Un error en la renovación termina con una orden de expulsión

• Una boliviana está a punto de ser expulsada a pesar de tener papeles.
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• El pago anticipado de las tasas de renovación está dejando a miles de inmigrantes sin documentación.

Fernanda Quispe nunca creyó que la renovación de su primera tarjeta de residencia fuera a terminar con una multa de quinientos euros, tres detenciones en comisaría, una orden de expulsión preferente y una amonestación en su trabajo por ausentarse a hacer trámites de extranjería.

Y todo por una tasa, un impuesto que la administración ahora cobra al inicio de cualquier renovación del NIE.

El calvario de Fernanda comenzó en febrero, cuando entregó todos los papeles que le pedían para renovar su primer permiso de residencia, que había obtenido a través del arraigo social.

Nadie le advirtió que, junto al contrato de trabajo y el empadronamiento, tenía que entregar la tasa 052 pagada.

No volvió a tener noticias de la renovación hasta mayo, cuando recibió una carta en la que le notificaban que archivaban el proceso por no haber abonado el impuesto.

Ni corta ni perezosa, Fernanda fue a una oficina de extranjería en Madrid a pagar los 15 euros que le exigía el Estado español.

Allí se chocó contra el muro de la burocracia, que le decía que no podía cancelar el dinero así como así. Primero tenía que interponer un “recurso de alzada” y esperar a que lo contestaran. Eso hizo y siguió esperando.

LAS REDADAS SE LE ATRAVESARON EN EL CAMINO
Fernanda vive en Usera, uno de los barrios preferidos por los inmigrantes de la capital. Bolivianos y chinos son mayoría en unas calles en las que las redadas policiales hacen parte del paisaje urbano.

Pocos días después de presentar el famoso recurso de alzada, unos agentes le pidieron la documentación cuando volvía de trabajar.

De nada sirvieron las explicaciones ni los papeles sellados. La llevaron a comisaría, donde le pusieron una multa de 501 euros por, supuestamente, carecer de documentación.

Un abogado de oficio le recomendó pagarlos y ese mes su sueldo como empleada del hogar quedó casi en cero.

Mientras tanto, le contestan su recurso de alzada, paga las tasas y la renovación de su permiso de residencia sigue adelante.

Hasta que en la noche del 9 de agosto la vuelve a detener la policía en un locutorio de su barrio. Otra vez las explicaciones, los papeles sellados, la comisaría y la orden de expulsión, ésta vez por el procedimiento preferente. Y no sería la última vez, porque la volverían a detener en la misma boca de metro un mes después.

“Estoy cansada de esta persecución contra los bolivianos, no puedo ni salir a caminar porque me detiene la policía”, cuenta Fernanda, una joven cochabambina discreta y culta que no parece encajar en el prototipo de ningún delincuente como para ser detenida tres veces en cuatro meses. “Creo que me voy a regresar a Bolivia, pero antes quiero denunciar esta injusticia”, asegura.

El abogado Édgar Gómez Navas cree que el drama que está viviendo Fernanda es el resultado de una larga serie de desaciertos.

“La administración no está avisando que las tasas se pagan al principio del proceso, la Policía no debió haberle abierto un expediente de expulsión porque uno está legal mientras dure la renovación y, por último, el abogado se equivocó completamente al aconsejarle que pagara la multa”.

Para evitar que se cumpla la deportación de Fernanda, el abogado plantea que va a pedir la anulación de la orden de expulsión, la devolución de los quinientos euros que pagó de multa y conseguir que le entreguen el NIE renovado.

Mientras ese momento llega, Fernanda seguirá viviendo con el miedo en el cuerpo por esas redadas policiales que el Gobierno niega.

fuente: latino