Piden cárcel para un alcalde que emitió certificados de residencia a inmigrantes sin padrón
La Fiscalía de Lérida pedirá tres años de cárcel para el alcalde de Alfarràs, Josep María Torrelles (CiU), por emitir acreditaciones de residencia en su pueblo a 149 inmigrantes no inscritos en el padrón, según confirmó el fiscal jefe, Juan Boné.
La Fiscalía sostiene que el alcalde emitió y firmó como documento público certificado bajo la forma de 'acreditaciones' en las que afirmaba que, según fuentes de la alcaldía, un ciudadano extranjero en situación irregular en España había residido durante un periodo determinado en el municipio de Alfarràs, conociendo que dichos ciudadanos no se encontraban inscritos en el padrón municipal. Así lo recoge la califificación del fiscal adelantada hoy por los diarios 'Segre' y 'La Mañana'.
El fiscal del caso pide también una multa de 5.400 euros y solicita la inhabilitación especial para el desempeño de función o cargo público de seis años. Como el Ministerio Público considera que los hechos pueden ser un delito de falsedad en certificado por autoridad o funcionario público, plantea una calificación alternativa de dos años de inhabilitación en lugar de seis.
Según publica 'Segre', el alcalde de Alfarràs ha sostenido siempre que actuó por motivos humanitarios. La investigación de la Policía Nacional no ha podido constatar si se lucró.
La Fiscalía sostiene que el alcalde emitió y firmó como documento público certificado bajo la forma de 'acreditaciones' en las que afirmaba que, según fuentes de la alcaldía, un ciudadano extranjero en situación irregular en España había residido durante un periodo determinado en el municipio de Alfarràs, conociendo que dichos ciudadanos no se encontraban inscritos en el padrón municipal. Así lo recoge la califificación del fiscal adelantada hoy por los diarios 'Segre' y 'La Mañana'.
El fiscal del caso pide también una multa de 5.400 euros y solicita la inhabilitación especial para el desempeño de función o cargo público de seis años. Como el Ministerio Público considera que los hechos pueden ser un delito de falsedad en certificado por autoridad o funcionario público, plantea una calificación alternativa de dos años de inhabilitación en lugar de seis.
Según publica 'Segre', el alcalde de Alfarràs ha sostenido siempre que actuó por motivos humanitarios. La investigación de la Policía Nacional no ha podido constatar si se lucró.
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