El Gobierno de Aguirre avala el trato ilegal a los inmigrantes
El Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) avala la discriminación ilegal que Torrejón de Ardoz inflige a los inmigrantes.
El vicepresidente regional, Ignacio González, dio ayer su apoyo a un Ayuntamiento que no permite empadronarse a los extranjeros con visado de turista o a quienes vivan en un piso con menos de 20 metros cuadrados por persona, una proporción que no cumplirían, ni de lejos, muchas familias españolas.
El resultado es que estos inmigrantes se quedan sin derechos básicos: no pueden ir al médico o matricularse en un colegio.
"En Torrejón están empadronando conforme a la ley", dijo ayer González. Sin embargo, la nueva norma de Extranjería sólo contempla castigar a los propietarios de pisos patera y no habla de ratios. Y es más, el Ministerio del Interior, en una nota aclaratoria enviada en 2008 a municipios con dudas sobre el empadronamiento de sus inmigrantes, destaca que sólo se puede pedir como requisito un pasaporte en vigor.
El vicepresidente respaldó las normas de Torrejón escudándose en que el propósito es que los extranjeros vivan en condiciones dignas, y no en "pisos patera".
El Ayuntamiento del municipio, gobernado por el PP, mantiene estas reglas desde 2008, cuando decidió endurecer el acceso al padrón para lograr una "inmigración regulada", como dice en su publicidad institucional.
El Partido Socialista de Madrid (PSM) acusó a González de "justificar un acto de lesión de derechos fundamentales", en palabras de su portavoz de inmigración en la Asamblea de Madrid, María Antonia García.
La diputada ha tachado de "hipocresía" el amparo del PP a Torrejón de Ardoz: "No duda en utilizar la inmigración como un arma arrojadiza contra el Gobierno, mientras justifica la actitud xenófoba y peligrosa de un Ayuntamiento gobernado por ellos".Las acusaciones de los socialistas madrileños resaltan la falta de sintonía entre el apoyo de la Comunidad de Madrid a la normativa de Torrejón de Ardoz y el rechazo del alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, a las intenciones de emularlo de Vic.
El jueves pasado, Gallardón dejó clara su postura sobre la cuestión del padrón: "De acuerdo a la normativa, el padrón no se fija según la legalidad o ilegalidad de la estancia de un extranjero en España, sino que sólo se le exige la acreditación de residencia, y, como único requisito adicional, que la documentación acreditativa, pasaporte o tarjeta de residencia, esté en vigor al hacer el trámite".
El alcalde de Madrid consideró entonces que el proyecto de Vic, similar al que Torrejón ha llevado a término desde octubre de 2008, es "ilegal".
La visión de Gallardón no coincide con la de sus compañeros de filas al mando de la Comunidad de Madrid, pero sí con la del líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, que el pasado lunes pidió responsabilidades al Gobierno de Esperanza Aguirre con respecto al proceder del Ayuntamiento de Torrejón: "Exigimos que la Comunidad de Madrid obligue al Gobierno municipal de Torrejón y a su alcalde a cumplir la ley".
Las reglas especiales de Torrejón de Ardoz para decidir incluir en el censo a los inmigrantes también han provocado la reacción del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica. Este ha requerido al consistorio, dirigido por el popular Pedro Rollán, toda la documentación relativa a las normas de empadronamiento, según afirmó ayer un portavoz del Gobierno municipal de Torrejón de Ardoz.
La investigación del Defensor del Pueblo empezó en 2009 por una denuncia del grupo municipal de Izquierda Unida en Torrejón, pero no se activó hasta que esta semana se hizo pública la situación.
El vicepresidente regional, Ignacio González, dio ayer su apoyo a un Ayuntamiento que no permite empadronarse a los extranjeros con visado de turista o a quienes vivan en un piso con menos de 20 metros cuadrados por persona, una proporción que no cumplirían, ni de lejos, muchas familias españolas.
El resultado es que estos inmigrantes se quedan sin derechos básicos: no pueden ir al médico o matricularse en un colegio.
"En Torrejón están empadronando conforme a la ley", dijo ayer González. Sin embargo, la nueva norma de Extranjería sólo contempla castigar a los propietarios de pisos patera y no habla de ratios. Y es más, el Ministerio del Interior, en una nota aclaratoria enviada en 2008 a municipios con dudas sobre el empadronamiento de sus inmigrantes, destaca que sólo se puede pedir como requisito un pasaporte en vigor.
El vicepresidente respaldó las normas de Torrejón escudándose en que el propósito es que los extranjeros vivan en condiciones dignas, y no en "pisos patera".
El Ayuntamiento del municipio, gobernado por el PP, mantiene estas reglas desde 2008, cuando decidió endurecer el acceso al padrón para lograr una "inmigración regulada", como dice en su publicidad institucional.
El Partido Socialista de Madrid (PSM) acusó a González de "justificar un acto de lesión de derechos fundamentales", en palabras de su portavoz de inmigración en la Asamblea de Madrid, María Antonia García.
La diputada ha tachado de "hipocresía" el amparo del PP a Torrejón de Ardoz: "No duda en utilizar la inmigración como un arma arrojadiza contra el Gobierno, mientras justifica la actitud xenófoba y peligrosa de un Ayuntamiento gobernado por ellos".Las acusaciones de los socialistas madrileños resaltan la falta de sintonía entre el apoyo de la Comunidad de Madrid a la normativa de Torrejón de Ardoz y el rechazo del alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, a las intenciones de emularlo de Vic.
El jueves pasado, Gallardón dejó clara su postura sobre la cuestión del padrón: "De acuerdo a la normativa, el padrón no se fija según la legalidad o ilegalidad de la estancia de un extranjero en España, sino que sólo se le exige la acreditación de residencia, y, como único requisito adicional, que la documentación acreditativa, pasaporte o tarjeta de residencia, esté en vigor al hacer el trámite".
El alcalde de Madrid consideró entonces que el proyecto de Vic, similar al que Torrejón ha llevado a término desde octubre de 2008, es "ilegal".
La visión de Gallardón no coincide con la de sus compañeros de filas al mando de la Comunidad de Madrid, pero sí con la del líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, que el pasado lunes pidió responsabilidades al Gobierno de Esperanza Aguirre con respecto al proceder del Ayuntamiento de Torrejón: "Exigimos que la Comunidad de Madrid obligue al Gobierno municipal de Torrejón y a su alcalde a cumplir la ley".
Las reglas especiales de Torrejón de Ardoz para decidir incluir en el censo a los inmigrantes también han provocado la reacción del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica. Este ha requerido al consistorio, dirigido por el popular Pedro Rollán, toda la documentación relativa a las normas de empadronamiento, según afirmó ayer un portavoz del Gobierno municipal de Torrejón de Ardoz.
La investigación del Defensor del Pueblo empezó en 2009 por una denuncia del grupo municipal de Izquierda Unida en Torrejón, pero no se activó hasta que esta semana se hizo pública la situación.
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