Desacuerdo en la UE por el permiso único de residencia
Luxemburgo, 7 de abril. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, manifestó que España no avala el nuevo proyecto de directiva comunitaria de permiso único de residencia y trabajo de los inmigrantes que vienen a trabajar a la Unión Europea de manera legal. Para la funcionaria, aunque el procedimiento único está ya implantado en España, el Gobierno considera la nueva propuesta discriminatoria dado que los derechos de los inmigrantes contemplados en la directiva "no serían de aplicación para los trabajadores legales que ya están en la Unión Europea".
Con ocasión de la celebración del Consejo de ministros de Justicia e Interior de la UE en Luxemburgo, la secretaria de Estado explicó que el nuevo borrador de directiva presentado por la presidencia checa de la Unión Europea "hace una clara discriminación entre trabajadores de terceros países en función del proceso administrativo por el que entran en Europa". "Hace 72 horas nos encontramos con un proyecto de directiva diferente", lamentó Rumí.
Con el nuevo texto presentado, según explicó la secretaria de Estado, los derechos laborales, como la igualdad de trato en el despido, el reconocimiento de diplomas o el pago de pensiones de los trabajadores inmigrantes de terceros países, sólo se aplicarían a "aquellos trabajadores que entren a partir de la entrada en vigor de esta directiva" lo que para España crea "dos categorías" de trabajadores diferentes inaceptable.
Una vez aprobada la directiva, los Estados miembros tienen "hasta tres años" para trasponerla a su ordenamiento jurídico nacional.
"Estos derechos no serían de aplicación para los trabajadores legales que ya están en la Unión Europea. Por lo tanto entendemos que esto no se puede producir. No puede haber una discriminación, no puede haber desigualdad entre trabajadores legales que ya están en nuestros países y aquellos que accedan a partir de la aprobación de esta directiva porque lo que estaríamos es favoreciendo dos tipos de trabajadores en función de un proceso administrativo y creemos que esa no es la vía para alcanzar esta directiva marco de derechos", resumió la secretaria de Estado de Inmigración, antes del debate de los Veintisiete sobre esta nueva propuesta de directiva.
"En los términos en que ha sido cambiada esta directiva, hace 72 horas, no podemos avalarla desde el Gobierno de España. Y no podemos avalarla porque esta directiva se ha trabajado como una directiva marco de regulación de derechos de todos los trabajadores de terceros países que vinieran a la Unión Europea", aclaró la secretaria de Estado.
Los mismos derechos
Rumí lamentó que, aunque el nuevo texto no afectaría a los inmigrantes legales en España a los que ya se les reconocen "los mismos derechos" que a los españoles, no es el que los Estados miembros negociaron durante la anterior presidencia francesa de la Unión Europea, un proyecto de directiva sobre el que Rumí recordó que "había consenso por parte de todos" los Estados miembros.
Por ello, la secretaria de Estado adelantó que "la posición del Gobierno de España de hoy va a ser la de seguir trabajando en este proyecto de directiva para conseguir un consenso de cara a la próxima reunión del mes de junio". "Creemos que no se puede avanzar en política de inmigración europea a base de recortes de derechos", apostilló.
España y otros tres países comunitarios consideran, igual que la Comisión Europea, que la nueva propuesta no supone un compromiso y mostraron sus reservas a aceptarla, mientras que otros países, incluidos Francia y Bélgica han manifestado su disposición de aceptarla al considerar que "mejor esto que nada", según explicaron fuentes diplomáticas españolas.
Con ocasión de la celebración del Consejo de ministros de Justicia e Interior de la UE en Luxemburgo, la secretaria de Estado explicó que el nuevo borrador de directiva presentado por la presidencia checa de la Unión Europea "hace una clara discriminación entre trabajadores de terceros países en función del proceso administrativo por el que entran en Europa". "Hace 72 horas nos encontramos con un proyecto de directiva diferente", lamentó Rumí.
Con el nuevo texto presentado, según explicó la secretaria de Estado, los derechos laborales, como la igualdad de trato en el despido, el reconocimiento de diplomas o el pago de pensiones de los trabajadores inmigrantes de terceros países, sólo se aplicarían a "aquellos trabajadores que entren a partir de la entrada en vigor de esta directiva" lo que para España crea "dos categorías" de trabajadores diferentes inaceptable.
Una vez aprobada la directiva, los Estados miembros tienen "hasta tres años" para trasponerla a su ordenamiento jurídico nacional.
"Estos derechos no serían de aplicación para los trabajadores legales que ya están en la Unión Europea. Por lo tanto entendemos que esto no se puede producir. No puede haber una discriminación, no puede haber desigualdad entre trabajadores legales que ya están en nuestros países y aquellos que accedan a partir de la aprobación de esta directiva porque lo que estaríamos es favoreciendo dos tipos de trabajadores en función de un proceso administrativo y creemos que esa no es la vía para alcanzar esta directiva marco de derechos", resumió la secretaria de Estado de Inmigración, antes del debate de los Veintisiete sobre esta nueva propuesta de directiva.
"En los términos en que ha sido cambiada esta directiva, hace 72 horas, no podemos avalarla desde el Gobierno de España. Y no podemos avalarla porque esta directiva se ha trabajado como una directiva marco de regulación de derechos de todos los trabajadores de terceros países que vinieran a la Unión Europea", aclaró la secretaria de Estado.
Los mismos derechos
Rumí lamentó que, aunque el nuevo texto no afectaría a los inmigrantes legales en España a los que ya se les reconocen "los mismos derechos" que a los españoles, no es el que los Estados miembros negociaron durante la anterior presidencia francesa de la Unión Europea, un proyecto de directiva sobre el que Rumí recordó que "había consenso por parte de todos" los Estados miembros.
Por ello, la secretaria de Estado adelantó que "la posición del Gobierno de España de hoy va a ser la de seguir trabajando en este proyecto de directiva para conseguir un consenso de cara a la próxima reunión del mes de junio". "Creemos que no se puede avanzar en política de inmigración europea a base de recortes de derechos", apostilló.
España y otros tres países comunitarios consideran, igual que la Comisión Europea, que la nueva propuesta no supone un compromiso y mostraron sus reservas a aceptarla, mientras que otros países, incluidos Francia y Bélgica han manifestado su disposición de aceptarla al considerar que "mejor esto que nada", según explicaron fuentes diplomáticas españolas.
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