“El gran reto es para los casi 300 mil extranjeros en el paro"
Gustavo Franco
gustavo@tribunalatina.com
Cuando Carles Campuzano (Barcelona, 1.964) era regidor de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) hace 16 años, apenas comenzaba a hablarse de inmigración en España. Pero hoy es un tema importantísimo en la política española y el Congreso se prepara para discutir la reforma a la Ley de Extranjería. La presentación del borrador de este proyecto es cuestión de días y la intención del Gobierno es que se apruebe antes del verano del 2009.
El diputado Campuzano (Convergencia i Unió), fue el autor de una moción en días pasados para “presentar lo antes posible” el proyecto para adecuarlo “a las directivas europeas pendientes de transposición y al nuevo marco estatutario de las comunidades autónomas".
Hace tres semanas planteó que la nueva Ley de Extranjería debería adaptarse a las nuevas normativas europeas. ¿Cuáles serían?
Para mí hay tres directivas que son importantes: la que regula el estatuto del residente permanente. Esta tiene diversos aspectos y permite el traslado de inmigrantes a otros países de la UE. Abre también la posibilidad de obtener el permiso de residencia permanente, de acuerdo al grado y esfuerzo de integración en la sociedad de acogida. También la de reagrupación familiar, que el Gobierno mantiene una tesis que ya ha producido la transposición, y la que regula la cuestión de investigadores y estudiantes. Esta última para que facilite el acceso de este tipo de personas de terceros países.
Pero la lista de las medidas que hay que transponer es más larga. España ha recibido críticas de la Comisión Europea por no haber transpuesto esas directivas. Hay un tiempo máximo en que un Estado debe incorporar esos mandatos a su propia legislación. Lo que se trata es de construir una normativa común por la vía de la legalidad. Al margen de la Directiva de Retorno, el reciente Pacto por la Inmigración que será aprobado en el Consejo Europeo, incorpora el desarrollo de una carta azul para trabajadores cualificados.
¿Conoce el borrador de la reforma de la Ley de Extranjería?
Estamos trabajando en nuestras propuestas para trasladarlas al Gobierno dentro de unas semanas.
Existe un borrador para un Pacto por la Inmigración en Cataluña, consensuado por múltiples sectores de la sociedad civil. ¿Cómo lograr una armonía con la nueva Ley de Extranjería y el Pacto Europeo por la Inmigración?
De entrada quienes tendrán una cierta dificultad serán los partidos del gobierno catalán. Deberán decidir en qué posición están, si en una política más seria y acorde con los del resto de gobiernos de Europa en materia de inmigración. O simplemente recoger las posiciones de las organizaciones y la sociedad civil. Una política seria y justa no se puede construir sólo con las aportaciones de las entidades que trabajan con inmigrantes. Eso está bien, hacen su papel, pero creo que el Pacto que propone la Generalitat se basa más en esto, que en una visión más global del fenómeno.
¿Cuál sería la posición de CiU ante la propuesta del Partido Popular, de incluir en el Pacto europeo por la inmigración, la prohibición a nuevas regularizaciones masivas o extraordinarias?
Nos parece innecesario. El Pacto deja muy clara la posición de los estados miembros, que es no apostar por las regularizaciones masivas, sino por las regularizaciones en función de casos concretos y vinculadas al mercado de trabajo. No veo porqué debería incorporarse en la Ley española una prohibición.
El País Vasco rechazó la Directiva europea de retorno y manifestó su intención de ‘minimizar’ los efectos que pueda tener sobre la población extranjera
En España la Directiva no supondrá ningún retroceso significativo en las previsiones de expulsión a los países de origen de los inmigrantes en situación irregular.
Pero la detención que tiene un límite de 40 días, podría ampliarse en el futuro con un gobierno distinto, hasta en 18 meses
Sí, pero no es razonable. Las directivas son el fruto de los acuerdos entre los gobiernos y en Europa nos movíamos en una materia en la que teníamos 27 directivas de retorno distintas. De éstas, ahora se plantea un sistema más garantista y de mínimos.
En este tema hay demasiada hipocresía. Por desgracia, y es desagradable, todos los países del mundo tienen legislaciones en la entrada por la vía irregular de un extranjero, que implica la devolución a su país. Y además, cuando esa devolución puede efectuarse de manera inmediata, existen situaciones de retención a la espera de que puedan retornar a sus países. ¿Qué hay de relevante para discutir ahora en España y que justifica la directiva de retorno? Las condiciones de los CIE, la legislación que se aplica en ellos, pues hay una Sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a mejorarla. Me parece más serio esto, que la iniciativa del País Vasco.
Estos temas son una arma política. ¿Hace falta racionalizar más el discurso en inmigración?
Hay dos cosas que a mi entender son fatales. La estrategia del populismo de derechas, que es jugar con los miedos y las inquietudes que las migraciones provocan en la población. Pero hay otro populismo, el de izquierdas y que utiliza la bandera de los derechos humanos para afirmar, desarrollar un buenismo paternalista, que cuando se gobierna nunca se aplica. Por desgracia la gestión de los flujos en las sociedades avanzadas, en el mundo en general, exige reglas que se aplican y deben respetarse. Eso es duro y afecta a personas en situación de vulnerabilidad, pero es lo que permite organizar los flujos humanos de alguna manera.
Si la propuesta de crear una tarjeta azul para inmigrantes cualificados exige un salario de 33 mil euros anual en el país de origen, ¿quién quisiera emigrar?
Si Europa quiere garantizar su prosperidad económica, necesita ser un espacio donde las personas con talento y conocimiento puedan llegar. Hoy esto no sucede, la gente con talento se va a Estados Unidos. Es competir con el talento humano. Esa no será la única vía de inmigración laboral, pero debe ser una posibilidad.
¿Y la fuga de cerebros para los países no europeos?
Habrá que ser más propositivos en materia de desarrollo. Un ejemplo de contradicción, es el caso británico. Ocurre en Botswana (Africa), beneficiario de la ayuda al desarrollo en el campo de la salud, mientras que los médicos de ese país van a trabajar Gran Bretaña.
¿El ministro Corbacho sorprendió al eliminar del Catálogo de Difícil Ocupación, a los sectores de amplia contratación de extranjeros, como la construcción y los servicios?
Se estima que el próximo año tendremos un desempleo de 15 por ciento, fundamentalmente en esas actividades, así que me parece una decisión razonable. Por otro lado, el Catálogo se actualiza cada tres meses, por tanto hay una flexibilidad suficiente. El gran reto es para los casi 300 mil trabajadores extranjeros en el paro, es cómo recolocarse en el mercado de trabajo.
CiU propuso un carné por puntos para inmigrantes en la pasada campaña electoral. La medida se ha adoptado con ciertas variaciones en Reino Unido, no sólo para los extranjeros, también para sus empleadores. El partido Liga Norte lo ha propuesto en Italia. ¿Están dispuestos a seguir con esta propuesta?
Nuestra idea es que la Ley que regula la inmigración en España, debe de permitir articular medidas concretas que favorezcan la integración.
¿Cuáles serían los parámetros para medir el grado de integración de un extranjero?
La idea de nuestro partido es la siguiente: el éxito de cualquier persona en una sociedad de acogida, estará ligado al conocimiento de la lengua que se habla en esa sociedad. Por ejemplo, en la crisis económica, para los inmigrantes que han perdido su empleo, el desconocimiento del castellano o el catalán en Cataluña, es un problema para garantizar su retorno al mercado de trabajo. Por tanto, me parece que es importante introducir estímulos al conocimiento de nuestras lenguas. Éste se puede asociar al permiso de residencia permanente y, de hecho, configura un estatus a ese extranjero.
Al mismo tiempo, cabe reforzar la idea de ciudadanía basada en el contrato de los derechos y deberes. Aquí una persona que se incorpora en esta sociedad, se le reconocen todas las leyes y derechos, tanto en el campo social como de libertades fundamentales, se les reclama que hagan el esfuerzo de incorporarse en la sociedad y, al mismo tiempo, asumir los valores que permiten la convivencia.
Qué pasaría en el supuesto de una persona que llega a Madrid donde reside cinco, diez años, y de pronto decide trasladarse a Cataluña... ¿Cuál sería el criterio para el aprendizaje de la lengua?
En el caso concreto de Cataluña, se hablan las dos lenguas y ambas son oficiales. Por tanto el inmigrante que estuviese viviendo en esta comunidad autónoma y optase por continuar aquí, ese estímulo debería afectarlo a él, pero de preferencia debería ser el castellano. Así, si un inmigrante en Madrid decide venir a Cataluña, tendría la misma exigencia que un ciudadano español que se decide desplazar a Barcelona. Sabrá que si tiene vocación de permanecer en Cataluña, sabe que aprender el catalán le convendrá.
La experiencia de otros países europeos sobre generaciones anteriores de inmigrantes, a la conclusión que se llega y uno de los elementos que analizan para su integración, es el nivel de aprendizaje de la lengua local. En Alemania se estableció que el conocimiento del alemán se constituyó en una cuestión básica para combatir el paro entre jóvenes originarios de familias turcas. El mal conocimiento del alemán, implicaba un fracaso escolar y también dificultades para encontrar empleo. Tenemos que hacerlo bien para que nadie vea en esta política una imposición de nada, sino de estímulos que garanticen la efectiva integración en la necesidad de acogida.
gustavo@tribunalatina.com
Cuando Carles Campuzano (Barcelona, 1.964) era regidor de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) hace 16 años, apenas comenzaba a hablarse de inmigración en España. Pero hoy es un tema importantísimo en la política española y el Congreso se prepara para discutir la reforma a la Ley de Extranjería. La presentación del borrador de este proyecto es cuestión de días y la intención del Gobierno es que se apruebe antes del verano del 2009.
El diputado Campuzano (Convergencia i Unió), fue el autor de una moción en días pasados para “presentar lo antes posible” el proyecto para adecuarlo “a las directivas europeas pendientes de transposición y al nuevo marco estatutario de las comunidades autónomas".
Hace tres semanas planteó que la nueva Ley de Extranjería debería adaptarse a las nuevas normativas europeas. ¿Cuáles serían?
Para mí hay tres directivas que son importantes: la que regula el estatuto del residente permanente. Esta tiene diversos aspectos y permite el traslado de inmigrantes a otros países de la UE. Abre también la posibilidad de obtener el permiso de residencia permanente, de acuerdo al grado y esfuerzo de integración en la sociedad de acogida. También la de reagrupación familiar, que el Gobierno mantiene una tesis que ya ha producido la transposición, y la que regula la cuestión de investigadores y estudiantes. Esta última para que facilite el acceso de este tipo de personas de terceros países.
Pero la lista de las medidas que hay que transponer es más larga. España ha recibido críticas de la Comisión Europea por no haber transpuesto esas directivas. Hay un tiempo máximo en que un Estado debe incorporar esos mandatos a su propia legislación. Lo que se trata es de construir una normativa común por la vía de la legalidad. Al margen de la Directiva de Retorno, el reciente Pacto por la Inmigración que será aprobado en el Consejo Europeo, incorpora el desarrollo de una carta azul para trabajadores cualificados.
¿Conoce el borrador de la reforma de la Ley de Extranjería?
Estamos trabajando en nuestras propuestas para trasladarlas al Gobierno dentro de unas semanas.
Existe un borrador para un Pacto por la Inmigración en Cataluña, consensuado por múltiples sectores de la sociedad civil. ¿Cómo lograr una armonía con la nueva Ley de Extranjería y el Pacto Europeo por la Inmigración?
De entrada quienes tendrán una cierta dificultad serán los partidos del gobierno catalán. Deberán decidir en qué posición están, si en una política más seria y acorde con los del resto de gobiernos de Europa en materia de inmigración. O simplemente recoger las posiciones de las organizaciones y la sociedad civil. Una política seria y justa no se puede construir sólo con las aportaciones de las entidades que trabajan con inmigrantes. Eso está bien, hacen su papel, pero creo que el Pacto que propone la Generalitat se basa más en esto, que en una visión más global del fenómeno.
¿Cuál sería la posición de CiU ante la propuesta del Partido Popular, de incluir en el Pacto europeo por la inmigración, la prohibición a nuevas regularizaciones masivas o extraordinarias?
Nos parece innecesario. El Pacto deja muy clara la posición de los estados miembros, que es no apostar por las regularizaciones masivas, sino por las regularizaciones en función de casos concretos y vinculadas al mercado de trabajo. No veo porqué debería incorporarse en la Ley española una prohibición.
El País Vasco rechazó la Directiva europea de retorno y manifestó su intención de ‘minimizar’ los efectos que pueda tener sobre la población extranjera
En España la Directiva no supondrá ningún retroceso significativo en las previsiones de expulsión a los países de origen de los inmigrantes en situación irregular.
Pero la detención que tiene un límite de 40 días, podría ampliarse en el futuro con un gobierno distinto, hasta en 18 meses
Sí, pero no es razonable. Las directivas son el fruto de los acuerdos entre los gobiernos y en Europa nos movíamos en una materia en la que teníamos 27 directivas de retorno distintas. De éstas, ahora se plantea un sistema más garantista y de mínimos.
En este tema hay demasiada hipocresía. Por desgracia, y es desagradable, todos los países del mundo tienen legislaciones en la entrada por la vía irregular de un extranjero, que implica la devolución a su país. Y además, cuando esa devolución puede efectuarse de manera inmediata, existen situaciones de retención a la espera de que puedan retornar a sus países. ¿Qué hay de relevante para discutir ahora en España y que justifica la directiva de retorno? Las condiciones de los CIE, la legislación que se aplica en ellos, pues hay una Sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a mejorarla. Me parece más serio esto, que la iniciativa del País Vasco.
Estos temas son una arma política. ¿Hace falta racionalizar más el discurso en inmigración?
Hay dos cosas que a mi entender son fatales. La estrategia del populismo de derechas, que es jugar con los miedos y las inquietudes que las migraciones provocan en la población. Pero hay otro populismo, el de izquierdas y que utiliza la bandera de los derechos humanos para afirmar, desarrollar un buenismo paternalista, que cuando se gobierna nunca se aplica. Por desgracia la gestión de los flujos en las sociedades avanzadas, en el mundo en general, exige reglas que se aplican y deben respetarse. Eso es duro y afecta a personas en situación de vulnerabilidad, pero es lo que permite organizar los flujos humanos de alguna manera.
Si la propuesta de crear una tarjeta azul para inmigrantes cualificados exige un salario de 33 mil euros anual en el país de origen, ¿quién quisiera emigrar?
Si Europa quiere garantizar su prosperidad económica, necesita ser un espacio donde las personas con talento y conocimiento puedan llegar. Hoy esto no sucede, la gente con talento se va a Estados Unidos. Es competir con el talento humano. Esa no será la única vía de inmigración laboral, pero debe ser una posibilidad.
¿Y la fuga de cerebros para los países no europeos?
Habrá que ser más propositivos en materia de desarrollo. Un ejemplo de contradicción, es el caso británico. Ocurre en Botswana (Africa), beneficiario de la ayuda al desarrollo en el campo de la salud, mientras que los médicos de ese país van a trabajar Gran Bretaña.
¿El ministro Corbacho sorprendió al eliminar del Catálogo de Difícil Ocupación, a los sectores de amplia contratación de extranjeros, como la construcción y los servicios?
Se estima que el próximo año tendremos un desempleo de 15 por ciento, fundamentalmente en esas actividades, así que me parece una decisión razonable. Por otro lado, el Catálogo se actualiza cada tres meses, por tanto hay una flexibilidad suficiente. El gran reto es para los casi 300 mil trabajadores extranjeros en el paro, es cómo recolocarse en el mercado de trabajo.
CiU propuso un carné por puntos para inmigrantes en la pasada campaña electoral. La medida se ha adoptado con ciertas variaciones en Reino Unido, no sólo para los extranjeros, también para sus empleadores. El partido Liga Norte lo ha propuesto en Italia. ¿Están dispuestos a seguir con esta propuesta?
Nuestra idea es que la Ley que regula la inmigración en España, debe de permitir articular medidas concretas que favorezcan la integración.
¿Cuáles serían los parámetros para medir el grado de integración de un extranjero?
La idea de nuestro partido es la siguiente: el éxito de cualquier persona en una sociedad de acogida, estará ligado al conocimiento de la lengua que se habla en esa sociedad. Por ejemplo, en la crisis económica, para los inmigrantes que han perdido su empleo, el desconocimiento del castellano o el catalán en Cataluña, es un problema para garantizar su retorno al mercado de trabajo. Por tanto, me parece que es importante introducir estímulos al conocimiento de nuestras lenguas. Éste se puede asociar al permiso de residencia permanente y, de hecho, configura un estatus a ese extranjero.
Al mismo tiempo, cabe reforzar la idea de ciudadanía basada en el contrato de los derechos y deberes. Aquí una persona que se incorpora en esta sociedad, se le reconocen todas las leyes y derechos, tanto en el campo social como de libertades fundamentales, se les reclama que hagan el esfuerzo de incorporarse en la sociedad y, al mismo tiempo, asumir los valores que permiten la convivencia.
Qué pasaría en el supuesto de una persona que llega a Madrid donde reside cinco, diez años, y de pronto decide trasladarse a Cataluña... ¿Cuál sería el criterio para el aprendizaje de la lengua?
En el caso concreto de Cataluña, se hablan las dos lenguas y ambas son oficiales. Por tanto el inmigrante que estuviese viviendo en esta comunidad autónoma y optase por continuar aquí, ese estímulo debería afectarlo a él, pero de preferencia debería ser el castellano. Así, si un inmigrante en Madrid decide venir a Cataluña, tendría la misma exigencia que un ciudadano español que se decide desplazar a Barcelona. Sabrá que si tiene vocación de permanecer en Cataluña, sabe que aprender el catalán le convendrá.
La experiencia de otros países europeos sobre generaciones anteriores de inmigrantes, a la conclusión que se llega y uno de los elementos que analizan para su integración, es el nivel de aprendizaje de la lengua local. En Alemania se estableció que el conocimiento del alemán se constituyó en una cuestión básica para combatir el paro entre jóvenes originarios de familias turcas. El mal conocimiento del alemán, implicaba un fracaso escolar y también dificultades para encontrar empleo. Tenemos que hacerlo bien para que nadie vea en esta política una imposición de nada, sino de estímulos que garanticen la efectiva integración en la necesidad de acogida.
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