Los municipios no tendrán potestad para vetar el arraigo de los inmigrantes
La regularización de los inmigrantes no será denegada por el hecho de haber vulnerado las ordenanzas cívicas municipales. Es lo que manifiesta el borrador del reglamento de la Ley de Extranjería que se ha presentado por el Gobierno esta semana.
Tampoco se considerarán vinculantes los informes que se presenten por parte de los ayuntamientos para aprobar o no el arraigo de los inmigrantes. De esta manera, se obvian las mociones presentadas por el consistorio de Vic y de otros municipios como el de L’Hospitalet de Llobregat, Salt y Lleida.
A la hora de negar la reagrupación familiar a los inmigrantes incívicos el gobierno central tampoco se muestra flexible en esa decisión ya que uno de los propósitos fundamentales de este nuevo reglamento es la integración y cohesión social de las personas inmigrantes, algo difícil de conseguir si no se permite a los inmigrantes el derecho fundamental de vivir en familia, según expresaba la secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón.
En este mismo sentido, ayer se publicaba que los padres inmigrantes cuyos hijos menores hayan nacido en España, obtendrán la regularización, si el nuevo reglamento se aprueba.
En lo referente a los informes emitidos por los municipios, el nuevo reglamento de extranjería marcará a los ayuntamientos las pautas que deben reflejarse en estos documentos. Sin embargo, Terrón recalcaba que las decisiones sobre la concesión del arraigo las tomará la Administración central, ya que es ésta la que tiene las competencias para hacerlo y en ningún caso se podrá “dejar a un ayuntamiento que decida la libre circulación o no de un ciudadano por todo el territorio español y europeo”.
Las reacciones
No han tardado en hacerse público el malestar que estas medidas despiertan entre los alcaldes de las localidades defensoras de las mociones ante los incívicos.
Núria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet (PSC), opina que es un error no hacer vinculantes los informes de los ayuntamientos ya que estos influyen directamente en la vida de la ciudad.
En esta misma línea, los alcaldes de Lleida, Ángel Ros (PSC) y el de Vic,Joseph María Vila d’Abadal (CiU), opinaban que los municipios deberían tener potestad para decidir sobre este tema ya que, según expresaba el alcalde de Vic, “somos administraciones del Estado y deberíamos asumir alguna de sus competencias”.
fuente; tribuna latina
Tampoco se considerarán vinculantes los informes que se presenten por parte de los ayuntamientos para aprobar o no el arraigo de los inmigrantes. De esta manera, se obvian las mociones presentadas por el consistorio de Vic y de otros municipios como el de L’Hospitalet de Llobregat, Salt y Lleida.
A la hora de negar la reagrupación familiar a los inmigrantes incívicos el gobierno central tampoco se muestra flexible en esa decisión ya que uno de los propósitos fundamentales de este nuevo reglamento es la integración y cohesión social de las personas inmigrantes, algo difícil de conseguir si no se permite a los inmigrantes el derecho fundamental de vivir en familia, según expresaba la secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón.
En este mismo sentido, ayer se publicaba que los padres inmigrantes cuyos hijos menores hayan nacido en España, obtendrán la regularización, si el nuevo reglamento se aprueba.
En lo referente a los informes emitidos por los municipios, el nuevo reglamento de extranjería marcará a los ayuntamientos las pautas que deben reflejarse en estos documentos. Sin embargo, Terrón recalcaba que las decisiones sobre la concesión del arraigo las tomará la Administración central, ya que es ésta la que tiene las competencias para hacerlo y en ningún caso se podrá “dejar a un ayuntamiento que decida la libre circulación o no de un ciudadano por todo el territorio español y europeo”.
Las reacciones
No han tardado en hacerse público el malestar que estas medidas despiertan entre los alcaldes de las localidades defensoras de las mociones ante los incívicos.
Núria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet (PSC), opina que es un error no hacer vinculantes los informes de los ayuntamientos ya que estos influyen directamente en la vida de la ciudad.
En esta misma línea, los alcaldes de Lleida, Ángel Ros (PSC) y el de Vic,Joseph María Vila d’Abadal (CiU), opinaban que los municipios deberían tener potestad para decidir sobre este tema ya que, según expresaba el alcalde de Vic, “somos administraciones del Estado y deberíamos asumir alguna de sus competencias”.
fuente; tribuna latina
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