Piden la firma de acuerdos para proteger al migrante

Evitar "la vulneración de derechos que se produce con las redadas indiscriminadas y los malos tratos a los que se ven sometidos en los centros de internamiento" los inmigrantes, es la intención que motivó a la Unión Sindical Obrera (USO), ONG y agrupaciones de este colectivo, para que pidieran ayer al Gobierno que suscriba nuevos acuerdos internacionales dirigidos a reforzar la protección del colectivo. También criticaron "la vinculación entre inmigración y delincuencia que establecen las polémicas actuaciones de la Policía Nacional en Madrid".

Las organizaciones firmantes, tras la respuesta recibida por el Ejecutivo a la misiva que le remitieron el pasado 18 de diciembre, estos grupos inciden en que el momento actual es "el más adecuado" para formalizar nuevos compromisos de carácter internacional, en la línea de la Convención de las Naciones Unidas (ONU) sobre la protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias.

En este sentido, criticaron que la política de cupos semanales de detenciones de inmigrantes y las "preocupantes" declaraciones del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "sitúan en el centro del debate social la necesidad de suscribir pactos que prohíban y dificulten el menoscabo de la dignidad de las personas inmigrantes". Además, subrayaron que "todo Estado debe proteger, independientemente de la situación administrativa de la persona, la adopción de políticas de acoso hacia esta población".

Estas organizaciones destacaron su "preocupación" por "la constante y reiterada alusión a la Unión Europea como excusa para justificar reformas legislativas que retroceden en garantías y lesionan derechos fundamentales". Así, resaltaron que en el caso de la Ley de extranjería y la de asilo, se apoyan en ella "para eludir nuevos compromisos internacionales referidos a la protección de los derechos humanos".

Subrayaron su temor por "la convergencia del Ejecutivo español con las tesis mantenidas por los Gobiernos europeos más conservadores y por la obsesión comunitaria por las políticas de seguridad, el control de los flujos migratorios y el blindaje de fronteras". En esta línea, señalaron que esta conducta "acarrea descuidos en la protección de derechos fundamentales y retrocesos en los que se reconocen a los inmigrantes y refugiados, como ocurrió con la aprobación en el Parlamento Europeo de la Directiva de Retorno".

Remarcaron que "Europa no puede ser la excusa", ya que "cada Estado europeo es soberano y tiene autonomía suficiente para ratificar convenios y tratados internacionales, especialmente cuando éstos emanan de la ONU y protegen aspectos relacionados con los derechos humanos". Además, recordaron que la Convención "constituye un imperativo ético, jurídico y político para todos los miembros de la ONU" y destacaron que su ratificación "es una exigencia de la sociedad civil internacional a sus gobiernos".

EP