Abogados de extranjería denuncian restricciones en regularizaciones
Una cosa es el discurso oficial de las autoridades, y otra muy distinta, lo que ocurre en las oficinas de trámites de extranjería. Eso es lo que cree la Asociación de Abogados Europeos de Inmigración y Extranjería (ABEDIE), que denuncia "nuevas restricciones" en los procesos de regularización, que observan desde el comienza de la crisis económica y causa "un deterioro progresivo de los derechos fundamentales de los inmigrantes".
Según la presidenta de la ABEDIE, Antonia Moyano, en el último mes han aumentado en España las denegaciones de permisos de residencia por arraigo social, "única fórmula de regularización que hasta ahora no se había visto afectada por el progresivo endurecimiento de los criterios de la administración en la aplicación de la Ley de Extranjería".
El permiso de residencia por arraigo social se concede a los inmigrantes que pueden acreditar una estancia continuada en España de un mínimo de tres años y disponen de un contrato de trabajo.
"Ahora han empezado a denegar permisos por arraigo argumentando que la empresa que contrata al inmigrante no dispone de recursos para asegurar el puesto de trabajo", ha explicado Moyano.
También los ayuntamientos están siendo muy restrictivos y "en muchos casos realizan informes desfavorables porque el inmigrante no lleva tres años empadronado, y no tienen en cuenta otras pruebas válidas, como los recibos, las cuentas bancarias, la correspondencia..."
Estas nuevas restricciones se suman a las ya denunciadas anteriormente en la aplicación de las reagrupaciones familiares y la renovación ordinaria del permiso de trabajo.
"Antes aceptaban que la renovación a los inmigrantes que durante el último año habían trabajado un mínimo de meses y tenían una oferta de trabajo, ahora sólo renuevan si el día que toca hacer el trámite el inmigrante está legalmente contratado", según Moyano.
En cuanto a las reagrupaciones familiares, "los criterios se han endurecido especialmente en el caso de los inmigrantes que quieren traer a España a sus padres, porque la administración considera que las personas mayores son una carga para el Estado".
Estas restricciones provocan situaciones personales "muy dolorosas", según Moyano, que recuerda el caso de una mujer que tuvo tuvo una larga enfermedad tras un parto complicado y no pudo conseguir que su madre viniera a ayudarla con el bebé.
En el caso de los inmigrantes que quieren traer a España a sus hijos "la táctica más utilizada es la dilatación", según la presidenta de ABEDIE. Estas dilaciones pueden tener consecuencias "muy graves", como el caso de "una mujer paquistaní que tardó dos años en realizar los trámites, y cuando lo consiguió se lo denegaron porque en esos dos años su hijo había cumplido los 18 años".
El endurecimiento de los criterios que utiliza la administración para otorgar o renovar permisos de trabajo y residencia "está incrementando el número de inmigrantes en situación irregular", un colectivo que "ha visto aumentar la presión policial que ejercen sobre ellos".
Según el abogado y miembro de ABEDIE Iñaki Almandoz, "la policía está haciendo cosas que no había hecho nunca antes, como entrar dentro de los locutorios a pedir papeles o poner patrullas a la salida del metro para que los inmigrantes no tengan escapatoria".
"Los inmigrantes son personas, no máquinas. No es ético que facilitemos su entrada en España cuando necesitamos mano de obra y les despojemos de derechos para poder echarlos o incitarles a marchar cuando entramos en una crisis económica", ha dicho Moyano, que ha recordado que los inmigrantes "son tan víctimas de la crisis como el resto de los ciudadanos" y "los discursos que los culpan son muy peligrosos".
Efe
Según la presidenta de la ABEDIE, Antonia Moyano, en el último mes han aumentado en España las denegaciones de permisos de residencia por arraigo social, "única fórmula de regularización que hasta ahora no se había visto afectada por el progresivo endurecimiento de los criterios de la administración en la aplicación de la Ley de Extranjería".
El permiso de residencia por arraigo social se concede a los inmigrantes que pueden acreditar una estancia continuada en España de un mínimo de tres años y disponen de un contrato de trabajo.
"Ahora han empezado a denegar permisos por arraigo argumentando que la empresa que contrata al inmigrante no dispone de recursos para asegurar el puesto de trabajo", ha explicado Moyano.
También los ayuntamientos están siendo muy restrictivos y "en muchos casos realizan informes desfavorables porque el inmigrante no lleva tres años empadronado, y no tienen en cuenta otras pruebas válidas, como los recibos, las cuentas bancarias, la correspondencia..."
Estas nuevas restricciones se suman a las ya denunciadas anteriormente en la aplicación de las reagrupaciones familiares y la renovación ordinaria del permiso de trabajo.
"Antes aceptaban que la renovación a los inmigrantes que durante el último año habían trabajado un mínimo de meses y tenían una oferta de trabajo, ahora sólo renuevan si el día que toca hacer el trámite el inmigrante está legalmente contratado", según Moyano.
En cuanto a las reagrupaciones familiares, "los criterios se han endurecido especialmente en el caso de los inmigrantes que quieren traer a España a sus padres, porque la administración considera que las personas mayores son una carga para el Estado".
Estas restricciones provocan situaciones personales "muy dolorosas", según Moyano, que recuerda el caso de una mujer que tuvo tuvo una larga enfermedad tras un parto complicado y no pudo conseguir que su madre viniera a ayudarla con el bebé.
En el caso de los inmigrantes que quieren traer a España a sus hijos "la táctica más utilizada es la dilatación", según la presidenta de ABEDIE. Estas dilaciones pueden tener consecuencias "muy graves", como el caso de "una mujer paquistaní que tardó dos años en realizar los trámites, y cuando lo consiguió se lo denegaron porque en esos dos años su hijo había cumplido los 18 años".
El endurecimiento de los criterios que utiliza la administración para otorgar o renovar permisos de trabajo y residencia "está incrementando el número de inmigrantes en situación irregular", un colectivo que "ha visto aumentar la presión policial que ejercen sobre ellos".
Según el abogado y miembro de ABEDIE Iñaki Almandoz, "la policía está haciendo cosas que no había hecho nunca antes, como entrar dentro de los locutorios a pedir papeles o poner patrullas a la salida del metro para que los inmigrantes no tengan escapatoria".
"Los inmigrantes son personas, no máquinas. No es ético que facilitemos su entrada en España cuando necesitamos mano de obra y les despojemos de derechos para poder echarlos o incitarles a marchar cuando entramos en una crisis económica", ha dicho Moyano, que ha recordado que los inmigrantes "son tan víctimas de la crisis como el resto de los ciudadanos" y "los discursos que los culpan son muy peligrosos".
Efe
Comentarios