EL VOTO LIMITADO DE LOS INMIGRANTES
La propuesta del PSOE surgida de su congreso de julio para que todos los extranjeros residentes (y no sólo los de la Unión Europea, como hasta ahora) puedan votar en los comicios municipales ha levantado una gran polvareda política. Desde el PP se les acusó de centrarse en temas que no interesan a la ciudadanía para no hablar de la crisis económica, así como de dar bandazos en su política de inmigración. Desde Izquierda Unida (IU) su coordinador general, Gaspar Llamazares, uno de los primeros políticos españoles en proponer esta ampliación de derechos y que lleva encabezando enmiendas sobre este tema desde hace dos legislaturas, reprochó con sorna al Gobierno el “haber descubierto la pólvora”. En el resto de los partidos, pese a estar de acuerdo en el espíritu de la propuesta, existe escepticismo sobre las posibilidades de que se superen las numerosas dificultades técnicas y pueda entrar en vigor. Sin embargo, el debate en que casi ninguna fuerza política ha querido entrar es el de ampliar el futuro derecho de voto de los inmigrantes a las elecciones autonómicas y legislativas. Es decir, que además de poder elegir a sus representantes municipales, los extranjeros residentes tengan derecho a votar a los líderes de sus comunidades autónomas y al presidente del Gobierno.
Apoyo escaso.
Sólo Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds abogan claramente por extender el voto inmigrante a todos los procesos electorales. Así, IU-ICV presentaron a comienzos de la presente legislatura una proposición de ley orgánica para que los extranjeros que gozasen del estatuto de residencia permanente pudieran votar en las elecciones generales y europeas. “Es necesaria una interpretación abierta del voto inmi - grante y dejar a un lado planteamientos anacrónicos”, afi rma Gaspar Llamazares, que sostiene además que ya es hora de ver a los inmigrantes como verdaderos ciudadanos y no como mera “mano de obra”. Afi rma también que si hasta ahora no se ha profundizado en el derecho al voto de los inmigrantes ha sido por falta de voluntad política. “No ha sido tanto por cálculo electoral –aclara– sino por un prejuicio latente frente a la inmigración”. Lo cierto es que son muy pocos los países que dejan votar a sus extranjeros residentes en los comicios regionales y legislativos. Se trata de una circunstancia inédita en Europa occidental y con muy pocas excepciones en el resto del mundo. Chile, un país con una tradición centenaria de acogida a inmigrantes, es una de ellas. Fuentes de la embajada en Madrid confi rman que los “extranjeros avecindados” pueden votar en los comicios municipales, parlamentarios y presidenciales, e incluso están exentos de sanción administrativa en caso de inscribirse en el censo electoral y no acudir a votar, algo que no ocurre con los ciudadanos chilenos. Por otro lado, las organizaciones de inmigrantes en España se muestran pesimistas sobre la posibilidad de que el voto extranjero se extienda a convocatorias electorales distintas de las municipales. La razón es que “podrían afectar a la soberanía nacional”, opina Kemal Rahmouni, presidente de la mayoritaria Asociación de Trabajadores Marroquíes en España. Tal vez la razón principal por la que la posibilidad de que los inmigrantes extracomunitarios voten en las generales y autonómicas no haya sido siquiera debatida por los partidos políticos es que no está contemplada en la Constitución española. Ésta prevé el voto de los extranjeros residentes en los comicios locales, pero no menciona que este derecho se pueda ampliar a ninguna otra convocatoria electoral. En este punto, la mayoría de los partidos políticos se muestran inflexibles y subrayan que no se puede legislar más allá de los límites que marca la Constitución.
Negativa de los partidos
José Antonio Alonso, portavoz parlamentario socialista en el Congreso y que encabeza un grupo de trabajo del PSOE para tratar este asunto, afirmó que el derecho al voto de los inmigrantes en las municipales es una cuestión es“de decencia ética y democrática”. Sin embargo, parece que tos valores se suscriben tan sólo a la elección de alcaldes. Todas las fuentes socialistas consultadas, tanto del Parlamento como del partido, coinciden en limitar a “sólo en las municipales” el sufragio extranjero. Rafael Hernando, portavoz de Inmigración del PP en el Congreso, se expresa en términos parecidos. “Se trataría de una medida inconstitucional –declara a esta revista–. Si los inmigrantes quieren votar en las autonómicas y generales, lo que han de hacer es nacionalizarse”. Los dos partidos nacionalistas moderados mantienen posiciones distintas. Convergència i Unió (CiU) suscribe el discurso constitucionalista de PP y PSOE para rechazar esta ampliación de derechos. Carles Campuzano, diputado convergente en el Congreso, opina que “la participación política es plena cuando se posee la ciudadanía” y que a lo sumo habría que reflexionar “si el sistema es justo”, en referencia a las grandes diferencias de tiempo que tarda un extranjero en nacionalizarse, que va desde los dos años de un ecuatoriano a los diez de un marroquí. El PNV mantiene una postura abierta en este asunto. Aitor Esteban, diputado en el Congreso, afirma que ampliar el derecho de voto de los extranjeros resin dentes a autonómicas y generales “sería estudiable”. “Podría ser un motivo para cambiar la Constitución mucho más válido que otros que se han planteado, como el tema de la sucesión de la Corona”, afirma . Los partidos del Grupo Mixto del Congreso, con las excepciones de IU e ICV, tampoco son partidarios de que los extranjeros residentes voten en las autonómicas y generales. Nuria Cuenca, secretaria de Justicia e Inmigración de Esquerra Republicana (ERC), sostiene que “el Estado aún no está preparado” para que los extranjeros voten más allá de los comicios municipales, al tiempo que afirma que en cuestiones de inmigración hay prioridades más acuciantes. Otros partidos explican su rechazo a esta propuesta apelando al concepto de ciudadanía. “Habría que cambiar la concepción del principio de pertenencia al Estado”, sostiene Fernando Ríos, secretario de Autogobierno de Coalición Canaria (CC). “Además –añade– no existe una demanda social sobre este asunto ni en Europa ni en España”. Francisco Jorquera, portavoz del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso, también vincula el voto en los comicios autonómicos y legislativos con la ciudadanía, e incluso va más allá: “Es una cuestión de soberanía”, dice. Sin embargo se muestra favorable a agilizar los trámites para la nacionalización de extranjeros, lo mismo que Carlos Martínez Gorriarán, dirigente, co-fundador e ideólogo del partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD). Además de acelerar los trámites necesarios para la nacionalización, Gorriarán se muestra partidario de profundizar en acuerdos de doble ciudadanía más amplios que facilitaran el acceso de los inmigrantes a todas las convocatorias electorales “aunque siempre –matiza– dentro de unas cautelas lógicas, como un periodo de residencia debidamente comprobado”.
Apoyo escaso.
Sólo Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds abogan claramente por extender el voto inmigrante a todos los procesos electorales. Así, IU-ICV presentaron a comienzos de la presente legislatura una proposición de ley orgánica para que los extranjeros que gozasen del estatuto de residencia permanente pudieran votar en las elecciones generales y europeas. “Es necesaria una interpretación abierta del voto inmi - grante y dejar a un lado planteamientos anacrónicos”, afi rma Gaspar Llamazares, que sostiene además que ya es hora de ver a los inmigrantes como verdaderos ciudadanos y no como mera “mano de obra”. Afi rma también que si hasta ahora no se ha profundizado en el derecho al voto de los inmigrantes ha sido por falta de voluntad política. “No ha sido tanto por cálculo electoral –aclara– sino por un prejuicio latente frente a la inmigración”. Lo cierto es que son muy pocos los países que dejan votar a sus extranjeros residentes en los comicios regionales y legislativos. Se trata de una circunstancia inédita en Europa occidental y con muy pocas excepciones en el resto del mundo. Chile, un país con una tradición centenaria de acogida a inmigrantes, es una de ellas. Fuentes de la embajada en Madrid confi rman que los “extranjeros avecindados” pueden votar en los comicios municipales, parlamentarios y presidenciales, e incluso están exentos de sanción administrativa en caso de inscribirse en el censo electoral y no acudir a votar, algo que no ocurre con los ciudadanos chilenos. Por otro lado, las organizaciones de inmigrantes en España se muestran pesimistas sobre la posibilidad de que el voto extranjero se extienda a convocatorias electorales distintas de las municipales. La razón es que “podrían afectar a la soberanía nacional”, opina Kemal Rahmouni, presidente de la mayoritaria Asociación de Trabajadores Marroquíes en España. Tal vez la razón principal por la que la posibilidad de que los inmigrantes extracomunitarios voten en las generales y autonómicas no haya sido siquiera debatida por los partidos políticos es que no está contemplada en la Constitución española. Ésta prevé el voto de los extranjeros residentes en los comicios locales, pero no menciona que este derecho se pueda ampliar a ninguna otra convocatoria electoral. En este punto, la mayoría de los partidos políticos se muestran inflexibles y subrayan que no se puede legislar más allá de los límites que marca la Constitución.
Negativa de los partidos
José Antonio Alonso, portavoz parlamentario socialista en el Congreso y que encabeza un grupo de trabajo del PSOE para tratar este asunto, afirmó que el derecho al voto de los inmigrantes en las municipales es una cuestión es“de decencia ética y democrática”. Sin embargo, parece que tos valores se suscriben tan sólo a la elección de alcaldes. Todas las fuentes socialistas consultadas, tanto del Parlamento como del partido, coinciden en limitar a “sólo en las municipales” el sufragio extranjero. Rafael Hernando, portavoz de Inmigración del PP en el Congreso, se expresa en términos parecidos. “Se trataría de una medida inconstitucional –declara a esta revista–. Si los inmigrantes quieren votar en las autonómicas y generales, lo que han de hacer es nacionalizarse”. Los dos partidos nacionalistas moderados mantienen posiciones distintas. Convergència i Unió (CiU) suscribe el discurso constitucionalista de PP y PSOE para rechazar esta ampliación de derechos. Carles Campuzano, diputado convergente en el Congreso, opina que “la participación política es plena cuando se posee la ciudadanía” y que a lo sumo habría que reflexionar “si el sistema es justo”, en referencia a las grandes diferencias de tiempo que tarda un extranjero en nacionalizarse, que va desde los dos años de un ecuatoriano a los diez de un marroquí. El PNV mantiene una postura abierta en este asunto. Aitor Esteban, diputado en el Congreso, afirma que ampliar el derecho de voto de los extranjeros resin dentes a autonómicas y generales “sería estudiable”. “Podría ser un motivo para cambiar la Constitución mucho más válido que otros que se han planteado, como el tema de la sucesión de la Corona”, afirma . Los partidos del Grupo Mixto del Congreso, con las excepciones de IU e ICV, tampoco son partidarios de que los extranjeros residentes voten en las autonómicas y generales. Nuria Cuenca, secretaria de Justicia e Inmigración de Esquerra Republicana (ERC), sostiene que “el Estado aún no está preparado” para que los extranjeros voten más allá de los comicios municipales, al tiempo que afirma que en cuestiones de inmigración hay prioridades más acuciantes. Otros partidos explican su rechazo a esta propuesta apelando al concepto de ciudadanía. “Habría que cambiar la concepción del principio de pertenencia al Estado”, sostiene Fernando Ríos, secretario de Autogobierno de Coalición Canaria (CC). “Además –añade– no existe una demanda social sobre este asunto ni en Europa ni en España”. Francisco Jorquera, portavoz del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso, también vincula el voto en los comicios autonómicos y legislativos con la ciudadanía, e incluso va más allá: “Es una cuestión de soberanía”, dice. Sin embargo se muestra favorable a agilizar los trámites para la nacionalización de extranjeros, lo mismo que Carlos Martínez Gorriarán, dirigente, co-fundador e ideólogo del partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD). Además de acelerar los trámites necesarios para la nacionalización, Gorriarán se muestra partidario de profundizar en acuerdos de doble ciudadanía más amplios que facilitaran el acceso de los inmigrantes a todas las convocatorias electorales “aunque siempre –matiza– dentro de unas cautelas lógicas, como un periodo de residencia debidamente comprobado”.
