Cataluña reclama aprobar el derecho al voto
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El Pacto Nacional por la Inmigración incorporará aportaciones de las entidades.
La consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, presentó el documento de bases para el Pacto Nacional para la Inmigración. Junto a Oriol Amoròs, Secretario para la Inmigración, Capdevila explicó que ahora hace falta conseguir el consenso con el resto de fuerzas políticas para que la aplicación de las recomendaciones del documento se hagan efectivas, ya que no todas las competencias necesarias para ponerlo en práctica están en manos de la Generalitat. También podrían ser necesarias algunas reformas legislativas importantes para que las medidas que propone el Pacto puedan implementarse.
“El Pacto Nacional para la Inmigración es un pacto para vivir juntos” y “dar respuesta a las demandas y necesidades de la ciudadanía en cuanto al tema de la inmigración”, dijo Capdevila. El documento, que incluye 50 propuestas para garantizar una buena convivencia y cohesión social entre la ciudadanía, nace del trabajo de 80 profesionales de distintas administraciones y entidades que han hecho un primer diagnóstico de la situación social en materia de inmigración.
Sobre ese guión trabajaron posteriormente otros expertos, que estructuraron sus conclusiones en el texto al que la prensa ha tenido acceso hoy y en base al cual se abre una nueva etapa de participación hasta junio. La ciudadanía puede ahora sumarse en el proceso de elaboración del Documento de Negociación, que tomará forma ahora por medio del trabajo y las aportaciones de asociaciones y entidades. Los ciudadanos particulares también pueden hacer sus aportaciones en la web www.gencat.cat/dasc/pni.
50 nuevas medidas
El documento del Pacto desarrolla las tres demandas principales de la población en relación al hecho migratorio: la ordenación de los flujos, la adaptación de servicios públicos básicos a las nuevas necesidades y el desarrollo de políticas de integración. “A cada uno de estos retos”, dijo Capdevila, “responderemos con 65 medidas que ya se están llevando a cabo y otras 50 nuevas”, que son las que se proponen ahora por medio del documento.
En cuanto a la adaptación de los servicios públicos, la administración quiere impulsar la unificación del criterio de inscripción al padrón municipal y la creación de un servicio de acogida que asegure un proceso satisfactorio en la integración de aquellos que llegan al país. También se busca dimensionar adecuadamente los servicios públicos básicos para evitar su pérdida de calidad, así como crear mecanismos de detección de situaciones críticas que pueden tensionar la cohesión social y la convivencia cuando los recursos no son suficientes. En la escolarización, el documento propone modelos de zonificación escolar integradores.
El desarrollo de las políticas de integración en la cultura pública catalana se implementaría, según comentó Capdevila, por medio del fomento de la incorporación de “los nuevos catalanes y catalanas a las entidades culturales, deportivas, las ludotecas y los esplais”. La consejera también explicó que el Pacto porpone la concesión del voto para ciudadanos extranjeros a partir de los 5 años de residencia regular y la rebaja del requisito de 10 a 5 años de residencia para la obtención de la plena ciudadanía. Además, el Pacto sugiere la creación de un Observatorio de las Migraciones y la adopción del compromiso por parte de los partidos políticos de no utilizar instrumentalmente a la inmigración en época de elecciones.
Ordenación de flujos
Otro de los objetivos del Pacto es romper tópicos y paradojas alrededor del tema de la inmigración, aunque sea con un criterio un poco utilitarista de las personas que vienen a vivir y trabajar al país. “Muchas veces contrasta la necesidad de mano de obra que tenemos en Cataluña con la percepción de los ciudadanos sobre la inmigración”, explicó Capdevila, que aclaró que por lo tanto “es el crecimiento económico la causa de la alta tasa de inmigración”. Oriol Amoròs, en la misma línea, agregó que en Cataluña “tenemos inmigración porque nuestro mercado laboral ha pedido que la tengamos”. Amoròs explicó que hay sectores económicos que no podrían existir sin la nueva fuerza de trabajo, como el de la atención a las personas dependientes o algunas actividades agrícolas.
Una vez que justificada la necesidad de que los inmigrantes vivan en el país, la apuesta autonómica es fomentar la ocupación de aquellos que están establecidos aquí por medio de distintas medidas, como la unificación del permiso de trabajo con el de residencia, para que los reagrupados puedan acceder al mercado laboral. “Entendemos que se les ha de abrir la puerta a las mujeres y jóvenes que en este momento no pueden acceder al mercado de trabajo”, dijo Capdevila.
La administración también quiere promover la ocupación del colectivo inmigrante en tareas como la asistencia a personas dependientes, promover gestiones legislativas que rompan las barreras que tiene ahora el colectivo para acceder a la función pública y hacer aflorar sectores altamente calificados por medio de la agilización de las homologaciones.
El Pacto Nacional por la Inmigración incorporará aportaciones de las entidades.
La consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, presentó el documento de bases para el Pacto Nacional para la Inmigración. Junto a Oriol Amoròs, Secretario para la Inmigración, Capdevila explicó que ahora hace falta conseguir el consenso con el resto de fuerzas políticas para que la aplicación de las recomendaciones del documento se hagan efectivas, ya que no todas las competencias necesarias para ponerlo en práctica están en manos de la Generalitat. También podrían ser necesarias algunas reformas legislativas importantes para que las medidas que propone el Pacto puedan implementarse.
“El Pacto Nacional para la Inmigración es un pacto para vivir juntos” y “dar respuesta a las demandas y necesidades de la ciudadanía en cuanto al tema de la inmigración”, dijo Capdevila. El documento, que incluye 50 propuestas para garantizar una buena convivencia y cohesión social entre la ciudadanía, nace del trabajo de 80 profesionales de distintas administraciones y entidades que han hecho un primer diagnóstico de la situación social en materia de inmigración.
Sobre ese guión trabajaron posteriormente otros expertos, que estructuraron sus conclusiones en el texto al que la prensa ha tenido acceso hoy y en base al cual se abre una nueva etapa de participación hasta junio. La ciudadanía puede ahora sumarse en el proceso de elaboración del Documento de Negociación, que tomará forma ahora por medio del trabajo y las aportaciones de asociaciones y entidades. Los ciudadanos particulares también pueden hacer sus aportaciones en la web www.gencat.cat/dasc/pni.
50 nuevas medidas
El documento del Pacto desarrolla las tres demandas principales de la población en relación al hecho migratorio: la ordenación de los flujos, la adaptación de servicios públicos básicos a las nuevas necesidades y el desarrollo de políticas de integración. “A cada uno de estos retos”, dijo Capdevila, “responderemos con 65 medidas que ya se están llevando a cabo y otras 50 nuevas”, que son las que se proponen ahora por medio del documento.
En cuanto a la adaptación de los servicios públicos, la administración quiere impulsar la unificación del criterio de inscripción al padrón municipal y la creación de un servicio de acogida que asegure un proceso satisfactorio en la integración de aquellos que llegan al país. También se busca dimensionar adecuadamente los servicios públicos básicos para evitar su pérdida de calidad, así como crear mecanismos de detección de situaciones críticas que pueden tensionar la cohesión social y la convivencia cuando los recursos no son suficientes. En la escolarización, el documento propone modelos de zonificación escolar integradores.
El desarrollo de las políticas de integración en la cultura pública catalana se implementaría, según comentó Capdevila, por medio del fomento de la incorporación de “los nuevos catalanes y catalanas a las entidades culturales, deportivas, las ludotecas y los esplais”. La consejera también explicó que el Pacto porpone la concesión del voto para ciudadanos extranjeros a partir de los 5 años de residencia regular y la rebaja del requisito de 10 a 5 años de residencia para la obtención de la plena ciudadanía. Además, el Pacto sugiere la creación de un Observatorio de las Migraciones y la adopción del compromiso por parte de los partidos políticos de no utilizar instrumentalmente a la inmigración en época de elecciones.
Ordenación de flujos
Otro de los objetivos del Pacto es romper tópicos y paradojas alrededor del tema de la inmigración, aunque sea con un criterio un poco utilitarista de las personas que vienen a vivir y trabajar al país. “Muchas veces contrasta la necesidad de mano de obra que tenemos en Cataluña con la percepción de los ciudadanos sobre la inmigración”, explicó Capdevila, que aclaró que por lo tanto “es el crecimiento económico la causa de la alta tasa de inmigración”. Oriol Amoròs, en la misma línea, agregó que en Cataluña “tenemos inmigración porque nuestro mercado laboral ha pedido que la tengamos”. Amoròs explicó que hay sectores económicos que no podrían existir sin la nueva fuerza de trabajo, como el de la atención a las personas dependientes o algunas actividades agrícolas.
Una vez que justificada la necesidad de que los inmigrantes vivan en el país, la apuesta autonómica es fomentar la ocupación de aquellos que están establecidos aquí por medio de distintas medidas, como la unificación del permiso de trabajo con el de residencia, para que los reagrupados puedan acceder al mercado laboral. “Entendemos que se les ha de abrir la puerta a las mujeres y jóvenes que en este momento no pueden acceder al mercado de trabajo”, dijo Capdevila.
La administración también quiere promover la ocupación del colectivo inmigrante en tareas como la asistencia a personas dependientes, promover gestiones legislativas que rompan las barreras que tiene ahora el colectivo para acceder a la función pública y hacer aflorar sectores altamente calificados por medio de la agilización de las homologaciones.
