El Gobierno regional denuncia "persecución policial" a inmigrantes
Interior asegura que no hay redadas, sino controles para vigilar la delincuencia
Ya lo denunció en la Asamblea de Madrid el pasado 13 de mayo, pero ayer la consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados, volvió a insistir en la tesis de que existe una "persecución policial" a los inmigrantes por sus rasgos o su color "por órdenes del Ministerio de Interior", algo que calificó de "absolutamente intolerable". Se producen, dijo, "no por indicios de la comisión de un delito, sino por el color de la piel".
Un portavoz del ministerio negó tajantemente que haya "redadas dirigidas a los inmigrantes". "Hay controles policiales, pero responden a criterios de seguridad ciudadana y de la lucha contra la delincuencia. Nunca van dirigidos a los extranjeros", subrayó. Y recordó que el pasado febrero el director general de la Policía y la Guardia Civil envió una instrucción en la que establecía los criterios para estos controles.
Adrados aseguró en conversación telefónica que, desde que llegó a la consejería el pasado 18 de marzo -para sustituir a Javier Fernández-Lasquetty que dejaba el cargo para ocupar la vacante de Juan José Güemes en Sanidad-, viene recibiendo quejas al respecto de inmigrantes. "Me dicen que están sometidos a una persecución policial por órdenes del Ministerio de Interior", explicó la consejera. "Por eso evitan ir a determinadas bocas de metro, a algunos colegios o locutorios porque les da miedo".
Pese a que la propia consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados, reconoció que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dio órdenes en marzo para que no se repitieran las redadas, pero insistió en que siguen produciéndose. "Existían y siguen existiendo", recalcó. Adrados, que se sumó a las reivindicaciones de las organizaciones no gubernamentales y de los sindicatos policiales, restó responsabilidad a la policía. "Los agentes no son culpables, cumplen órdenes de una circular que promueve una actividad de control indebida", aseguró. Como única prueba, afirmó que en 2009 la policía hizo 445.000 identificaciones. "Son 1.200 al día", remarcó. El portavoz de Interior explicó que no sabe de dónde salen esos datos, porque la policía no hace estadísticas sobre identificaciones. Y menos siguiendo como criterio la nacionalidad. "Vienen repitiéndose las denuncias, pero no se aportan datos reales", remachó.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, eludió apoyar en esta tesis a su compañera de filas y se remitió a declaraciones anteriores, en las que el consejero ha alabado el trabajo de la policía en la región.
También la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, negó que existan redadas en Madrid e insistió en que en todas las actuaciones policiales se respetan los derechos y libertades. "La policía cumple estrictamente la ley", zanjó.
Pero, sobre todo, Valcarce reprochó a la nueva consejera de Inmigración su "deslealtad" por no haber comunicado a la Delegación del Gobierno cualquier queja en este sentido antes de hacer declaraciones públicas reprobando la actuación del Gobierno central. "En ningún momento la consejera de Empleo, Mujer e Inmigración ha comunicado, ni ha expresado, por los conductos oficiales, dentro de la lealtad institucional, ninguna queja, denuncia o comentario", afirmó. "Es intolerable que siendo como es una responsable de un Gobierno autonómico, no utilice los conductos habituales, como debería ser lo lógico".
Ya lo denunció en la Asamblea de Madrid el pasado 13 de mayo, pero ayer la consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados, volvió a insistir en la tesis de que existe una "persecución policial" a los inmigrantes por sus rasgos o su color "por órdenes del Ministerio de Interior", algo que calificó de "absolutamente intolerable". Se producen, dijo, "no por indicios de la comisión de un delito, sino por el color de la piel".
Un portavoz del ministerio negó tajantemente que haya "redadas dirigidas a los inmigrantes". "Hay controles policiales, pero responden a criterios de seguridad ciudadana y de la lucha contra la delincuencia. Nunca van dirigidos a los extranjeros", subrayó. Y recordó que el pasado febrero el director general de la Policía y la Guardia Civil envió una instrucción en la que establecía los criterios para estos controles.
Adrados aseguró en conversación telefónica que, desde que llegó a la consejería el pasado 18 de marzo -para sustituir a Javier Fernández-Lasquetty que dejaba el cargo para ocupar la vacante de Juan José Güemes en Sanidad-, viene recibiendo quejas al respecto de inmigrantes. "Me dicen que están sometidos a una persecución policial por órdenes del Ministerio de Interior", explicó la consejera. "Por eso evitan ir a determinadas bocas de metro, a algunos colegios o locutorios porque les da miedo".
Pese a que la propia consejera de Empleo, Mujer e Inmigración, Paloma Adrados, reconoció que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dio órdenes en marzo para que no se repitieran las redadas, pero insistió en que siguen produciéndose. "Existían y siguen existiendo", recalcó. Adrados, que se sumó a las reivindicaciones de las organizaciones no gubernamentales y de los sindicatos policiales, restó responsabilidad a la policía. "Los agentes no son culpables, cumplen órdenes de una circular que promueve una actividad de control indebida", aseguró. Como única prueba, afirmó que en 2009 la policía hizo 445.000 identificaciones. "Son 1.200 al día", remarcó. El portavoz de Interior explicó que no sabe de dónde salen esos datos, porque la policía no hace estadísticas sobre identificaciones. Y menos siguiendo como criterio la nacionalidad. "Vienen repitiéndose las denuncias, pero no se aportan datos reales", remachó.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, eludió apoyar en esta tesis a su compañera de filas y se remitió a declaraciones anteriores, en las que el consejero ha alabado el trabajo de la policía en la región.
También la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, negó que existan redadas en Madrid e insistió en que en todas las actuaciones policiales se respetan los derechos y libertades. "La policía cumple estrictamente la ley", zanjó.
Pero, sobre todo, Valcarce reprochó a la nueva consejera de Inmigración su "deslealtad" por no haber comunicado a la Delegación del Gobierno cualquier queja en este sentido antes de hacer declaraciones públicas reprobando la actuación del Gobierno central. "En ningún momento la consejera de Empleo, Mujer e Inmigración ha comunicado, ni ha expresado, por los conductos oficiales, dentro de la lealtad institucional, ninguna queja, denuncia o comentario", afirmó. "Es intolerable que siendo como es una responsable de un Gobierno autonómico, no utilice los conductos habituales, como debería ser lo lógico".
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