STOP!!! La persiana se baja.
Trabajo eliminará los contratos en origen de inmigrantes para luchar contra el paro en España
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció ayer que revisará «en profundidad el catálogo de contrataciones en origen, para aproximarse al punto cero», como una de las medidas para frenar el crecimiento del desempleo en España.
Tras la primera reunión de la comisión de seguimiento y evaluación del diálogo social, Corbacho anunció que no piensa llevar al Congreso un plan de contrataciones en origen tan generoso como el de años anteriores, pues «no parece razonable que en un mercado de trabajo como el español, que ya cuenta con 2,5 millones de parados, se recurra a más de 88.000 contrataciones por este sistema».
No obstante, el ministro puntualizó que de este ajuste se exceptuarán las contrataciones especializadas y aquellas relacionadas con convenios internacionales.
Horas antes, en declaraciones a RNE, Corbacho, reconoció que «es posible» que el INEM entre en déficit por el mayor gasto que está efectuando para pagar las prestaciones por desempleo ante el alza del paro, pero insistió en que la protección está garantizada y que ningún trabajador que cotice va a perder este derecho.
El Gobierno se compromete a informar a sindicatos y empresarios de sus iniciativas laborales
El titular de Trabajo señaló que si el INEM, ahora con superávit, agota su presupuesto y entra en situación deficitaria, el Estado se encargaría de garantizar el cobro del paro a los trabajadores cotizantes que se queden en el desempleo.
En este sentido, el ministro insistió en que las prestaciones por desempleo son «un derecho que está garantizado y no se va a cuestionar», y afirmó que, aunque no es partidario de políticas deficitarias, el Gobierno no piensa discutir por «una o dos décimas» de déficit cuando se trata de proteger a los desempleados.
Corbacho reiteró que las prestaciones estarán en todo caso garantizadas tras la reunión con los agentes sociales, en la que se estableció un calendario de trabajo para el estudio de medidas coyunturales, que se resumen en mejoras de los servicios públicos de empleo, de la formación profesional, del estatuto de los trabajadores autónomos y en evaluar los planes y programas de empleo existentes para adecuarlos a las circunstancias actuales.
En concreto, el ministro aseguró que «lo importante es ponernos a trabajar e identificar las materias importantes para priorizar y superar la situación de crisis lo antes posible». Por ello, empresarios, sindicatos y ministerio colaborarán para «mejorar y modernizar los servicios públicos de empleo para adaptar las políticas activas atendiendo a las nuevas necesidades».
Además, Trabajo se compromete a «trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación para mejorar la formación profesional». En cuanto al Estatuto de Trabajo Autónomo los objetivos principales en su desarrollo serán aumentar el nivel de seguridad y protección de lo trabajadores y «aprovechar la potencialidad de las capacidades individuales».
Corbacho se comprometió además a informar a la Comisión de seguimiento de los acuerdos que adopte el Ejecutivo en materia laboral.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció ayer que revisará «en profundidad el catálogo de contrataciones en origen, para aproximarse al punto cero», como una de las medidas para frenar el crecimiento del desempleo en España.
Tras la primera reunión de la comisión de seguimiento y evaluación del diálogo social, Corbacho anunció que no piensa llevar al Congreso un plan de contrataciones en origen tan generoso como el de años anteriores, pues «no parece razonable que en un mercado de trabajo como el español, que ya cuenta con 2,5 millones de parados, se recurra a más de 88.000 contrataciones por este sistema».
No obstante, el ministro puntualizó que de este ajuste se exceptuarán las contrataciones especializadas y aquellas relacionadas con convenios internacionales.
Horas antes, en declaraciones a RNE, Corbacho, reconoció que «es posible» que el INEM entre en déficit por el mayor gasto que está efectuando para pagar las prestaciones por desempleo ante el alza del paro, pero insistió en que la protección está garantizada y que ningún trabajador que cotice va a perder este derecho.
El Gobierno se compromete a informar a sindicatos y empresarios de sus iniciativas laborales
El titular de Trabajo señaló que si el INEM, ahora con superávit, agota su presupuesto y entra en situación deficitaria, el Estado se encargaría de garantizar el cobro del paro a los trabajadores cotizantes que se queden en el desempleo.
En este sentido, el ministro insistió en que las prestaciones por desempleo son «un derecho que está garantizado y no se va a cuestionar», y afirmó que, aunque no es partidario de políticas deficitarias, el Gobierno no piensa discutir por «una o dos décimas» de déficit cuando se trata de proteger a los desempleados.
Corbacho reiteró que las prestaciones estarán en todo caso garantizadas tras la reunión con los agentes sociales, en la que se estableció un calendario de trabajo para el estudio de medidas coyunturales, que se resumen en mejoras de los servicios públicos de empleo, de la formación profesional, del estatuto de los trabajadores autónomos y en evaluar los planes y programas de empleo existentes para adecuarlos a las circunstancias actuales.
En concreto, el ministro aseguró que «lo importante es ponernos a trabajar e identificar las materias importantes para priorizar y superar la situación de crisis lo antes posible». Por ello, empresarios, sindicatos y ministerio colaborarán para «mejorar y modernizar los servicios públicos de empleo para adaptar las políticas activas atendiendo a las nuevas necesidades».
Además, Trabajo se compromete a «trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación para mejorar la formación profesional». En cuanto al Estatuto de Trabajo Autónomo los objetivos principales en su desarrollo serán aumentar el nivel de seguridad y protección de lo trabajadores y «aprovechar la potencialidad de las capacidades individuales».
Corbacho se comprometió además a informar a la Comisión de seguimiento de los acuerdos que adopte el Ejecutivo en materia laboral.
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