Gobierno asegura que Ayuntamiento de Vic tomó una decisión fuera del marco de Ley

“No es razonable que una corporación tome decisiones unilaterales que no están en el marco de la ley sobre el censo de los inmigrantes”, fue la contundente crítica que le lanzó la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández De la Vega al alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal, por impedir que en ese ayuntamiento los inmigrantes en situación irregular puedan ser empadronados, y sean capaces de recibir así los servicios sociales básicos.

"Hay que sujetarse a la ley", reiteró De la Vega en una rueda de prensa tras reunirse con representantes de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP).

La voces del PSOE partieron desde el Congreso para criticar a Vic

Por una cuestión tan elemental como el sentido de humanidad, el PSOE aseguró hoy desde el Congreso que "a un inmigrante, aunque sea irregular, mientras esté en España tiene derechos y se le deben garantizar unos servicios sociales básicos". Con estas palabras el portavoz del grupo parlamentario socialista, José Antonio Alonso, dejó clara cuál es la postura del PSOE, sobre la decisión tomada por el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de no empadronar a inmigrantes indocumentados.

Alonso explicó que "si un inmigrante irregular está en la calle y se rompe un brazo, hay que atenderle con el sistema público de salud, así como si tiene problemas serios de falta de alimentación o vestimenta", ya que "es una cuestión de humanidad y de convivencia evidente".

Además, señaló que "no es incompatible tener una posición clara en materia política de inmigración junto con el resto de la Unión Europea, con el hecho de que se tenga que tratar con toda la humanidad y respetando sus derechos sociales básicos a los inmigrantes que están en situación irregular en España".

Por su parte el responsable de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, y la responsable de Bienestar Social, Marisol Pérez manifestaron también este martes que "todos los ayuntamientos están obligados a empadronar a toda persona que tenga su domicilio habitual en el municipio".

En este sentido, los dirigentes socialistas aseguraron que "en ningún caso la nueva ley de extranjería (Ley Orgánica 2/2009 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) modifica la obligación que tienen los ayuntamientos de empadronar y el deber que tienen los extranjeros de empadronarse".

Por último, recordaron que "la nueva Ley de Extranjería sólo prevé como infracción la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal, por parte del titular de una vivienda, cuando ésta no constituya el domicilio habitual del extranjero" y, por lo tanto, "debe quedar claro que todos los extranjeros que viven en España, independiente de su situación administrativa, tienen derecho a empadronarse, y los ayuntamientos tienen la obligación de inscribirles en el Padrón".