Proponen en el Congreso otra regularización
¿Una nueva regularización de inmigrantes en plena crisis económica? No sólo los extranjeros 'sin papeles' piensan que esto es viable, también los representantes del partido Izquierda Unida (IU) en el Congreso de los Diputados.
Esta formación ha presentado una proposición no de Ley, por la que insta a que el Gobierno valide los contratos de trabajo establecidos con personas en edad laboral procedentes de países no comunitarios, siempre que estén empadronadas en España.
El texto es claro: reclama al Ejecutivo que presente al Parlamento una reforma de la Ley de Extranjería y las normas laborales y de Seguridad Social, para que se haga efectiva esta medida. Añade que los contratos no suscritos por escrito entre empresarios y ciudadanos de terceros países, tendrán el mismo tratamiento y consecuencias que las establecidas en el Estatuto de los Trabajadores para los contratos verbales.
El coordinador general de IU, Cayo Lara, explicó que el objetivo de esta iniciativa es que no haya en España "ni un solo puesto de trabajo sin contrato laboral, y que no haya ni un solo trabajador sin alta en la Seguridad Social" y que surge como consecuencia del accidente de un trabajador boliviano en una panificadora de Gandía (Valencia).
Lara explicó que el padrón municipal a 1 de enero de 2009 señala que hay 3,3 millones de extranjeros no comunitarios en España, mientras que los datos del Ministerio de Trabajo recogen que hay 2,7 millones de tarjetas de residencia concedidas. A su juicio, esta diferencia de datos permite establecer que hay unos 530.000 inmigrantes empadronados en España en presumible situación de irregularidad. Entre ellos, unas 400.000 están demandando empleo.
La opción para ellas es que "o se meten en la economía sumergida, o simplemente delinquen o caen en la mendicidad, porque cuando a un inmigrante no regularizado se le dice que nadie le puede contratar en España y no se adoptan órdenes de expulsión -de las que IU no es partidaria-, lo que se le está diciendo es que esté en esa economía sumergida, que delinca, que se marche a su país y se le lleva a una situación sin salida", comentó.
El objetivo de la propuesta en el Parlamento, es acabar con el 'dumping laboral' que provocan relaciones laborales sin contrato, "irregulares", así como reducir la economía sumergida en España, aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social, velar por los derechos laborales y de seguridad de los trabajadores y reducir el fraude fiscal.
"Esperamos que el Gobierno tenga en cuenta esta iniciativa de IU, que sea aprobada en la Cámara, porque con ello se contribuye a resolver una parte importante de los problemas. Se trata de separar el contrato de trabajo del permiso de residencia", subrayó. Finalmente, apostó también por aumentar la Inspección de Trabajo para impedir condiciones de contratación sin altas en Seguridad Social y sin derechos laborales.
EP
Esta formación ha presentado una proposición no de Ley, por la que insta a que el Gobierno valide los contratos de trabajo establecidos con personas en edad laboral procedentes de países no comunitarios, siempre que estén empadronadas en España.
El texto es claro: reclama al Ejecutivo que presente al Parlamento una reforma de la Ley de Extranjería y las normas laborales y de Seguridad Social, para que se haga efectiva esta medida. Añade que los contratos no suscritos por escrito entre empresarios y ciudadanos de terceros países, tendrán el mismo tratamiento y consecuencias que las establecidas en el Estatuto de los Trabajadores para los contratos verbales.
El coordinador general de IU, Cayo Lara, explicó que el objetivo de esta iniciativa es que no haya en España "ni un solo puesto de trabajo sin contrato laboral, y que no haya ni un solo trabajador sin alta en la Seguridad Social" y que surge como consecuencia del accidente de un trabajador boliviano en una panificadora de Gandía (Valencia).
Lara explicó que el padrón municipal a 1 de enero de 2009 señala que hay 3,3 millones de extranjeros no comunitarios en España, mientras que los datos del Ministerio de Trabajo recogen que hay 2,7 millones de tarjetas de residencia concedidas. A su juicio, esta diferencia de datos permite establecer que hay unos 530.000 inmigrantes empadronados en España en presumible situación de irregularidad. Entre ellos, unas 400.000 están demandando empleo.
La opción para ellas es que "o se meten en la economía sumergida, o simplemente delinquen o caen en la mendicidad, porque cuando a un inmigrante no regularizado se le dice que nadie le puede contratar en España y no se adoptan órdenes de expulsión -de las que IU no es partidaria-, lo que se le está diciendo es que esté en esa economía sumergida, que delinca, que se marche a su país y se le lleva a una situación sin salida", comentó.
El objetivo de la propuesta en el Parlamento, es acabar con el 'dumping laboral' que provocan relaciones laborales sin contrato, "irregulares", así como reducir la economía sumergida en España, aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social, velar por los derechos laborales y de seguridad de los trabajadores y reducir el fraude fiscal.
"Esperamos que el Gobierno tenga en cuenta esta iniciativa de IU, que sea aprobada en la Cámara, porque con ello se contribuye a resolver una parte importante de los problemas. Se trata de separar el contrato de trabajo del permiso de residencia", subrayó. Finalmente, apostó también por aumentar la Inspección de Trabajo para impedir condiciones de contratación sin altas en Seguridad Social y sin derechos laborales.
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