Celestino Corbacho: "Imponer el catalán a los inmigrantes tendría un efecto contraproducente"

No se esconde ante los datos del paro, pero admite que las medidas del Gobierno necesitarán un tiempo para surtir efecto. Ahora su interés inmediato está en explicar con detalle la reforma de la ley de extranjería, con la voluntad de contar con el máximo apoyo en el Congreso. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho (Valverde de Leganés, Badajoz, 1949) habla con contundencia, pero matiza cada una de sus palabras, con el deseo de que la sociedad en su conjunto comprenda el fenómeno de la inmigración, con obligaciones y derechos para los que acuden al mercado laboral español. Y asegura que la obligación de integrar a los inmigrantes debe recaer "en las administraciones", facilitando el aprendizaje del castellano y de las lenguas cooficiales.

--En sus primeras afirmaciones como ministro ya dejó claras sus intenciones en materia de inmigración. Ahora el consejo de ministros acaba de aprobar una reforma de la ley de extranjería. ¿Cómo rebate la crítica de que es una reforma restrictiva para los inmigrantes, justo en una situación de crisis económica?

--Siempre he dicho que el fenómeno de la inmigración no hay que verlo como algo negativo, pero si que hay que gobernarlo. Y para ello se necesitan dos tipos de políticas distintas: por una parte, fortalecer los lazos con los países de origen; y por otra, leyes que garanticen que la inmigración sea legal y ordenada. Y esta ley lo que hace es ordenar el fenómeno. Considero que más que restringir lo que hace es ampliar los derechos de los inmigrantes. Se trata de una reforma de adecuación a los tiempos actuales. Y creo que cualquier análisis que sostenga que es una ley más dura, es un análisis simplista.

--¿Entiende, entonces, que las leyes hay que cambiarlas a medida que cambia la situación y el interés de cada país en una cuestión tan sensible como la inmigración?

-- No me apunto a la idea de que cada vez que tengamos un problema debemos cambiar la ley. No, sería un error. Pero sí estoy a favor de un proceso de reformas de los marcos jurídicos. La sociedad cambia y evoluciona. Es una reforma acotada que ordena algunas cuestiones como la reagrupación familiar, o la extensión de derechos, como la cuestión del voto, el derecho de asociación o sindicación. Se ha acometido con la referencia siempre de la Unión Europea, donde España ha impulsado las políticas de inmigración. La ley también pone en valor el tema de la integración, a que las administraciones deberán promover el conocimiento del castellano o las lenguas cooficiales, como el catalán, para que el inmigrante pueda prosperar.

--¿Cómo obligación?

--No, la ley no obliga al inmigrante. La obligación hay que imponérsela a la administración para que disponga de políticas que den la posibilidad a las personas de aprender el idioma. Imponer el catalán a los inmigrantes, por ejemplo, tendría un efecto contraproducente. Me parece un planteamiento erróneo obligar a las personas.

--¿Cómo se cooperará con las comunidades para favorecer esa integración?

-- La ley incorpora por primera vez la necesidad de que el Estado promueva un plan estratégico para la cooperación con las autonomías y los ayuntamientos. Es una apuesta decidida para facilitar políticas de integración. Y la ley hace una referencia clara, que está en el epicentro, de que la inmigración se debe relacionar con el mercado de trabajo.

--¿No es reduccionista? Es lo que le han criticado desde que asumió el ministerio.

-- Hay discursos que sostienen que esa relación lleva al mercantilismo, pero yo contesto que, si no está relacionado con el mercado de trabajo, lo que sucede es que vamos hacia una degradación del mercado de trabajo y a un debilitamiento del Estado de bienestar. Todo ello, e incido de nuevo, con la necesaria obligación moral y política de colaborar con los países de origen.

--Entonces, ¿con la actual reforma de la ley, se infiere que la reagrupación familiar fue un error?

-- No me atrevería a decir que eso fue un error. La actual ley es del PP y se aprobó en un momento en el que había un millón de inmigrantes, con un país de más de 40 millones. Se consideró que no tendría una gran relevancia esa reagrupación familiar. Lo que falla ahora es que en un país con cuatro millones de tarjetas de residentes parece razonable que la reagrupación familiar se ordene, y es lo que hace la ley, al diferenciar entre familia nuclear, pareja e hijos de menos de 18 años, y familia con ascendientes.

--¿Cómo harán la distinción?

-- En el reglamento habrá que desarrollar las condiciones del inmigrante para el derecho a la reagrupación, que se vincularán a la vivienda y las condiciones económicas. Y los certificados los otorgará el ayuntamiento, no bastará con una declaración de voluntad. Con ello se aporta transparencia a la inmigración.

--¿Y los ascendientes?

--Con el permiso de residencia de larga duración, usando la terminología de la UE, que se obtiene a los cinco años, el inmigrante podrá, con las condiciones económicas y la vivienda adecuadas, optar a la reagrupación de sus padres. Siempre que tengan más de 65 años, para que no distorsionen, precisamente, el mercado laboral.

--¿Y con qué mínimos económicos se establecerá?


--Es lo que debemos fijar, y lo haremos con consultas con expertos. No se trata de condiciones extraordinarias, pero tampoco se trata de permitir una reagrupación en una habitación alquilada. Es razonable que no sea así. Lo que hacemos es ordenar el proceso, en beneficio del propio inmigrante.

--¿Pero esa insistencia en la reagrupación familiar obedece a la experiencia, a que ha habido un abuso por parte del inmigrante? Porque, si no es así, puede parecer que el Gobierno cae en una clara propaganda ante la sociedad.

-- Bueno, no se estaba aprovechando esa situación, pero parece razonable ordenar la situación cuando se tiene un 11% de inmigración, más allá del resultado específico de esa posibilidad de reagrupación. La idea es que sea una ley que dure dos o tres legislaturas, y anticipar lo que hoy no es un problema, pero que podría serlo en un futuro inmediato.

--¿Entonces querrá pactar la reforma con el PP, para que no la cambie cuando llegue al Gobierno?.

-- Sería deseable, porque la ley debería servir para otros gobiernos, más allá de si quiere o no introducir matices. Pero dependerá más del PP que de nosotros. Llevaremos la reforma de la ley al Congreso para conseguir el máximo consenso posible. Pero creo que el PP debe reflexionar si quiere actuar en el espacio de la radicalidad o de la centralidad. Si lo hace en la radicalidad, esta ley no le gustará. Si lo hace en la centralidad, en sintonía con la UE, yo creo que no hay motivos para que no pueda aprobar esta reforma.

--¿Le preocupa que acabe, al margen del impulso de esta ley, como el ministro del paro, tal y como le acusa el PP?

--No, la imputación del PP no me quita el sueño. A mí lo que me preocupa es que si el PP quiere utilizar a los parados para erosionar al Gobierno, los que se sentirán dolidos son los parados. Lo que quieren es que les atienda primero el Gobierno, y es lo que estamos haciendo, pero también la oposición, para que rememos todos en el mismo sentido y puedan abandonar rápidamente su condición de parados.

-- ¿Mantiene, como el presidente del Gobierno, que el paro podría dejar de aumentar o descender ligeramente en primavera?

--Empieza a ver síntomas de esperanza y confianza, con una baja inflación y tipos de interés más reducidos, y también porque en ese momento, con las políticas activas del Gobierno, se podrían crear unos 300.000 puestos de trabajo.