Ninguna ciudad niega el padrón a los ‘sin papeles’ como ya hace Vic

Localidades con igual o más inmigración solo piden acreditar que se reside en ellas

• Artur Mas evita censurar al alcalde, que pide tener en cuenta tesis xenófobas

Vic está sola. Ninguna ciudad catalana con porcentajes importantes de inmigración ha tomado ni tiene previsto tomar la decisión de no empadronar a los extranjeros en situación irregular como ya hace la capital de Osona. Los criterios son más o menos rigurosos a la hora de comprobar que el inmigrante reside en el municipio.

Ya está. Sin embargo, dirigentes de CiU se mostraron ayer ambiguos e incluso comprensivos con la decisión de Vic, con alcalde democristiano.

Artur Mas, el líder de la federación nacionalista, evitó censurar la medida vicense. «Tengo plena confianza en que el alcalde hará las cosas bien» fueron sus vagas palabras un día después de que Felip Puig, el secretario general de CDC, pidiera una rectificación al ayuntamiento. El tripartito y el Gobierno español reclamaron en cambio que no se vulnere la ley del padrón.

El debate no es nuevo. Hace tres años, cuando las protestas vecinales por los pisos patera de familias gitanas de Rumanía encendieron el barrio de La Salud de Badalona, el líder local del PP, Xavier García Albiol, aprovechó la mecha encendida para exigir que no se empadronara a los inmigrantes que no tuvieran permiso de residencia.

La propuesta fue rechazada por el resto de partidos del ayuntamiento, que la calificaron de xenófoba. Pero el PP experimentó un ascenso electoral notable en las elecciones municipales. Y Badalona ha endurecido las condiciones para el empadronamiento respecto a la acreditación de la vivienda.

Reus también modificó las condiciones del padrón a principios del 2009 para evitar problemas de masificación de extranjeros en pisos. Pero, como Badalona, en ningún caso prohíbe formar parte del padrón a los ciudadanos sin documentación.

Tortosa, con el mismo porcentaje de inmigrantes que Vic, el 23%, decidió hace dos años endurecer los requisitos para desactivar las mafias que empadronaban, a cambio de dinero, en un mismo domicilio, donde se concentraban hasta 57 personas registradas. Unas condiciones similares a las que reclama Salt, en el Gironès, que acumula un 43% de inmigrantes y les reclama un contrato de alquiler o de propiedad para acreditar que residen en el municipio.

CRITERIOS DIFERENTES / En cambio, en ciudades como L’Hospitalet y Santa Coloma de Gramenet es suficiente con un recibo de luz domiciliado o el permiso de algún vecino. También Lleida, con un 21% de inmigrantes, se limita a comprobar periódicamente su residencia como hace con el resto de censados.

Estos criterios más o menos laxos forman parte del margen que la ley otorga a cada municipio. Nada que ver con el modelo que pretende implantar Vic.

Pero la soledad de la capital de Osona contrasta con el aval que ha recibido de dirigentes de CiU y el PP. El presidente de la Associació Catalana de Municipis, que agrupa a ayuntamientos mayoritariamente de CiU, Agustí Esteve, en declaraciones a EL PERIÓDICO, pidió respeto para la decisión y opinó que la ciudadanía está más a favor que en contra de estas medidas.

El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, esgrimió que no es «ético» empadronar a inmigrantes sin permiso de trabajo y que, según él, viven de la caridad. En declaraciones a TV3, dijo que los votantes de la xenófoba Plataforma per Catalunya, segundo partido más votado en Vic, deben tener parte de razón. Por su parte el líder del PP en Barcelona, Alberto Fernández, pidió al ayuntamiento de la ciudad que no sea tan «permisivo» en el empadronamiento.

El Govern solo recordó a los ayuntamientos que deben inscribir a los extranjeros. El tripartito ha negociado discretamente con Vic para suavizar sus intenciones iniciales. La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, dijo que «no es razonable» tomar medidas fuera de la ley.

Los abogados juzgan «muy grave» que se vulneren derechos básicos

La Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona argumentó ayer en un extenso comunicado que las intenciones del consistorio de Vic vulneran la ley de bases de régimen local y la normativa sobre protección de datos, así como la ley de extranjería.

Los abogados desmenuzan las intenciones del ayuntamiento de la capital de Osona para llegar a la conclusión de que se trata de una situación «muy grave» porque atentan contra derechos básicos de las personas.

El comunicado recuerda que la ley de régimen local solamente exige a los inmigrantes presentar su número de identificación de extranjero o el pasaporte en vigor. En ningún caso es obligatorio, pues, mostrar el permiso de trabajo o de residencia. El comunicado recuerda que impedir el empadronamiento significa negar el acceso a derechos fundamentales como la sanidad y la educación.

Por otra parte, el Pacte Nacional per a la Immigració, aprobado con el apoyo de las dos organizaciones municipalistas, pide expresamente que se unifiquen criterios bajo la premisa de «favorecer el empadronamiento de todas las personas que realmente viven en un municipio y adaptar el padrón a la realidad».