¿Quien le pone los límites al juez de Getafe?
Cansados de exámenes históricos y demoras eternas, los afectados se unen para luchar
Andrés Restrepo>Latino/Madrid
A Marina Naranjo se le agotó la paciencia con el magistrado José María Celemín, encargado del Registro Civil de Getafe. Soportó como pudo el examen histórico para obtener la nacionalidad española. Aguantó con entereza el trato discriminatorio que, a su juicio, le dio el juez. Pero estalló cuando le informaron que su expediente llevaba dos años sin salir de Getafe.
“Conozco gente que presentó los papeles en la misma época y ya son españoles”, afirma indignada esta colombiana.
“No puede ser que los inmigrantes nos quedemos callados ante un juez claramente xenófobo. Voy a ir hasta la últimas consecuencias para solucionar esta injusticia”, advierte Marina.
Y no está sola. Su rabia se repite en decenas de hogares getafenses donde hay un extranjero que ha pasado por la insólita entrevista del juez.
Juan Carlos Martínez, español, sintió vergüenza de su pueblo cuando su esposa Verónica Páez, uruguaya, pasó el trámite en octubre de 2009. “Ella salió llorando de la rabia y de la impotencia. Hablé con el magistrado Celemín y me dijo que no entendía qué había pasado. Este señor tuvo conmigo toda la paciencia que le negó a mi mujer. Está claro que se trata de una situación de desigualdad absoluta, en la que, de un lado, hay un juez con todo el poder y al otro un inmigrante”, cuenta Juan Carlos.
A la salida del examen histórico, la pareja presentó una reclamación ante el Ayuntamiento que les contestó que ellos no podían hacer nada porque no tenían competencias sobre el juez.
Al igual que Verónica y Marina, todos los afectados rumiaban su indignación en silencio. “Díganle a la gente que no se presente en Getafe”, “¿qué va a pasar con mi nacionalidad?”, “no sé si reírme o llorar”, comentaban los lectores que se comunicaban con Latino para expresar su perplejidad después de la entrevista.
Pero ninguno se atrevía a alzar la voz con nombre y apellido por miedo a demorar aún más el trámite. Ahora, Marina, Juan Carlos y Verónica Páez están dispuestos a reunir a todos los afectados para gritar su rabia.
INDEPENDENDENCIA JUDICIAL
Pocas instituciones se atreven a apoyar abiertamente a los afectados de Getafe por miedo a vulnerar la autonomía de la justicia.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano que controla a todos los jueces, se niega a hacer valoraciones sobre decisiones jurisdiccionales. “La única recomendación que hacemos es que escriban sus quejas al correo atencionciudadana@cgpj.es”, argumenta una fuente del CGPJ.
Ignacio Espinoza, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, explica que “la legislación es muy laxa en este tema. Queda a criterio de cada juez la interpretación de los que es una correcta integración, aunque confieso que yo mismo no sabría contestar algunas de esas preguntas. Si el CGPJ recibe muchas quejas sobre este caso, es posible que tome cartas en el asunto”.
Edgar Gómez Navas, abogado de extranjería que lleva varios casos de los perjudicados de Getafe, cree que la única salida es quejarse ante el Defensor del Pueblo. “Voy a presentar varios escritos por la arbitrariedad de las preguntas y la retención de expedientes. No es normal la demora que hay allá”, subraya Gómez Navas.
MANIFIESTO DE CONDENA
Las arbitrariedades ya se han puesto sobre la Mesa de Convivencia de Getafe de la mano de Julio César Alcántara, representante de Aesco. Allí, las asociaciones del municipio y representantes del Ayuntamiento escucharon la indignación de Marina. En la próxima reunión votarán un manifiesto para condenar la actuación del juez. “Nosotros no podemos cambiar al magistrado, pero sí contribuir a que cambie su actitud”, señala Alcántara.
La presión de los inmigrantes ha llegado al propio Ayuntamiento de Getafe, donde hasta hace pocas semanas nadie quería hablar del tema. Fuentes oficiales aseguran que van a recabar información en el juzgado del Registro Civil para ver cómo abordan el problema.
POLÍTICOS OPINAN
Por su parte, Yolanda Villavicencio, diputada colombiana en la Asamblea de Madrid, cree que lo que pasa en Getafe es una “arbitrariedad absoluta. El juez puede medir el grado de integración, no el conocimiento de la historia”. Paloma Adrados, consejera de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid hace hincapié en la tardanza excesiva: “las nacionalizaciones son competencia del Gobierno de la Nación. Se trata de unos trámites que siguen siendo injustificadamente lentos, pues superan en general los dos años desde su solicitud”
Y EL JUEZ AHÍ
Este periódico intentó comunicarse en más de una decena de ocasiones con el magistrado José María Celemín para conocer su opinión. Una funcionaria de su juzgado contestó, finalmente, que el “magistrado cumple estrictamente con la ley. Si en otros ayuntamientos no hacen preguntas será por dejadez, por pereza. Supongo que una persona que quiere ser ciudadana de España debe conocer su historia”. Añadió que si los trámites se están demorando excesivamente es por falta de personal. La respuesta, es cuando menos, sorprendente si se compara con la intensa polémica que ha surgido en otros países europeos cuando han introducido exámenes a los inmigrantes que quieren obtener la nacionalidad. En Reino Unido y Alemania vivieron intensas negociaciones políticas en 2005 y 2006 antes de decidirse a aplicar una prueba de conocimientos. En España, sin embargo, un juez de un municipio mediano puede interpretar a su antojo que la integración de los extranjeros pasa por la historia del siglo XVIII.
APRUEBAN
El examen histórico es desagradable, pero no paraliza completamente la nacionalidad de los que no contestan: eso sí, la espera se alarga
OTRAS DEMORAS
- Parla: Es el caso más escandaloso. Para cualquier trámite de nacionalidad: presentar expedientes o jurar la bandera española, los interesados tienen que llegar a las 3 de la tarde... del día anterior. La espera en la fila se prolonga durante 18 horas.
- Torrejón de Ardoz: Demoras excesivas en el proceso.
- Madrid: Ha mejorado mucho en los últimos meses. El expediente se presenta sin necesidad de cita previa. De todas formas, la gestión toma entre dos y tres años.
Andrés Restrepo>Latino/Madrid
A Marina Naranjo se le agotó la paciencia con el magistrado José María Celemín, encargado del Registro Civil de Getafe. Soportó como pudo el examen histórico para obtener la nacionalidad española. Aguantó con entereza el trato discriminatorio que, a su juicio, le dio el juez. Pero estalló cuando le informaron que su expediente llevaba dos años sin salir de Getafe.
“Conozco gente que presentó los papeles en la misma época y ya son españoles”, afirma indignada esta colombiana.
“No puede ser que los inmigrantes nos quedemos callados ante un juez claramente xenófobo. Voy a ir hasta la últimas consecuencias para solucionar esta injusticia”, advierte Marina.
Y no está sola. Su rabia se repite en decenas de hogares getafenses donde hay un extranjero que ha pasado por la insólita entrevista del juez.
Juan Carlos Martínez, español, sintió vergüenza de su pueblo cuando su esposa Verónica Páez, uruguaya, pasó el trámite en octubre de 2009. “Ella salió llorando de la rabia y de la impotencia. Hablé con el magistrado Celemín y me dijo que no entendía qué había pasado. Este señor tuvo conmigo toda la paciencia que le negó a mi mujer. Está claro que se trata de una situación de desigualdad absoluta, en la que, de un lado, hay un juez con todo el poder y al otro un inmigrante”, cuenta Juan Carlos.
A la salida del examen histórico, la pareja presentó una reclamación ante el Ayuntamiento que les contestó que ellos no podían hacer nada porque no tenían competencias sobre el juez.
Al igual que Verónica y Marina, todos los afectados rumiaban su indignación en silencio. “Díganle a la gente que no se presente en Getafe”, “¿qué va a pasar con mi nacionalidad?”, “no sé si reírme o llorar”, comentaban los lectores que se comunicaban con Latino para expresar su perplejidad después de la entrevista.
Pero ninguno se atrevía a alzar la voz con nombre y apellido por miedo a demorar aún más el trámite. Ahora, Marina, Juan Carlos y Verónica Páez están dispuestos a reunir a todos los afectados para gritar su rabia.
INDEPENDENDENCIA JUDICIAL
Pocas instituciones se atreven a apoyar abiertamente a los afectados de Getafe por miedo a vulnerar la autonomía de la justicia.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano que controla a todos los jueces, se niega a hacer valoraciones sobre decisiones jurisdiccionales. “La única recomendación que hacemos es que escriban sus quejas al correo atencionciudadana@cgpj.es”, argumenta una fuente del CGPJ.
Ignacio Espinoza, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, explica que “la legislación es muy laxa en este tema. Queda a criterio de cada juez la interpretación de los que es una correcta integración, aunque confieso que yo mismo no sabría contestar algunas de esas preguntas. Si el CGPJ recibe muchas quejas sobre este caso, es posible que tome cartas en el asunto”.
Edgar Gómez Navas, abogado de extranjería que lleva varios casos de los perjudicados de Getafe, cree que la única salida es quejarse ante el Defensor del Pueblo. “Voy a presentar varios escritos por la arbitrariedad de las preguntas y la retención de expedientes. No es normal la demora que hay allá”, subraya Gómez Navas.
MANIFIESTO DE CONDENA
Las arbitrariedades ya se han puesto sobre la Mesa de Convivencia de Getafe de la mano de Julio César Alcántara, representante de Aesco. Allí, las asociaciones del municipio y representantes del Ayuntamiento escucharon la indignación de Marina. En la próxima reunión votarán un manifiesto para condenar la actuación del juez. “Nosotros no podemos cambiar al magistrado, pero sí contribuir a que cambie su actitud”, señala Alcántara.
La presión de los inmigrantes ha llegado al propio Ayuntamiento de Getafe, donde hasta hace pocas semanas nadie quería hablar del tema. Fuentes oficiales aseguran que van a recabar información en el juzgado del Registro Civil para ver cómo abordan el problema.
POLÍTICOS OPINAN
Por su parte, Yolanda Villavicencio, diputada colombiana en la Asamblea de Madrid, cree que lo que pasa en Getafe es una “arbitrariedad absoluta. El juez puede medir el grado de integración, no el conocimiento de la historia”. Paloma Adrados, consejera de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid hace hincapié en la tardanza excesiva: “las nacionalizaciones son competencia del Gobierno de la Nación. Se trata de unos trámites que siguen siendo injustificadamente lentos, pues superan en general los dos años desde su solicitud”
Y EL JUEZ AHÍ
Este periódico intentó comunicarse en más de una decena de ocasiones con el magistrado José María Celemín para conocer su opinión. Una funcionaria de su juzgado contestó, finalmente, que el “magistrado cumple estrictamente con la ley. Si en otros ayuntamientos no hacen preguntas será por dejadez, por pereza. Supongo que una persona que quiere ser ciudadana de España debe conocer su historia”. Añadió que si los trámites se están demorando excesivamente es por falta de personal. La respuesta, es cuando menos, sorprendente si se compara con la intensa polémica que ha surgido en otros países europeos cuando han introducido exámenes a los inmigrantes que quieren obtener la nacionalidad. En Reino Unido y Alemania vivieron intensas negociaciones políticas en 2005 y 2006 antes de decidirse a aplicar una prueba de conocimientos. En España, sin embargo, un juez de un municipio mediano puede interpretar a su antojo que la integración de los extranjeros pasa por la historia del siglo XVIII.
APRUEBAN
El examen histórico es desagradable, pero no paraliza completamente la nacionalidad de los que no contestan: eso sí, la espera se alarga
OTRAS DEMORAS
- Parla: Es el caso más escandaloso. Para cualquier trámite de nacionalidad: presentar expedientes o jurar la bandera española, los interesados tienen que llegar a las 3 de la tarde... del día anterior. La espera en la fila se prolonga durante 18 horas.
- Torrejón de Ardoz: Demoras excesivas en el proceso.
- Madrid: Ha mejorado mucho en los últimos meses. El expediente se presenta sin necesidad de cita previa. De todas formas, la gestión toma entre dos y tres años.
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