Recortes y retorno en la política migratoria de la Generalitat de Cataluña

Poco a poco el Gobierno catalán va dando a conocer los ejes de su política migratoria. Si hace unos días se supo que se ponía punto y final a la universalidad de las ayudas para los inmigrantes con hijos menores de tres años, ahora el Ejecutivo de Artur Mas ha anunciado que fomentará el retorno de extranjeros a sus países de origen para trabajar en las sedes de grandes empresas catalanas. Además, endurece el acceso a la tarjeta sanitaria y aplaza la creación de la Agencia de las Migraciones de Cataluña.

Los mensajes que se lanzaron en la campaña autonómica catalana se empieza a materializar en políticas concretas. El director general de Inmigración de la Generalitat, Xavier Bosch, explicó en su comparecencia en comisión parlamentaria que la Consejería de Bienestar Social y Ciudadanía presentará un proyecto de retorno voluntario que permitirá a los inmigrantes volver a sus países de origen a trabajar para empresas catalanas que ya tengan sede en ellos o tengan planeado abrirla.

El proyecto, que se enmarcará en el Plan de Ciudadanía e Inmigración 2009-2012, estará dirigido a inmigrantes con una cualificación media y con perfil emprendedor que residan en entornos socioeconómicos desfavorecidos de Cataluña, donde no pueden desarrollar estas habilidades. Según Bosch, la clave será presentar este plan como un "proyecto de éxito" y no como un "fracaso" en el proyecto migratorio de quienes se acojan a esta iniciativa que, en principio, no requerirá que el Gobierno catalán incremente las partidas presupuestarias.

El presupuesto, precisamente, sería la causa, según Bosch, de que la Generalitat haya decidido aplazar la creación de la Agencia de las Migraciones de Cataluña, una decisión que dejará a los ayuntamientos pequeños y medianos sin el apoyo que necesitaban para gestionar la acogida de inmigrantes y que llevan años reclamando mecanismos de ayuda, que les permitan trabajar en red y coordinadamente en el área de inmigración.

Además, en su comparecencia Bosch conirmó que el Govern comenzará a emitir informes de arraigo a los inmigrantes residentes a partir del próximo 1 de julio, en ejercicio de la compatencia que se ha traspasado a la Generalitat desde el Gobierno central.

Otro punto polémico relacionado con la política migratoria de la Generalitat es la incorporación, dentro de la Ley Ómnibus (que busca recortar el gasto y actualizar algunas normas que han quedado obsoletas) de la exigencia de un mínimo de seis meses de empadronamiento en un municipio catalán para acceder a la tarjeta sanitaria.  No obstante, la asistencia de urgencias estará garantizada. La iniciativa que ya cuenta con el rechazo de organizaciones como Sos Racismo y la Asamblea para la Regularización sin Condiciones, al considerarla discriminatoria no solo con los extranjeros, sino también con los recién llegados de otros puntos de España.   
FUENTE: R.I.