'Inquietante sondeo sobre la inmigración'
Algunos datos de la encuesta sobre la inmigración que publicamos hoy causan un fuerte impacto.
Casi la mitad de los consultados (48%) cree que la inmigración es más bien mala (un 33,8% la considera buena); dos de cada tres catalanes desaprueban la gestión que las administraciones hacen de la inmigración; un 63,9% opina que los ayuntamientos no deberían empadronar a los inmigrantes sin papeles, como se intentó en Vic; la mitad de los encuestados suspende al dirigente xenófobo de Plataforma per Catalunya, Josep Anglada, pero casi un 30% lo aprueba (un 8% con nota alta).
Finalmente, un 7,5% está dispuesto a votar a un partido que niega los derechos a los sin papeles y otro 16,6% indica que podría llegar a votarlo.
Esta radiografía expresa un considerable fracaso de las políticas de inmigración.
Entre todos lo hemos hecho mal, y en ese todos se incluyen las administraciones públicas, los partidos políticos y los medios de comunicación.
Las opiniones más críticas sobre los inmigrantes se concentran en los votantes de derechas (PP y CiU), de mayor edad y de menor formación educativa. Sin embargo, pese a la alarma que puedan causar algunos de estos resultados, lo cierto es que la crisis económica no se ha traducido, afortunadamente, en una crisis social ni han estallado, salvo algunas excepciones como en Salt, brotes xenófobos.
En teoría, los catalanes defienden (tres de cada cuatro) que autóctonos e inmigrantes deben tener los mismos derechos. El problema se suscita cuando, por la falta de inversiones en las zonas con más presencia foránea, las ayudas sociales no alcanzan a los que antes las recibían porque se destinan a la franja más baja de la nueva escala social, que corresponde ahora a los inmigrantes. Lo mismo puede decirse del acceso a la escuela en condiciones que ahuyenten el fracaso escolar.
Aún estamos a tiempo de impedir una explosión que puede prender con la mecha de la crisis si perdura durante mucho tiempo. Para ello, hay que fomentar las inversiones en las zonas más deprimidas, y dejar de utilizar la inmigración como arma política.
No se trata de no hablar del tema, sino de que los partidos responsables no se apropien del lenguaje ni de los actos de los que promueven la xenofobia porque esa es la mejor manera de legitimar a los xenófobos. Hay que hablar de inmigración sin complejos, pero para defender la integración, sin incitar a la xenofobia.
Casi la mitad de los consultados (48%) cree que la inmigración es más bien mala (un 33,8% la considera buena); dos de cada tres catalanes desaprueban la gestión que las administraciones hacen de la inmigración; un 63,9% opina que los ayuntamientos no deberían empadronar a los inmigrantes sin papeles, como se intentó en Vic; la mitad de los encuestados suspende al dirigente xenófobo de Plataforma per Catalunya, Josep Anglada, pero casi un 30% lo aprueba (un 8% con nota alta).
Finalmente, un 7,5% está dispuesto a votar a un partido que niega los derechos a los sin papeles y otro 16,6% indica que podría llegar a votarlo.
Esta radiografía expresa un considerable fracaso de las políticas de inmigración.
Entre todos lo hemos hecho mal, y en ese todos se incluyen las administraciones públicas, los partidos políticos y los medios de comunicación.
Las opiniones más críticas sobre los inmigrantes se concentran en los votantes de derechas (PP y CiU), de mayor edad y de menor formación educativa. Sin embargo, pese a la alarma que puedan causar algunos de estos resultados, lo cierto es que la crisis económica no se ha traducido, afortunadamente, en una crisis social ni han estallado, salvo algunas excepciones como en Salt, brotes xenófobos.
En teoría, los catalanes defienden (tres de cada cuatro) que autóctonos e inmigrantes deben tener los mismos derechos. El problema se suscita cuando, por la falta de inversiones en las zonas con más presencia foránea, las ayudas sociales no alcanzan a los que antes las recibían porque se destinan a la franja más baja de la nueva escala social, que corresponde ahora a los inmigrantes. Lo mismo puede decirse del acceso a la escuela en condiciones que ahuyenten el fracaso escolar.
Aún estamos a tiempo de impedir una explosión que puede prender con la mecha de la crisis si perdura durante mucho tiempo. Para ello, hay que fomentar las inversiones en las zonas más deprimidas, y dejar de utilizar la inmigración como arma política.
No se trata de no hablar del tema, sino de que los partidos responsables no se apropien del lenguaje ni de los actos de los que promueven la xenofobia porque esa es la mejor manera de legitimar a los xenófobos. Hay que hablar de inmigración sin complejos, pero para defender la integración, sin incitar a la xenofobia.
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