“Delito son las causas que originan las migración”
Con una valiente declaración que propone la ciudadanía universal, amparada en el derecho de las personas a la libre movilidad que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Foro Social Mundial de las Migraciones concluyó en Rivas Vaciamadrid el pasado 14 de septiembre. Fiel al movimiento que le dio origen, el Foro Social Mundial de 2001, podría concluirse “otro mundo es posible”, de hacerse realidad las reivindicaciones reunidas en la declaración final.
Criminalización del migrante
Cómo los medios de comunicación y las políticas construyen un discurso criminalizador, fue también objeto de las reivindicaciones del Foro. “No al discurso mediático convencional que desde los estereotipos, refuerza la criminalización y la victimización de las personas (...) la xenofobia, discriminación y racismo que se propaga desde ellos y que acrecienta esas conductas y prácticas en las sociedades y países de tránsito y destino”.
La nueva política europea de retorno de ‘sin papeles’, llamada como “Directiva de la Vergüenza”, así como otras disposiciones oficiales, fueron tildadas en la declaración del Foro como criminalizantes, que eliminan todos los derechos humanos para estas personas. Denunciaron la externalización de las fronteras, como una manera de exportar la persecución, el hostigamiento y las deportaciones. “Las detenciones arbitrarias, la impunidad policial fronteriza y los centros de internamiento, donde la violación de los derechos humanos es cotidiana”.
Las iniciativas de emprender convenios de empleo temporal, para la contratación de trabajadores extranjeros sólo por cortas estancias, causarían el deterioro de los derechos laborales porque su condición les impide reclamar el arraigo. Esto conlleva el deterioro de su valor salarial, social, jurídico, “convirtiendo a las personas migrantes en mercancías”.
El trabajo doméstico, que tantas mujeres ocupan en Europa, quedó consignado como la reproducción de un “sistema patriarcal (...) que se traduce en la continuidad de la ubicación de la mujer en trabajos relacionados al ámbito privado y al cuidado de otros, en condiciones de esclavitud”.
Ciudadanía universal
El Foro hizo eco de los argumentos que contemplan la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, de la ONU, por parte de los gobiernos del primer mundo. Para que “las fronteras del mundo dejen de ser espacios de impunidad en los que las personas migrantes son objeto de todo tipo de violaciones, crímenes y obligados a asumir riesgos que ponen en peligro su vida”.
Aún más lejos, pide la derogación de la directiva de expulsiones de la Unión Europea, así como los instrumentos legales que permiten la detención de inmigrantes en el mundo, el desmantelamiento de la agencia para el control de fronteras Frontex, la derogación de los centros de internamiento y la anulación de los acuerdos de re-admisión entre los países de origen y destino.
El texto hace referencia a las migraciones forzadas de los pueblos indígenas, como resultado de la explotación de los recursos que se encuentran en sus territorios, así como el rechazo a las manifestaciones de racismo, especialmente hacia las poblaciones de Africa y latinoamericanos en Estados Unidos. “No al creciente deterioro de las condiciones de vida que impacta de manera especial a las personas migrantes, refugiadas y desplazadas de los diferentes continentes, y muy especialmente las de los pueblos palestino, saharaui, colombiano, sudanés e iraquí y a las políticas cómplices de Estados Unidos, Europa y España en particular”.
“Migrar no es un delito, delito son las causas que originan las migración. Levantemos nuestras voces, defendamos nuestros derechos, luchemos juntos por construir un mundo sin muros”, concluye la declaración.
Criminalización del migrante
Cómo los medios de comunicación y las políticas construyen un discurso criminalizador, fue también objeto de las reivindicaciones del Foro. “No al discurso mediático convencional que desde los estereotipos, refuerza la criminalización y la victimización de las personas (...) la xenofobia, discriminación y racismo que se propaga desde ellos y que acrecienta esas conductas y prácticas en las sociedades y países de tránsito y destino”.
La nueva política europea de retorno de ‘sin papeles’, llamada como “Directiva de la Vergüenza”, así como otras disposiciones oficiales, fueron tildadas en la declaración del Foro como criminalizantes, que eliminan todos los derechos humanos para estas personas. Denunciaron la externalización de las fronteras, como una manera de exportar la persecución, el hostigamiento y las deportaciones. “Las detenciones arbitrarias, la impunidad policial fronteriza y los centros de internamiento, donde la violación de los derechos humanos es cotidiana”.
Las iniciativas de emprender convenios de empleo temporal, para la contratación de trabajadores extranjeros sólo por cortas estancias, causarían el deterioro de los derechos laborales porque su condición les impide reclamar el arraigo. Esto conlleva el deterioro de su valor salarial, social, jurídico, “convirtiendo a las personas migrantes en mercancías”.
El trabajo doméstico, que tantas mujeres ocupan en Europa, quedó consignado como la reproducción de un “sistema patriarcal (...) que se traduce en la continuidad de la ubicación de la mujer en trabajos relacionados al ámbito privado y al cuidado de otros, en condiciones de esclavitud”.
Ciudadanía universal
El Foro hizo eco de los argumentos que contemplan la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, de la ONU, por parte de los gobiernos del primer mundo. Para que “las fronteras del mundo dejen de ser espacios de impunidad en los que las personas migrantes son objeto de todo tipo de violaciones, crímenes y obligados a asumir riesgos que ponen en peligro su vida”.
Aún más lejos, pide la derogación de la directiva de expulsiones de la Unión Europea, así como los instrumentos legales que permiten la detención de inmigrantes en el mundo, el desmantelamiento de la agencia para el control de fronteras Frontex, la derogación de los centros de internamiento y la anulación de los acuerdos de re-admisión entre los países de origen y destino.
El texto hace referencia a las migraciones forzadas de los pueblos indígenas, como resultado de la explotación de los recursos que se encuentran en sus territorios, así como el rechazo a las manifestaciones de racismo, especialmente hacia las poblaciones de Africa y latinoamericanos en Estados Unidos. “No al creciente deterioro de las condiciones de vida que impacta de manera especial a las personas migrantes, refugiadas y desplazadas de los diferentes continentes, y muy especialmente las de los pueblos palestino, saharaui, colombiano, sudanés e iraquí y a las políticas cómplices de Estados Unidos, Europa y España en particular”.
“Migrar no es un delito, delito son las causas que originan las migración. Levantemos nuestras voces, defendamos nuestros derechos, luchemos juntos por construir un mundo sin muros”, concluye la declaración.
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