Cataluña y Andalucía tramitarán con el Estado permisos de residencia
El Consejo de Ministros aprobó el viernes un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Extranjería para adaptarlo a los estatutos de Cataluña y Andalucía, que se atribuyen la competencia para autorizar el trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en su territorio.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, indicó que se trata de una "adaptación" de la legislación "para evitar que la intervención de dos administraciones que tienen competencias compartidas altere el buen servicio al ciudadano".
En este sentido, señaló que la competencia de autorizar el trabajo de los extranjeros que recogen los estatutos de autonomía de algunas comunidades autónomas "se trata de una atribución que debe ejercerse en coordinación con el Gobierno, ya que es la autoridad competente en materia de residencia".
Así, de acuerdo al Real Decreto aprobado, se emitirá "una sola resolución conjunta de ambas administraciones para las solicitudes de residencia y de trabajo", por lo que sólo habrá "un único procedimiento", lo que hará "más eficaz y más ágil" la gestión de las solicitudes, aseguró De la Vega, que calificó el procedimiento de "magnífico modelo de cooperación entre administraciones".
La administración autonómica y la estatal ejercerán sus competencias a través de un procedimiento único que, soportado internamente por un sistema informático innovador, permitirá compartir información y ahorrar trámites, así como que ambas administraciones conozcan el estado de tramitación en todo momento.
Esta reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería tiene lugar tras la consecución del primer acuerdo de traspaso de la gestión de las autorizaciones iniciales de trabajo a la Comunidad Autónoma de Cataluña, y coincide con un ajuste en materia de modificación y renovación de autorizaciones consecuencia de un acuerdo de diálogo social.
La Comunidad Autónoma de Cataluña ha sido la primera autonomía con la que el Gobierno ha llegado a un acuerdo sobre este procedimiento de extranjería en sus términos fundamentales. Sin embargo, la seguridad jurídica y la posibilidad de que las demás Comunidades Autónomas que tienen reconocida esta competencia en sus estatutos puedan desarrollarla requerían una regulación en la legislación estatal, según el Ejecutivo.
EP
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, indicó que se trata de una "adaptación" de la legislación "para evitar que la intervención de dos administraciones que tienen competencias compartidas altere el buen servicio al ciudadano".
En este sentido, señaló que la competencia de autorizar el trabajo de los extranjeros que recogen los estatutos de autonomía de algunas comunidades autónomas "se trata de una atribución que debe ejercerse en coordinación con el Gobierno, ya que es la autoridad competente en materia de residencia".
Así, de acuerdo al Real Decreto aprobado, se emitirá "una sola resolución conjunta de ambas administraciones para las solicitudes de residencia y de trabajo", por lo que sólo habrá "un único procedimiento", lo que hará "más eficaz y más ágil" la gestión de las solicitudes, aseguró De la Vega, que calificó el procedimiento de "magnífico modelo de cooperación entre administraciones".
La administración autonómica y la estatal ejercerán sus competencias a través de un procedimiento único que, soportado internamente por un sistema informático innovador, permitirá compartir información y ahorrar trámites, así como que ambas administraciones conozcan el estado de tramitación en todo momento.
Esta reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería tiene lugar tras la consecución del primer acuerdo de traspaso de la gestión de las autorizaciones iniciales de trabajo a la Comunidad Autónoma de Cataluña, y coincide con un ajuste en materia de modificación y renovación de autorizaciones consecuencia de un acuerdo de diálogo social.
La Comunidad Autónoma de Cataluña ha sido la primera autonomía con la que el Gobierno ha llegado a un acuerdo sobre este procedimiento de extranjería en sus términos fundamentales. Sin embargo, la seguridad jurídica y la posibilidad de que las demás Comunidades Autónomas que tienen reconocida esta competencia en sus estatutos puedan desarrollarla requerían una regulación en la legislación estatal, según el Ejecutivo.
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