, abogados, sindicatos y asociaciones de inmigrantes, tampoco ha sido bien acogida por la Generalitat. Fuentes de la Conselleria d’Acció Social prefirieron no calificar ayer la controvertida medida, pero afearon al consistorio que haya optado por esta modificación de forma «unilateral». El Govern, continuaron las mismas fuentes, «respeta» las decisiones que puedan tomar los municipios dentro de sus competencias, pero considera que este tipo de cambios, de hacerse, deben llevarse a cabo en toda Catalunya.
De hecho, el pasado 26 de octubre se reunió la Taula de Ciutadania i Inmigració, en la que participaron las dos asociaciones de municipios catalanes y se pautaron unos criterios comunes de empadronamiento. Ahora Vic, al establecer que todos los inmigrantes en situación irregular que se hayan empadronado serán delatados ante la Policía Nacional si en tres meses no obtienen su permiso de residencia, se ha descolgado de lo que se pactó entonces.
EL MALESTAR / La decisión ha causado sorpresa e indignación tanto entre los colectivos que trabajan con la inmigración como entre los grupos de la oposición (al margen del partido xenófobo Plataforma per Catalu-nya), que no han dudado en calificar la resolución de electoralista.
Por su parte, el equipo de gobierno, formado por CiU, ERC y PSC, se mantiene unido y niega cualquier intención política. Según el tripartito municipal, se trata solo de «poner un poco de orden» para cortar de raíz las posibles situaciones conflictivas que pudieran presentarse en el futuro. Además, según la argumentación del consistorio, se simplifican los trámites y se exime de cualquier responsabilidad al funcionario de turno, que hasta ahora tenía que basarse en su criterio para resolver algunos casos complejos.
LA INTEGRACIÓN / «Tenemos una gran responsabilidad con la integración de los inmigrantes –apuntó ayer Josep Maria Vila d’Abadal (CiU), el alcalde de Vic, una población en el que el porcentaje de extranjeros supera el 23%–. Queremos hacer las cosas bien hechas».
Su explicación no convence ni a las asociaciones ni a los partidos que no están en el gobierno local. Fuentes de ambos sectores apuntan que las verdaderas causas de la decisión tienen su fundamento en las próximas elecciones municipales y la necesidad de cortar el auge de la xenófoba Plataforma per Catalu-nya (PxC), que con cuatro concejales encabeza la oposición. En los pasados comicios, los tres grupos que forman el gobierno perdieron votos. La mayoría de ellos se dirigieron hacia PxC. Una forma de recuperar este espacio perdido sería acercarse al discurso de la Plataforma, basado única y exclusivamente en el control de la inmigración.
«Si el alcalde fuera Josep Anglada [presidente de PxC] lo entendería, pero no en un gobierno que se hace llamar progresista. Será que quieren mostrarse más duros, ahora que vienen elecciones», apunta Jamel el Meziani, presidente del Centro Cultural Islámico de Vic. En una línea parecida se expresa Xavier Torna-
foch, portavoz de ICV-EUiA en el consistorio: «Son actuaciones propias de PxC. A la extrema derecha se la derrota siendo más inteligente que ella, no usando su discurso».
PETICIÓN DE RETIRADA / Los ecosocialistas califican la normativa de «impropia de un ayuntamiento democrático», ya que «criminaliza» a los inmigrantes y les recorta algunos de sus derechos fundamentales. ICV ha pedido la retirada inmediata de la propuesta y, en caso contrario, que ERC y PSC, las fuerzas de izquierda, abandonen el equipo de gobierno.
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