El PP quiere que el Gobierno restrinja aún más la reagrupación de los inmigrantes

En vísperas del debate de las enmiendas a la totalidad de la reforma de la Ley de Extranjería, que se celebrará en el Congreso de los Diputados el próximo día 17, el PP ha lanzado un cañonazo de advertencia al Gobierno.

El partido que lidera Mariano Rajoy pretende, entre otras cosas, que el texto que salga del Parlamento limite las reagrupaciones en cadena de los inmigrantes, que éstos sean obligados a firmar un contrato de integración y que las competencias sobre las autorizaciones iniciales de trabajo que asumen las reformas de algunos Estatutos de autonomía vuelvan a manos del Ejecutivo central.

Esas exigencias fueron decididas ayer en la comisión nacional de inmigración del PP, y constituirán el núcleo central de la enmienda de devolución que los populares presentarán el día 17. El partido de Rajoy será de este modo el único que exigirá un endurecimiento todavía mayor en una reforma legal que ha sido calificada de "berlusconiana" por los otros grupos que presentarán enmiendas a la totalidad: PNV, ERC e IU-ICV.

La reforma del Gobierno reduce el reagrupamiento familiar de los ascendientes de los extranjeros a los mayores de 65 años y aumenta de 40 a 60 días el periodo en que los sin papeles pueden ser retenidos por la policía. Pero el partido de Rajoy considera necesario limitar aún más las reagrupaciones, impidiendo que los familiares reagrupados puedan, a su vez, reagrupar algún día a otros familiares y éstos a otros más.

El PP insiste, además, en que la ley prohíba expresamente las regularizaciones masivas. Los populares consideran que ello estaría en consonancia con el Pacto Europeo de Inmigración, firmado por España, que establece que las regularizaciones deben hacerse caso por caso. Es una forma de afearle a Zapatero que en 2005 forzara a los patronos para que legalizaran la situación de 600.000 inmigrantes que trabajaban para ellos en la economía sumergida.

La exigencia de que las comunidades autónomas no puedan asumir competencias sobre las autorizaciones iniciales de trabajo es una forma de echar sal en la herida del Estatuto de Cataluña: la Generalitat ya las viene desempeñando, aunque el Estatuto, recurrido por el PP, se halla pendiente de una sentencia del Tribunal Constitucional.