Un paso de cinco familias ecuatorianas en la batalla legal contra el drama hipotecario
- Detienen en Madrid al dueño de la Central Hipotecaria del Inmigrante (CHI) por presunta estafa.
- El español Enrique Caño, dueño del chiringuito financiero, comparecerá ante el juez en enero como imputado.
- Miles de familias que contrataron ‘hipotecas basura’ con avales en cadena a través de la CHI afrontan hoy deudas y desahucios.
Verónica Vicente
La hispano-ecuatoriana Aída Quinatoa gana algo más de 730 euros al mes como cuidadora de ancianos, su marido está en paro y de cuando en cuando “le sale alguna chapuza”. Pagan 940 euros de hipoteca.
Ha cortado el teléfono en casa y a duras penas puede hacer frente a las facturas de agua y luz, pero paga, paga religiosamente su hipoteca. Esta indígena nunca olvidará por qué se compró una casa al llegar a Madrid en 2004.
“Los ecuatorianos vivíamos hacinados con nuestras familias en una sola habitación porque alquilar era casi imposible, buscábamos vivir con dignidad pero nos exigían avalistas españoles y seis meses de fianza por adelantado”.
Después llegaron las supuestas facilidades y el marketing bancario: “Invierta en su futuro, no tire el dinero en alquileres, compre una casa para traer a los suyos...”. Las inmobiliarias hicieron el resto y “a base de mentiras, accedimos a la compra por desesperación y pensando en nuestro futuro, pero nos engañaron tanto...”.
VÍCTIMAS, NO MOROSOS
Aída tardó poco en darse cuenta de que no era morosa sino víctima. Su marido y ella, junto a otras cuatro familias ecuatorianas, emprendieron en noviembre de 2010 una acción legal por un supuesto delito de estafa contra el chiringuito que conseguía los créditos hipotecarios fraudulentos mediante una trama de avales cruzados, de modo que los compradores inmigrantes, sin ni tan siquiera conocerse ni haberse visto nunca, se avalaban unos a otros con casas a su vez hipotecadas.
Cuando uno dejaba de pagar, la deuda perseguía al resto. De estas cinco familias que denunciaron originalmente, dos ya han sido desahuciadas, y se han sumado nuevas víctimas hasta llegar a ser diez familias. Todos, menos Aída que aún paga, están en proceso de desahucio por créditos hipotecarios que ya no pueden afrontar.
Cuando el banco embargue sus casas aún les quedará una deuda millonaria debido a la actual ley hipotecaria española, que no admite saldar la deuda con la entrega de la vivienda. "Esto que pasa en España no sucede en ningún otro país, encima que se quedan la casa te condenan a seguir pagando la hipoteca de por vida", apostilla Aída con la rabia contenida en sus manos.
UN PRIMER PASO
Enrique Caño, el español que administraba el chiringuito financiero con el nombre Central Hipotecaria del Inmigrante (CHI), hoy cerrado, fue detenido en Madrid el 1 de diciembre y comparecerá como imputado ante el juez a mediados de enero por un presunto delito de fraude y estafa.
No estaba solo en el supuesto timo: “Le ayudaba un ecuatoriano que se llamaba Rober, él se encargaba de captar a las familias inmigrantes y lograr que se endeudaran”, recuerda Aída.
La orden del juez supone un gran paso a favor de las pocas víctimas que se han atrevido a denunciar el fraude de las hipotecas de alto riesgo que se firmaron en el periodo de mayor auge de la burbuja inmobiliaria española, entre 2004 y 2007.
Para Aída, sin embargo, la lucha continúa. “No vamos a pagar porque nos engañaron a todos, lo que exigimos es que se apruebe una ley que declare la deuda ilegal e incobrable y que proteja a las víctimas”.
Ha cortado el teléfono en casa y a duras penas puede hacer frente a las facturas de agua y luz, pero paga, paga religiosamente su hipoteca. Esta indígena nunca olvidará por qué se compró una casa al llegar a Madrid en 2004.
“Los ecuatorianos vivíamos hacinados con nuestras familias en una sola habitación porque alquilar era casi imposible, buscábamos vivir con dignidad pero nos exigían avalistas españoles y seis meses de fianza por adelantado”.
Después llegaron las supuestas facilidades y el marketing bancario: “Invierta en su futuro, no tire el dinero en alquileres, compre una casa para traer a los suyos...”. Las inmobiliarias hicieron el resto y “a base de mentiras, accedimos a la compra por desesperación y pensando en nuestro futuro, pero nos engañaron tanto...”.
VÍCTIMAS, NO MOROSOS
Aída tardó poco en darse cuenta de que no era morosa sino víctima. Su marido y ella, junto a otras cuatro familias ecuatorianas, emprendieron en noviembre de 2010 una acción legal por un supuesto delito de estafa contra el chiringuito que conseguía los créditos hipotecarios fraudulentos mediante una trama de avales cruzados, de modo que los compradores inmigrantes, sin ni tan siquiera conocerse ni haberse visto nunca, se avalaban unos a otros con casas a su vez hipotecadas.
Cuando uno dejaba de pagar, la deuda perseguía al resto. De estas cinco familias que denunciaron originalmente, dos ya han sido desahuciadas, y se han sumado nuevas víctimas hasta llegar a ser diez familias. Todos, menos Aída que aún paga, están en proceso de desahucio por créditos hipotecarios que ya no pueden afrontar.
Cuando el banco embargue sus casas aún les quedará una deuda millonaria debido a la actual ley hipotecaria española, que no admite saldar la deuda con la entrega de la vivienda. "Esto que pasa en España no sucede en ningún otro país, encima que se quedan la casa te condenan a seguir pagando la hipoteca de por vida", apostilla Aída con la rabia contenida en sus manos.
UN PRIMER PASO
Enrique Caño, el español que administraba el chiringuito financiero con el nombre Central Hipotecaria del Inmigrante (CHI), hoy cerrado, fue detenido en Madrid el 1 de diciembre y comparecerá como imputado ante el juez a mediados de enero por un presunto delito de fraude y estafa.
No estaba solo en el supuesto timo: “Le ayudaba un ecuatoriano que se llamaba Rober, él se encargaba de captar a las familias inmigrantes y lograr que se endeudaran”, recuerda Aída.
La orden del juez supone un gran paso a favor de las pocas víctimas que se han atrevido a denunciar el fraude de las hipotecas de alto riesgo que se firmaron en el periodo de mayor auge de la burbuja inmobiliaria española, entre 2004 y 2007.
Para Aída, sin embargo, la lucha continúa. “No vamos a pagar porque nos engañaron a todos, lo que exigimos es que se apruebe una ley que declare la deuda ilegal e incobrable y que proteja a las víctimas”.
UN CASO HISTÓRICO
- Cinco familias ecuatorianas endeudadas impusieron la denuncia por supuesto fraude contra la Central Hipotecaria del Inmigrante (CHI) el pasado 30 de noviembre de 2010 en Madrid. Dos han sido desahuciadas.
- La CHI , hoy cerrada, se dedicaba presuntamente a colocar hipotecas de alto riesgo (por más de 200.000 euros) entre inmigrantes con pocos recursos, obligándoles a avalarse entre ellos.
- El español Enrique Caño, gerente de la CHI, fue detenido el pasado 1 de diciembre en Madrid y comparecerá como imputado ante el juez a mediados de enero.
- La PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas) asegura que es muy difícil calcular el número exacto de afectados por este caso, pero cifra en unos 3.000 los ecuatorianos ya desahuciados en toda España.
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