Detenidos 24 falsificadores que 'elaboraban' certificados de empadronamiento en Barcelona
Por los presuntos delitos de estafa y violación de la Ley de Extranjería, la Policía Nacional española detuvo a 24 personas de origen pakistaní en Barcelona, que serían los supuestos miembros de una banda organizada de falsificadores, especializados en “elaborar” certificados de empadronamiento de varias localidades del país, principalmente de Canarias de La Candelaria y Arna. La investigación continúa abierta y siguen apareciendo documentos falsos que afectan a más municipios.
Los compradores pagaban entre 1.500 y 3.000 euros por cada certificado municipal de empadronamiento, que era empleado para intentar regularizar la situación administrativa en España por la vía de "arraigo social".
El grupo disponía de una amplia red de integrantes que permitía obtener documentos aparentemente expedidos por los ayuntamientos canarios mencionados, además de Gandia (Valencia), Tias (Lanzarote), Azpeitia (Guipúzcoa) y Premià de Mar (Barcelona).
Las investigaciones se iniciaron el pasado verano, al detectarse un ciudadano de nacionalidad pakistaní que había solicitado autorización de residencia por arraigo y aportaba un certificado de empadronamiento expedido por el ayuntamiento de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, presuntamente falsificado.
Fruto de las investigaciones realizadas por los agentes, se comprobó que varios inmigrantes habían presentado ante las Oficinas de Extranjería la documentación preceptiva para regularizar su situación administrativa en España utilizando documentos similares al mencionado, para justificar una estancia en territorio español superior a los tres años requeridos por la ley.
El grupo organizado obtenía los certificados presuntamente falsificados a través de su máximo responsable, quien los distribuía entre otros miembros de la red, encargados de captar posibles clientes.
Además, de los certificados de empadronamiento, los integrantes del grupo conseguían en algunos casos informes de inserción social expedidos por los Servicios Sociales de los ayuntamientos, quedando así acreditada la integración social en el municipio.
Diversos detenidos, a su vez víctimas de la red, pudieron identificar a los diferentes integrantes del grupo como las personas que les proporcionaban los documentos falsificados. Así, reconocieron a una persona que aún no ha sido identificada, que habría trabajado en un ayuntamiento de la provincia de Tenerife, como el responsable de la distribución de estos documentos en la mencionada comunidad.
Entre los 24 detenidos se encuentran los máximos responsables de esta red, de origen pakistaní, y que fueron detenidos en la provincia de Barcelona, ocupándoseles abundante documentación incriminatoria, como fotocopias de empadronamientos en blanco de diferentes localidades de territorio nacional, pasaportes, expedientes originales de regulación de extranjeros, etc.
La investigación continúa abierta para determinar la plena identificación y detención de todos los implicados, toda vez que continúan apareciendo certificados de empadronamientos falsos, que afectan a un mayor número de municipios.
tribuna latina
Los compradores pagaban entre 1.500 y 3.000 euros por cada certificado municipal de empadronamiento, que era empleado para intentar regularizar la situación administrativa en España por la vía de "arraigo social".
El grupo disponía de una amplia red de integrantes que permitía obtener documentos aparentemente expedidos por los ayuntamientos canarios mencionados, además de Gandia (Valencia), Tias (Lanzarote), Azpeitia (Guipúzcoa) y Premià de Mar (Barcelona).
Las investigaciones se iniciaron el pasado verano, al detectarse un ciudadano de nacionalidad pakistaní que había solicitado autorización de residencia por arraigo y aportaba un certificado de empadronamiento expedido por el ayuntamiento de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, presuntamente falsificado.
Fruto de las investigaciones realizadas por los agentes, se comprobó que varios inmigrantes habían presentado ante las Oficinas de Extranjería la documentación preceptiva para regularizar su situación administrativa en España utilizando documentos similares al mencionado, para justificar una estancia en territorio español superior a los tres años requeridos por la ley.
El grupo organizado obtenía los certificados presuntamente falsificados a través de su máximo responsable, quien los distribuía entre otros miembros de la red, encargados de captar posibles clientes.
Además, de los certificados de empadronamiento, los integrantes del grupo conseguían en algunos casos informes de inserción social expedidos por los Servicios Sociales de los ayuntamientos, quedando así acreditada la integración social en el municipio.
Diversos detenidos, a su vez víctimas de la red, pudieron identificar a los diferentes integrantes del grupo como las personas que les proporcionaban los documentos falsificados. Así, reconocieron a una persona que aún no ha sido identificada, que habría trabajado en un ayuntamiento de la provincia de Tenerife, como el responsable de la distribución de estos documentos en la mencionada comunidad.
Entre los 24 detenidos se encuentran los máximos responsables de esta red, de origen pakistaní, y que fueron detenidos en la provincia de Barcelona, ocupándoseles abundante documentación incriminatoria, como fotocopias de empadronamientos en blanco de diferentes localidades de territorio nacional, pasaportes, expedientes originales de regulación de extranjeros, etc.
La investigación continúa abierta para determinar la plena identificación y detención de todos los implicados, toda vez que continúan apareciendo certificados de empadronamientos falsos, que afectan a un mayor número de municipios.
tribuna latina
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