Inmigrantes indocumentados quedarían sin educación y sanidad públicas

De salir adelante el texto actual la reforma a la Ley de Extranjería, los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular no tendrían acceso a la Sanidad ni a la Salud públicas.

Así lo denunciaron Cáritas española, la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Red Acoge al comprobar que los ‘indocumentados’ no podrían empadronarse, condición sine qua non para acceder a dichos servicios.

Los responsables de estas entidades explicaron en rueda de prensa que la Exposición de motivos, que precede al anteproyecto de ley, clasifica el concepto “residencia” como "autorización de estancia o residencia legal", por lo que el artículo 6.3 del texto, al estipular que los ayuntamientos empadronarán a los extranjeros que “residan” en su territorio, excluiría a quienes se encuentran sin residencia legal.

Ana Abril, coordinadora del Área de Análisis y Desarrollo Social de Cáritas Española, asegura que este punto tendrá una doble consecuencia: por un lado, supondrá "un recorte del derecho a asistencia sanitaria y a la educación" de los inmigrantes, y por otro "se invisibilizará la realidad, porque los ayuntamientos no tendrán una clara percepción" de la población en el municipio.

Las organizaciones expresaron sus dudas sobre que la restricción de estos derechos sea la "intención" del legislador al introducir la modificación del padrón y no un "lapsus", motivo por el que instaron a los grupos parlamentarios a incorporar este precepto en sus propuestas de enmienda para evitar que salga adelante y "desvirtúe el objetivo del empadronamiento, que no es otro que dejar constancia de las personas que viven en un municipio".

No es esta la única reivindicación de los tres colectivos, que han planteado más de un centenar de enmiendas al anteproyecto de reforma elaborado por el Gobierno. Estas propuestas de modificación se han trasladado a todos los grupos parlamentarios e incluso se han mantenido reuniones con algunos de ellos, como el PSOE, CiU, PNV o UPyD, conforme explicó el secretario General de CEAR, Alfredo Abad.

Según apuntó, las ONG han encontrado "receptividad" en los diputados, aunque "hay posiciones que dependen no sólo de lo que es deseable y lo que son los derechos, sino del equilibrio de votos y de políticas más localistas que acaban afectando" a la negociación sobre el texto de Extranjería.

"Posible inconstitucionalidad"
Entre las propuestas, destaca la modificación del artículo relativo al acceso a la Educación de los extranjeros, precepto modificado por el Tribunal Constitucional para hacer efectivo este derecho y que en la propuesta del Gobierno podría rozar la "inconstitucionalidad" ya que, según explicó Abad, "la reforma limita de forma clara el acceso a la educación no obligatoria".

Asimismo, las ONG denuncian restricciones para los extranjeros en materia de vivienda social, ya que el anteproyecto de reforma plantea la residencia de larga duración (más de cinco años legalmente) como condición para el acceso a estas ayudas. Con este requisito "no sólo estamos mermando su derecho sino también provocando una política ineficiente", señalaron las ONG.

Por otra parte, la directora técnica de Red Acoge, Begoña Santos, incidió en el "endurecimiento" del régimen sancionador para extranjeros con medidas como la ampliación a 60 días del plazo máximo de internamiento previo a la expulsión. Según afirmó, en la práctica, la media de estancia en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) es de 20 a 30 días, por lo que "no se justifica" la ampliación para agilizar repatriaciones. Además, recordó que la Directiva de Retorno europea sobre la materia es de "mínimos" y no obliga a los Estados a imponer condiciones más restrictivas de las que ya tenga en vigor.

Por último, las organizaciones criticaron la restricción de las reagrupaciones al núcleo familiar (cónyuge o análogo e hijos menores), la falta de soluciones para el problema de los menores inmigrantes que alcanzan los 18 años de edad bajo tutela de la Administración Pública y las "condiciones más gravosas" que impone el anteproyecto a los extranjeros para acceder a la justicia gratuita, por entender que se trata de "retrocesos" que llegan en un "momento inoportuno" porque "asocian crisis e inmigración" y que "no servirán para construir una sociedad más justa a largo plazo".