Un drama social con rostros y nombres propios
Un joven informático de origen boliviano es detenido en una calle de Barcelona y recluido el mismo día. En consecuencia una mujer y su hija son privadas de sustento de un día para el otro. El drama de las internaciones automáticas produce daños colaterales en los que poco se repara.
La reclusión de Ramiro Perales sentencia a su mujer e hija a una posible vida indigente. Leidy no puede trabajar pues debe atender a Verónica. Ramiro, el único que aportaba dinero a la familia, se encuentra hoy en el limbo del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) ubicado en el barrio de la Zona Franca de Barcelona, y pesa sobre él una orden de expulsión que se ejecutaría en pocos días.
Según cuenta Yracelis Rodríguez, la abogada que atiende el caso de Ramiro, éste fue detenido por la policía el 29 de septiembre pasado y al día siguiente pasó a disposición del Juzgado pertinente. Durante la audiencia, el juez no atendió razón alguna. “Se limitó a señalar que existía una orden de expulsión en contra del joven y no contempló el hecho de que este inmigrante tuviera una hija de nacionalidad española”, relata la abogada. Leyendo el texto emitido por el magistrado se desprende que si bien se consigna que Ramiro "no acredita domicilio", lo tiene y se alegó oportunamente. Que "el ingreso en el centro de internamiento es una medida razonable de garantía", que se suma como "dato negativo, estar indocumentado" y "que era necesario garantizar la ejecución del acto administrativo y su necesidad en una sociedad democrática; no ofrece duda, en este punto, la necesidad social colectiva de organizar la inmigración, vedando la entrada ilegal de extranjeros", asegura.
La solicitud presentada el día 2 de octubre pide que se anule la expulsión y se imponga una multa. Según la letrada se ha interpuesto un recurso ante el ámbito Contencioso Administrativo, reclamando la medida cautelarísima de la puesta en libertad de Perales. Pero el juez no ha podido decidir la misma aún, por cuanto el 2 de octubre el encargado del caso en el centro de internación se encontraba en la celebración de los actos del Día de la Policía. La próxima semana, en un plazo de tres días, deberá obtenerse una respuesta. Mientras tanto, Ramiro acumula días en un centro de internamiento separado de su esposa y su hija, quienes quedan en absoluta desprotección. Pero Verónica, la hija de Ramiro, nacida en Catalunya hace casi un año, tiene ya DNI y pasaporte español, lo cual otorgaría a su padre la posibilidad de regularizarse y obtener un permiso de residencia y trabajo.
En un comunicado emitido por Fedelatina -entidad que se encargado de difundir la noticia y de velar por los derechos de Ramiro-, aseguran que “parece ser que quienes detuvieron en la calle a este joven (que además bien podría acceder a una tarjeta azul de inmigrante cualificado pues es un experto informático), y el juez que debe decidir el futuro de esta familia, no coinciden con esta premisa legal. No sólo estamos ante una problemática migratoria, sino también ante un dilema de derechos humanos y una cuestión de género", y termina con dos interrogantes: "¿La administración produce un doble discurso? ¿Por un lado promueve los derechos humanos y familiares y por el otro se deciden a discreción amputaciones sin asepsia ni anestesia?.”
http://tribunalatina.com/
La reclusión de Ramiro Perales sentencia a su mujer e hija a una posible vida indigente. Leidy no puede trabajar pues debe atender a Verónica. Ramiro, el único que aportaba dinero a la familia, se encuentra hoy en el limbo del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) ubicado en el barrio de la Zona Franca de Barcelona, y pesa sobre él una orden de expulsión que se ejecutaría en pocos días.
Según cuenta Yracelis Rodríguez, la abogada que atiende el caso de Ramiro, éste fue detenido por la policía el 29 de septiembre pasado y al día siguiente pasó a disposición del Juzgado pertinente. Durante la audiencia, el juez no atendió razón alguna. “Se limitó a señalar que existía una orden de expulsión en contra del joven y no contempló el hecho de que este inmigrante tuviera una hija de nacionalidad española”, relata la abogada. Leyendo el texto emitido por el magistrado se desprende que si bien se consigna que Ramiro "no acredita domicilio", lo tiene y se alegó oportunamente. Que "el ingreso en el centro de internamiento es una medida razonable de garantía", que se suma como "dato negativo, estar indocumentado" y "que era necesario garantizar la ejecución del acto administrativo y su necesidad en una sociedad democrática; no ofrece duda, en este punto, la necesidad social colectiva de organizar la inmigración, vedando la entrada ilegal de extranjeros", asegura.
La solicitud presentada el día 2 de octubre pide que se anule la expulsión y se imponga una multa. Según la letrada se ha interpuesto un recurso ante el ámbito Contencioso Administrativo, reclamando la medida cautelarísima de la puesta en libertad de Perales. Pero el juez no ha podido decidir la misma aún, por cuanto el 2 de octubre el encargado del caso en el centro de internación se encontraba en la celebración de los actos del Día de la Policía. La próxima semana, en un plazo de tres días, deberá obtenerse una respuesta. Mientras tanto, Ramiro acumula días en un centro de internamiento separado de su esposa y su hija, quienes quedan en absoluta desprotección. Pero Verónica, la hija de Ramiro, nacida en Catalunya hace casi un año, tiene ya DNI y pasaporte español, lo cual otorgaría a su padre la posibilidad de regularizarse y obtener un permiso de residencia y trabajo.
En un comunicado emitido por Fedelatina -entidad que se encargado de difundir la noticia y de velar por los derechos de Ramiro-, aseguran que “parece ser que quienes detuvieron en la calle a este joven (que además bien podría acceder a una tarjeta azul de inmigrante cualificado pues es un experto informático), y el juez que debe decidir el futuro de esta familia, no coinciden con esta premisa legal. No sólo estamos ante una problemática migratoria, sino también ante un dilema de derechos humanos y una cuestión de género", y termina con dos interrogantes: "¿La administración produce un doble discurso? ¿Por un lado promueve los derechos humanos y familiares y por el otro se deciden a discreción amputaciones sin asepsia ni anestesia?.”
http://tribunalatina.com/
Comentarios