El Govern quiere fijar un mínimo de dos años de residencia para cobrar la renta mínima de inserción
Redacción / ACN
El Govern de la Generalitat ha planteado un cambio a las condiciones para cobrar la renta mínima de inserción a partir de una modificación de la ley de 1997 a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos. Según este proyecto de ley, se incrementa de uno a dos años la residencia "continuada y efectiva" en Catalunya que habrá que acreditar como requisito para poder recibir esta prestación y, además, esta se podrá cobrar durante un máximo de cinco años, a pesar de que han establecido algunas excepciones. CCOO ha denunciado que, con este "endurecimiento", se "pone en peligro" la cohesión social y ha lamentado que se haya tomado esta decisión de forma "unilateral". Esta propuesta llega a la vez que otra para fijar un mínimo de seis meses de empadronamiento en Catalunya para tener derecho a la atención sanitaria no urgente, y el mismo día que el Govern ha presentado un futuro plan para favorecer el regreso de inmigrantes a sus países para trabajar para empresas catalanas.
A través de la Ley de medidas fiscales y financieras del 2011, conocida como la ley de acompañamiento a los presupuestos, el Govern plantea cambios en la ley de la renta mínima de inserción, cambiando las condiciones para poder cobrar esta prestación. Por un lado, se dobla el tiempo que hay que acreditar de residencia en Catalunya para recibir la prestación, pasando de un año a dos. "Que acrediten una residencia continuada y efectiva en Catalunya, como mínimo, con dos años de antelación a la fecha de presentación de la solicitud", se asegura en la modificación. Además, se exige "permanecer de forma permanente en Catalunya" mientras se perciba la prestación. También se establece que el cómputo total mensual de la prestación económica de la renta mínima, junto con el importe de ajuste complementario que se pueda crear por vía reglamentaria, "no podrá superar el salario mínimo interprofesional".
Además, la modificación de la ley establece que se podrá percibir la prestación durante un máximo de cinco años, a pesar de que se establecen algunas excepciones. Por un lado, podrán seguir recibiendo la prestación aquellas personas que, una vez pasados cinco años, tengan 60 o más años, hasta llegar a los 65 años. También se añade que "excepcionalmente" podrán prorrogar la prestación más allá de los cinco años aquellas personas que se encuentren en situaciones de "pobreza severa" mediante un informe de evaluación y por acuerdo de la comisión interdepartamental de la renta mínima de inserción.
CCOO lo critica
CCOO de Cataluña ha denunciado a través de un comunicado que "se pone en peligro la cohesión social" del país con este cambio de condiciones y además cree que el Govern lo ha hecho de forma "poco transparente" cuando utiliza la Ley de medidas fiscales y financieras. Además, cree que ha sido una decisión que se ha tomado "unilateralmente". El sindicato cree que con este "endurecimiento" lleva "al límite la supervivencia de muchas familias al exigir que no dispongan de rentas durante el año anterior a la solicitud de la prestación" y cree que esta modificación limita el acceso a esta prestación "sobre todo a personas inmigradas".
A través de la Ley de medidas fiscales y financieras del 2011, conocida como la ley de acompañamiento a los presupuestos, el Govern plantea cambios en la ley de la renta mínima de inserción, cambiando las condiciones para poder cobrar esta prestación. Por un lado, se dobla el tiempo que hay que acreditar de residencia en Catalunya para recibir la prestación, pasando de un año a dos. "Que acrediten una residencia continuada y efectiva en Catalunya, como mínimo, con dos años de antelación a la fecha de presentación de la solicitud", se asegura en la modificación. Además, se exige "permanecer de forma permanente en Catalunya" mientras se perciba la prestación. También se establece que el cómputo total mensual de la prestación económica de la renta mínima, junto con el importe de ajuste complementario que se pueda crear por vía reglamentaria, "no podrá superar el salario mínimo interprofesional".
Además, la modificación de la ley establece que se podrá percibir la prestación durante un máximo de cinco años, a pesar de que se establecen algunas excepciones. Por un lado, podrán seguir recibiendo la prestación aquellas personas que, una vez pasados cinco años, tengan 60 o más años, hasta llegar a los 65 años. También se añade que "excepcionalmente" podrán prorrogar la prestación más allá de los cinco años aquellas personas que se encuentren en situaciones de "pobreza severa" mediante un informe de evaluación y por acuerdo de la comisión interdepartamental de la renta mínima de inserción.
CCOO lo critica
CCOO de Cataluña ha denunciado a través de un comunicado que "se pone en peligro la cohesión social" del país con este cambio de condiciones y además cree que el Govern lo ha hecho de forma "poco transparente" cuando utiliza la Ley de medidas fiscales y financieras. Además, cree que ha sido una decisión que se ha tomado "unilateralmente". El sindicato cree que con este "endurecimiento" lleva "al límite la supervivencia de muchas familias al exigir que no dispongan de rentas durante el año anterior a la solicitud de la prestación" y cree que esta modificación limita el acceso a esta prestación "sobre todo a personas inmigradas".
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