Detenidos policías y guardias civiles por regularizaciones fraudulentas
Están implicados 21 agentes y extranjeros
Diego de Gea solía ser el inspector jefe de la Brigada de Extranjería y Documentación de Murcia. Hasta que fue detenido por estar implicado en la regularización fraudulenta de inmigrantes.
La denominada operación 'Huellas' fue llevada a cabo en Murcia, ha desarticulado la red con la detención de 21 personas y la imputación de 17 más, entre las que se encuentran funcionarios de la Administración y miembros de la Policía destinados en el edificio de Extranjería de esta ciudad.
La investigación se remontan a hace seis meses, cuando la Guardia Civil recibió una serie de denuncias de particulares y de organizaciones versadas en supuestas prácticas irregulares que se venían sucediendo en torno a trámites administrativos gestionados en el inmueble de la Oficina Única de Extranjeros (O.U.E.), más concretamente en el área policial de dicho inmueble, según informó la Delegación del Gobierno en un comunicado.
Tales irregularidades se enmarcaban en el proceso de estampación de la huella digital, así como en el de la concesión y renovación de los permisos de residencia. De hecho, algunos de los inmigrantes que conseguían regularizar su situación administrativa tenían incluso causas pendientes con la justicia, llegando a estar buscados por ella.
Tras una "exhaustiva" investigación por parte de la Guardia Civil, se pudo determinar la existencia clara de dos grupos de actores "perfectamente estructurados y jerarquizados" de forma piramidal.
Un primero formado por funcionarios tanto del Cuerpo Nacional de Policía, como de la Administración General del Estado destinados en el área policial de la O.U.E, que serían los que tendrían acceso a realizar los trámites fraudulentos a cambio de supuestas comisiones económicas. Sobre este grupo se han realizado tres detenciones y otras tres imputaciones.
Un segundo grupo, estructurado de forma jerarquizada y piramidal, formado por personas de origen árabe externas a la O.U.E. y en cuyo vértice se encontraba un marroquí --que responde a las iniciales de T.N.-- el cual mantenía "estrechas" relaciones con el primero de ellos, y ejercía de enlace personalmente entre los mismos. El resto lo componían facilitadores o captadores de clientes que se los hacían llegar a T.N. Sobre este grupo se han realizado 18 detenciones y otras 14 imputaciones.
El pasado lunes comenzó la explotación de la operación, organizándose por parte de la Jefatura de la Zona de la Guardia Civil de Murcia un "gran despliegue" de efectivos por toda la Región que localizó, detuvo e imputó en menos de 10 horas a 36 personas implicadas en dicha trama.
Aquellas que habían pagado por la compra de documentos falsos o habían realizado los trámites de forma irregular fueron puestas en libertad tras prestar manifestación.
En otro sentido, aquellos pertenecientes a los dos grupos anteriormente citados pasaban en calidad de detenidos a disposición judicial. El total de la operación arroja un total de 21 detenciones y 17 imputaciones, 5 registros domiciliarios y la incautación de numerosa documentación falsificada.
Para la identificación y detención de los funcionarios implicados se ha contado con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía y responsables de la Oficina Única de Extranjería.
EP
Diego de Gea solía ser el inspector jefe de la Brigada de Extranjería y Documentación de Murcia. Hasta que fue detenido por estar implicado en la regularización fraudulenta de inmigrantes.
La denominada operación 'Huellas' fue llevada a cabo en Murcia, ha desarticulado la red con la detención de 21 personas y la imputación de 17 más, entre las que se encuentran funcionarios de la Administración y miembros de la Policía destinados en el edificio de Extranjería de esta ciudad.
La investigación se remontan a hace seis meses, cuando la Guardia Civil recibió una serie de denuncias de particulares y de organizaciones versadas en supuestas prácticas irregulares que se venían sucediendo en torno a trámites administrativos gestionados en el inmueble de la Oficina Única de Extranjeros (O.U.E.), más concretamente en el área policial de dicho inmueble, según informó la Delegación del Gobierno en un comunicado.
Tales irregularidades se enmarcaban en el proceso de estampación de la huella digital, así como en el de la concesión y renovación de los permisos de residencia. De hecho, algunos de los inmigrantes que conseguían regularizar su situación administrativa tenían incluso causas pendientes con la justicia, llegando a estar buscados por ella.
Tras una "exhaustiva" investigación por parte de la Guardia Civil, se pudo determinar la existencia clara de dos grupos de actores "perfectamente estructurados y jerarquizados" de forma piramidal.
Un primero formado por funcionarios tanto del Cuerpo Nacional de Policía, como de la Administración General del Estado destinados en el área policial de la O.U.E, que serían los que tendrían acceso a realizar los trámites fraudulentos a cambio de supuestas comisiones económicas. Sobre este grupo se han realizado tres detenciones y otras tres imputaciones.
Un segundo grupo, estructurado de forma jerarquizada y piramidal, formado por personas de origen árabe externas a la O.U.E. y en cuyo vértice se encontraba un marroquí --que responde a las iniciales de T.N.-- el cual mantenía "estrechas" relaciones con el primero de ellos, y ejercía de enlace personalmente entre los mismos. El resto lo componían facilitadores o captadores de clientes que se los hacían llegar a T.N. Sobre este grupo se han realizado 18 detenciones y otras 14 imputaciones.
El pasado lunes comenzó la explotación de la operación, organizándose por parte de la Jefatura de la Zona de la Guardia Civil de Murcia un "gran despliegue" de efectivos por toda la Región que localizó, detuvo e imputó en menos de 10 horas a 36 personas implicadas en dicha trama.
Aquellas que habían pagado por la compra de documentos falsos o habían realizado los trámites de forma irregular fueron puestas en libertad tras prestar manifestación.
En otro sentido, aquellos pertenecientes a los dos grupos anteriormente citados pasaban en calidad de detenidos a disposición judicial. El total de la operación arroja un total de 21 detenciones y 17 imputaciones, 5 registros domiciliarios y la incautación de numerosa documentación falsificada.
Para la identificación y detención de los funcionarios implicados se ha contado con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía y responsables de la Oficina Única de Extranjería.
EP
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