La patronal catalana Pimec vincula delincuencia con inmigración
EL PAIS.
El presidente de la patronal catalana Pimec, Josep González, ha reclamado hoy una mayor presencia policial en Barcelona y el endurecimiento de la normativa legal para combatir la inseguridad y la multireincidencia que afecta a comercios, ciudadanos y turistas en la ciudad y que vinculó a la inmigración.
"Barcelona ha tenido un flujo de entrada de inmigrantes con sus problemáticas y de gente que ha venido de países que seguramente no tienen la ética que tenemos aquí, que ha hecho que el nivel de inseguridad haya subido", ha afirmado González tras reunirse con el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz.
Josep González ha conminado al consistorio a desplegar el "número suficiente" de Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra "bien preparados" y a ejercer su influencia institucional para endurecer la legislación.
Por su parte, el Gobierno catalán ha garantizado hoy que todos los ayuntamientos de la comunidad van a empadronar a los inmigrantes estén o no en situación regular en España y ha instado al consistorio de Vic a acatar la normativa estatal.
El consejero de Política Territorial, el socialista Joaquim Nadal, que hoy ha actuado de portavoz tras la reunión de Ejecutivo, ha lamentado el "embrollo" que ha causado la decisión del consistorio de Vic por negarse a empadronar a los extracomunitarios sin un visado en regla en sus pasaportes.
Nadal ha indicado que la Generalitat rechaza de forma contundente el uso electoral de la inmigración y ha invitado a todos los partidos políticos a no hacerlo, después de que la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, indicase hoy que el fenómeno de la inmigración será uno de los ejes de su campaña para las próximas autonómicas, previstas para otoño.
Es la primera vez que el Gobierno catalán se expresa con esta rotundidad sobre una polémica desatada por la intención del Ayuntamiento de Vic de negar la inscripción en el padrón municipal a los extracomunitarios que carezcan de permiso de residencia en España. El consistorio, presidido por un alcalde de Unió Democràtica de Catalunya, está gobernado por una coalición de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes y Esquerra Republicana. El Ayuntamiento dispone de un informe jurídico, elaborado por el bufete Roca i Junyent, que avala su decisión. Sin embargo, el alcalde ha solicitado al Gobierno central que le aclare cuáles son los requisitos legales para empadronar a un inmigrante, es decir, si es indispensable disponer del visado de permanencia en España en el pasaporte.
El presidente de la patronal catalana Pimec, Josep González, ha reclamado hoy una mayor presencia policial en Barcelona y el endurecimiento de la normativa legal para combatir la inseguridad y la multireincidencia que afecta a comercios, ciudadanos y turistas en la ciudad y que vinculó a la inmigración.
"Barcelona ha tenido un flujo de entrada de inmigrantes con sus problemáticas y de gente que ha venido de países que seguramente no tienen la ética que tenemos aquí, que ha hecho que el nivel de inseguridad haya subido", ha afirmado González tras reunirse con el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz.
Josep González ha conminado al consistorio a desplegar el "número suficiente" de Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra "bien preparados" y a ejercer su influencia institucional para endurecer la legislación.
Por su parte, el Gobierno catalán ha garantizado hoy que todos los ayuntamientos de la comunidad van a empadronar a los inmigrantes estén o no en situación regular en España y ha instado al consistorio de Vic a acatar la normativa estatal.
El consejero de Política Territorial, el socialista Joaquim Nadal, que hoy ha actuado de portavoz tras la reunión de Ejecutivo, ha lamentado el "embrollo" que ha causado la decisión del consistorio de Vic por negarse a empadronar a los extracomunitarios sin un visado en regla en sus pasaportes.
Nadal ha indicado que la Generalitat rechaza de forma contundente el uso electoral de la inmigración y ha invitado a todos los partidos políticos a no hacerlo, después de que la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, indicase hoy que el fenómeno de la inmigración será uno de los ejes de su campaña para las próximas autonómicas, previstas para otoño.
Es la primera vez que el Gobierno catalán se expresa con esta rotundidad sobre una polémica desatada por la intención del Ayuntamiento de Vic de negar la inscripción en el padrón municipal a los extracomunitarios que carezcan de permiso de residencia en España. El consistorio, presidido por un alcalde de Unió Democràtica de Catalunya, está gobernado por una coalición de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes y Esquerra Republicana. El Ayuntamiento dispone de un informe jurídico, elaborado por el bufete Roca i Junyent, que avala su decisión. Sin embargo, el alcalde ha solicitado al Gobierno central que le aclare cuáles son los requisitos legales para empadronar a un inmigrante, es decir, si es indispensable disponer del visado de permanencia en España en el pasaporte.
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