Críticas a la «asimilación cultural» de la Ley de acogida
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía se convirtió ayer en el único partido catalán que denunció la imposición del catalán a los inmigrantes en el proyecto de Ley de acogida de inmigrantes aprobado el martes por el Govern. Un proyecto con el que la Generalitat espera «homogeneizar» las acreditaciones de arraigo emitidas por los ayuntamientos en los procesos de extranjería en base a la asistencia de los inmigrantes a cursos de catalán y cultura catalana organizados por la Generalitat.
Este texto «oculta y falsea» la realidad plural catalana y pretende fomentar la construcción nacional «a costa del inmigrante» en opinión de Ciudadanos ante el proyecto tripartito para reforzar el aprendizaje del catalán entre los extranjeros.
Para Ciutadans, los socios del Gobierno catalán «ignoran que Cataluña forma parte de España y que el castellano tiene un potencial integrador superior al catalán». Por ello, el partido que lidera Albert Rivera concluyó que la integración real de los inmigrantes «importa poco» al tripartito porque sus leyes «sólo tienen como objetivo la asimilación y homogeneización cultural en aras de la construcción nacional de Cataluña».
El proyecto del Govern prevé extender los cursos para inmigrantes a toda Cataluña en 2015 y la consellera de Acción Social, Carme Capdevila, anunció el martes su intención de negociar con el Gobierno que el certificado expedido por la Generalitat tenga carácter oficial en los procesos de extranjería. La Generalitat prevé impartir 11.000 cursos de catalán a inmigrantes, frente a los 2.500 actuales, con este proyecto, que tendrá un coste de 34 millones anuales en 2015.
Pago de tasas
Por otro lado, SOS Racismo y CC.OO. han denunciado que el proyecto de ley de acogida de las personas inmigrantes y retornadas a Cataluña que el martes aprobó el Govern «prevé que los inmigrantes paguen unas tasas» por el servicio de acogida y los cursos de formación.
El secretario de Inmigración de CC.OO. en Cataluña, Ghassan Saliba, y la portavoz de SOS Racismo, Begoña Sánchez, señalaron que ambas asociaciones han estado presentes en el proceso de participación de elaboración de la ley y están de acuerdo en «las líneas generales» del proyecto legislativo. No obstante, Saliba consideró preocupante que «los inmigrantes tengan que pagar por los cursos».
«Hay países donde los inmigrantes cobran por asistir a estos cursos. Yo no digo que aquí tengamos que hacer lo mismo, pero tampoco me parece bien que los recién llegados tengan que pagar por este servicio público», concluyó el dirigente sindical.
Este texto «oculta y falsea» la realidad plural catalana y pretende fomentar la construcción nacional «a costa del inmigrante» en opinión de Ciudadanos ante el proyecto tripartito para reforzar el aprendizaje del catalán entre los extranjeros.
Para Ciutadans, los socios del Gobierno catalán «ignoran que Cataluña forma parte de España y que el castellano tiene un potencial integrador superior al catalán». Por ello, el partido que lidera Albert Rivera concluyó que la integración real de los inmigrantes «importa poco» al tripartito porque sus leyes «sólo tienen como objetivo la asimilación y homogeneización cultural en aras de la construcción nacional de Cataluña».
El proyecto del Govern prevé extender los cursos para inmigrantes a toda Cataluña en 2015 y la consellera de Acción Social, Carme Capdevila, anunció el martes su intención de negociar con el Gobierno que el certificado expedido por la Generalitat tenga carácter oficial en los procesos de extranjería. La Generalitat prevé impartir 11.000 cursos de catalán a inmigrantes, frente a los 2.500 actuales, con este proyecto, que tendrá un coste de 34 millones anuales en 2015.
Pago de tasas
Por otro lado, SOS Racismo y CC.OO. han denunciado que el proyecto de ley de acogida de las personas inmigrantes y retornadas a Cataluña que el martes aprobó el Govern «prevé que los inmigrantes paguen unas tasas» por el servicio de acogida y los cursos de formación.
El secretario de Inmigración de CC.OO. en Cataluña, Ghassan Saliba, y la portavoz de SOS Racismo, Begoña Sánchez, señalaron que ambas asociaciones han estado presentes en el proceso de participación de elaboración de la ley y están de acuerdo en «las líneas generales» del proyecto legislativo. No obstante, Saliba consideró preocupante que «los inmigrantes tengan que pagar por los cursos».
«Hay países donde los inmigrantes cobran por asistir a estos cursos. Yo no digo que aquí tengamos que hacer lo mismo, pero tampoco me parece bien que los recién llegados tengan que pagar por este servicio público», concluyó el dirigente sindical.
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