Rosa Díez: ¿cuántos extranjeros se negaron a ser expulsados y permanecieron en España?

¿Cuántas personas con una expulsión en firme se han negado a subir a un avión y conseguido permanecer en España? Aunque parezca retórica la pregunta, pues la gran mayoría no tienen la posibilidad de decidir, esta cifra llama la atención de la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez.

La parlamentaria ha querido conocer el número de inmigrantes que, teniendo orden de expulsión de España, "han quedado libres en lo que va de año por negarse a subir a un avión". En el escrito la diputada de UPyD también pregunta "cuánto dinero se ha gastado el Estado en operaciones policiales que han tenido que ser canceladas" porque un inmigrante se haya negado a subir a un avión para ser expulsado.

Rosa Díez quiere saber la cifra de policías que han resultado heridos en el último año "en las custodias y traslados de inmigrantes" al oponer éstos "resistencia a la hora de ejecutar su orden de expulsión".

Colaboración de terceros países

Del mismo modo, pregunta por las medidas que está llevando a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para mejorar la colaboración con las autoridades consulares de los países que, "aún sabiendo que los inmigrantes con órdenes pendientes de expulsión son nacionales de su país, se niegan a facilitar el salvoconducto o dilatan el proceso para reconocerlos".

Por último, quiere conocer qué se está haciendo desde el Ministerio de Interior para que entre el Ministerio de Justicia y la Dirección General de la Policía se desarrolle un protocolo que ayude a estos últimos a elaborar los decretos de expulsión de los inmigrantes irregulares.

Desde Canarias una circular de Interior que ordena tramitar los expedientes de expulsión "a la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible", pero también bajo el máximo secreto, ha despertado las críticas de los sindicatos policiales. Enrique Pérez, del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en las Islas, cree que esta disposición "no reúne las garantías jurídicas necesarias ni para la actuación policial ni para los derechos de los ciudadanos extranjeros".

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