Concluyen las negociaciones para el voto en las municipales

Luego de nueve meses, el Gobierno dio por concluidas las negociaciones con una quincena de países para permitir el voto de sus emigrantes residentes en España en las elecciones municipales a partir de 2011. Así lo dijo en el Congreso de los Diputados el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos.

Como respuesta a una pregunta de Convergència i Unió (CiU), Moratinos precisó que el Consejo de Ministros ya ha aprobado la firma de acuerdos para los inmigrantes procedentes de Colombia, Perú, Argentina, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile y Paraguay.

Está prevista que el Consejo de Ministros apruebe en junio la firma con Corea del Sur y Nueva Zelanda y también se espera que "próximamente" se añadan Bolivia, Venezuela y Uruguay, pendientes de "informes internos" de sus respectivas Administraciones y organismos electorales. Este sería el paso previo antes de entrar en la fase final de redacción de los textos.

Con esto termina el trabajo del embajador en misión especial encargado de cerrar los acuerdos con esta quincena de países, Gonzalo de Benito, que fue nombrado en agosto de 2008 y ahora ha sido cesado. Este ocupará la jefatura de la misión española en Emiratos Arabes Unidos.

Falta de información
El diputado de CiU Jordi Xuclà acusó al Gobierno de haber desarrollado todo este proceso de negociaciones "de espaldas" al Parlamento, rompiendo la tradición de "consensuar" con los grupos parlamentarios las reformas electorales.

El Ejecutivo, añadió, no ha consultado con los grupos aspectos "muy sensibles" de estas medidas. Como ejemplo, advirtió de que los acuerdos cerrados hasta la fecha no precisan si el extranjero renuncia a participar en los comicios locales de su país.

Se interpreta entonces, dijo Xuclà, que el Gobierno ha diseñado un sistema de "doble voto", que no es el que se aplica a los europeos no españoles que votan en nuestro país.

También expresó sus dudas ante el criterio que regirá para reconocer el derecho de voto, los cinco años de residencia legal e ininterrumpida, que considera un criterio "automático" y que no tiene en cuenta el "arraigo efectivo".

A pesar de que desde otoño existe una subcomisión creada en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso para discutir el modo de proceder en esta reforma electoral, Xuclà acusó al Ejecutivo de haber acometido "la mayor modulación del censo electoral" de la democracia "de espaldas a la subcomisión y sin una información del proceso al Parlamento", aunque reconoció que el Gobierno no ha vulnerado la ley.

Recordó que los acuerdos suscritos han tomado la forma de canjes de notas que, tras su aprobación en Consejo de Ministros, se remiten al Parlamento para su luz verde definitiva. Xuclà recordó que es "inhabitual" que los grupos presenten enmiendas a este tipo de convenios internacionales.

Por todo ello, Xuclà reclamó la comparecencia "urgente" de representantes del Ministerio de la Presidencia y del departamento de Asuntos Exteriores y de Cooperación en el Parlamento.

Los acuerdos con esta quincena de países afectarán en principio a unos 1,1 millones de ciudadanos extracomunitarios residentes en España. Eso sí, aquellos mayores de edad que cumplan los requisitos no podrán presentarse como candidatos.

Moratinos intentó explicar que si en esta ocasión el Gobierno ha ido más rápido que la subcomisión ha sido porque las negociaciones se han centrado en aquellos países que presentaban menos dificultades para alcanzar un acuerdo, ya que su legislación contempla el derecho de voto para los españoles residentes en sus territorios.

Y es que la decisión del Gobierno de extender a los extranjeros residentes en España el derecho de voto en las municipales se ha hecho en base al principio de reciprocidad que exige la Constitución española.

En el caso de estos 15 países la subcomisión "no tenía que aportar nuevos datos" dado que no existían "dificultades", consideró el ministro, que animó a los miembros de la subcomisión a participar en la nueva fase que se inicia ahora.

Segunda fase del proceso
El jefe de la Diplomacia española reveló que el Gobierno aspira a que otros países como Marruecos, Argelia, República Dominicana o Brasil, que no cumplen el principio de reciprocidad pero cuentan con una colonia importante de ciudadanos en nuestro país, reconozcan en sus legislaciones el derecho de voto a los españoles.

En respuesta a una reflexión de Xuclà, Moratinos rechazó que el Gobierno tenga en cuenta el respeto a los Derechos Humanos y los principios democráticos de un país determinado a la hora de cerrar con ese Estado un acuerdo de este tipo porque, argumentó, no sería justo "discriminar" a un trabajador por la política de su país.

El ministro sí accedió a que el secretario general de Asuntos Consulares y Migratorios, Javier Elorza, comparezca en el Parlamento para informar de la evolución del proceso de extensión del derecho al voto a los extranjeros emprendido por el Gobierno.

EP