200 organizaciones llevan la 'caza de inmigrantes' a la Fiscalía


Jesús Hidalgo, portavoz del Sindicato Obrero Inmigrante / Foto: Indymedia.
Tribuna Latina.
Unas 200 organizaciones sociales, que incluyen plataformas y colectivos de Derechos Humanos y federaciones, sindicatos y asociaciones de inmigrantes de diversos lugares de España y Latinoamérica, además de personas a título individual, interpondrán mañana ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por las redadas que buscan cumplir con los cupos en la detención de inmigrantes 'sin papeles'.

"Aunque el Ministro mienta, se contradiga y oculte la verdad, estas redadas y detenciones han existido, no ha cabido la más mínima duda ni para la sociedad española, ni para la policía representada en sus cuatro sindicatos, ni los partidos políticos en la oposición, ni por supuesto para los colectivos de Derechos Humanos y las asociaciones de inmigrantes que lo hemos vivido y sufrido en carne propia", explica el Sindicato Obrero Inmigrante (SOI) de Andalucía, en un comunicado.

Con la denuncia, el colectivo espera que se realicen las investigaciones pertinentes y se "depuren responsabilidades políticas y penales" así como que las medidas cautelares para reparar los daños causados a las víctimas retirando los expedientes de expulsión abiertos y "liberando de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) a los inmigrantes que han detenido sin cometer ningún delito". Añade que "no se puede hacer Justicia basándose en formas de proceder ilegales y menos justificar que sigan siendo condenadas las víctimas que han sufrido estos abusos manifiestos contra sus Derechos".

En el documento de denuncia, los denunciantes presentarán también reproducciones de las instrucciones recibidas por las comisarías de Madrid para cumplir con objetivos numéricos en la detención de extranjeros, así como reuniones de funcionarios y cargos policiales, que dejan por escrito su preocupación por esta práctica.

"También pediremos públicamente la dimisión del Ministro Rubalcaba como máximo representante del Ministerio del Interior pues unos responsables de un ministerio que actúan saltándose la legalidad (...) no deben representar, ni tomar decisiones por los ciudadanos".

Redacción

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