Contrato de integración: ¿estigmatiza o ayuda a los inmigrantes?

El Partido Popular de Cataluña ha anunciado que, después de las fiestas navideñas, llevará al Parlament una propuesta para debatir el contrato de integración para los inmigrantes. Pero los críticos de esta iniciativa aseguran que es una medida que discrimina y que da a entender que los extranjeros no quieren integrarse.

Pero, ¿qué es el contrato de integración? Se trata de un documento que todos los extranjeros deberán firmar al llegar a España. En él, se comprometen a cumplir las leyes, a respetar los ‘valores’ y ‘costumbres’ españolas, a esforzarse por integrarse en la sociedad y a volver a su país de origen en caso de quedar en paro y no poder conseguir otro trabajo.

Entre las voces críticas está la de algunas ONG, como SOS Racismo, que ha insistido en que esta iniciativa ‘estigmatiza y discrimina’ a la comunidad inmigrante.

Tras los resultados electorales obtenidos por los populares en las Elecciones Catalanas, donde el tema central de su discurso se centró en la inmigración irregular y en los problemas de convivencia con los vecinos extranjeros, el PP ha decidido seguir sacándole punta a este tema.

Por ello, el contrato de integración no es la única medida que la formación liderada por Alicia Sánchez Camacho llevará al Parlament catalán, pues también se han propuesto debatir el ‘veto’ municipal a la reagrupación familiar y a la concesión de permisos de residencia por arraigo a los inmigrantes ‘incívicos’, es decir, que incumplan las ordenanzas municipales.

La iniciativa cuenta con el apoyo de numerosos ayuntamientos, entre los que se cuentan también algunos liderados por PSC. Quienes la impulsan, pretenden que se incluya en el reglamento de extranjería, de modo que el informe municipal sobre el grado de civismo de los ciudadanos extranjeros sea vinculante y tenga peso a la hora de conceder la residencia por arraigo.

Frente a esta medida, SOS Racismo cree que esta medida supone una aplicación desigual de la ley según el origen de la persona y equipara una falta con un delito.

Lo único positivo, según la organización, es que se produzca un debate que dé la oportunidad al nuevo Ejecutivo catalán, liderado por Artur Mas, para pronunciarse sobre el modelo de integración migratoria que impulsará en los próximos cuatro años. R.I.

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