La reforma a la Ley de Extranjería que impulsa el gobierno es de "dudosa constitucionalidad"
La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) considera que la reforma de la Ley de Extranjería que impulsó hoy el Consejo de Ministros es de "dudosa constitucionalidad" en lo referente a la ampliación a 70 días (60 de tope y 10 adicionales por orden judicial) del plazo máximo de internamiento para extranjeros que van a ser expulsados del territorio.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la institución, Paco Solans, explicó que el Tribunal Constitucional aceptó en 1987 que el plazo máximo fueran 40 días porque el límite venía fijado por el Convenio Internacional de Extradición como máximo para el internamiento.
Aunque este acuerdo se refería a la retención por la comisión de un delito, se considera internamiento porque es un encarcelamiento previo a la repatriación del extranjero a su país de origen. Por eso en la actualidad, el máximo en que puede permanecer un inmigrante en un Centro de Internamiento (CIE) está fijado en 40 días.
La recientemente aprobada Directiva Europea de Retorno da a los países miembros de la UE la posibilidad de ampliar este plazo incluso hasta los 18 meses. "Si España lo amplía a 60 días, se moverá en este límite y tendrá el beneplácito de la UE, pero, al margen de que un Convenio Internacional tiene más peso que una directiva europea, es dudoso que la Constitución española lo permita", explicó Solans.
Por eso, el CGAE confía en que "alguien plantee esta cuestión ante el Tribunal Constitucional y que éste resuelva" para aclarar la viabilidad de una medida que a juicio de Solans, es "absolutamente innecesaria que se aprueba para aumentar la política represiva de forma gratuita con ánimo de disuasión y de dar imagen de dureza, más que por operatividad". "Si a una persona no se la puede expulsar en 40 días de internamiento, no se la va a poder expulsar en 60", aseguró.
"Opacidad y restricción de derechos"
Esta habría sido una de las observaciones de la Abogacía si como en ocasiones anteriores, el Gobierno hubiera pedido su opinión sobre el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería antes de aprobarlo en Consejo de Ministros. Sin embargo, Solans lamenta que el Gobierno "haya roto con la línea de diálogo de la Legislatura pasada, cuando, al menos, mantenía las formas y consultaba".
De no ser por el "secretismo y la opacidad" que según Solans, ha mantenido el Ministerio de Trabajo sobre este asunto, la Abogacía también habría planteado observaciones sobre las restricciones en la reagrupación familiar, un recorte "lamentable" que a su juicio "no tiene mucho sentido porque la ley ya tiene límites suficientes" y en la actualidad "ya es casi imposible reagrupar a los familiares ascendientes", que sólo se admiten en casos de "necesidad". "Con la reforma, ni siquiera se va a permitir por razones humanitarias", lamentó.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la institución, Paco Solans, explicó que el Tribunal Constitucional aceptó en 1987 que el plazo máximo fueran 40 días porque el límite venía fijado por el Convenio Internacional de Extradición como máximo para el internamiento.
Aunque este acuerdo se refería a la retención por la comisión de un delito, se considera internamiento porque es un encarcelamiento previo a la repatriación del extranjero a su país de origen. Por eso en la actualidad, el máximo en que puede permanecer un inmigrante en un Centro de Internamiento (CIE) está fijado en 40 días.
La recientemente aprobada Directiva Europea de Retorno da a los países miembros de la UE la posibilidad de ampliar este plazo incluso hasta los 18 meses. "Si España lo amplía a 60 días, se moverá en este límite y tendrá el beneplácito de la UE, pero, al margen de que un Convenio Internacional tiene más peso que una directiva europea, es dudoso que la Constitución española lo permita", explicó Solans.
Por eso, el CGAE confía en que "alguien plantee esta cuestión ante el Tribunal Constitucional y que éste resuelva" para aclarar la viabilidad de una medida que a juicio de Solans, es "absolutamente innecesaria que se aprueba para aumentar la política represiva de forma gratuita con ánimo de disuasión y de dar imagen de dureza, más que por operatividad". "Si a una persona no se la puede expulsar en 40 días de internamiento, no se la va a poder expulsar en 60", aseguró.
"Opacidad y restricción de derechos"
Esta habría sido una de las observaciones de la Abogacía si como en ocasiones anteriores, el Gobierno hubiera pedido su opinión sobre el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería antes de aprobarlo en Consejo de Ministros. Sin embargo, Solans lamenta que el Gobierno "haya roto con la línea de diálogo de la Legislatura pasada, cuando, al menos, mantenía las formas y consultaba".
De no ser por el "secretismo y la opacidad" que según Solans, ha mantenido el Ministerio de Trabajo sobre este asunto, la Abogacía también habría planteado observaciones sobre las restricciones en la reagrupación familiar, un recorte "lamentable" que a su juicio "no tiene mucho sentido porque la ley ya tiene límites suficientes" y en la actualidad "ya es casi imposible reagrupar a los familiares ascendientes", que sólo se admiten en casos de "necesidad". "Con la reforma, ni siquiera se va a permitir por razones humanitarias", lamentó.
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