Dos años de prisión por un delito de solidaridad con inmigrantes

Alojar a un inmigrante irregular en su casa o prestarle ayuda puede costarle hasta dos años de cárcel si se aprueba el anteproyecto de ley de Reforma del Código Penal tal como lo ha redactado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

La solidaridad, cuando se trata de inmigrantes sin permiso de residencia, podría ser un delito. Al menos así se desprende del nuevo artículo 318 bis que recoge el borrador.

En su apartado 1 señala que ‘el que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo vulnerando la legislación de dicho Estado sobre entrada o tránsito de extranjeros será castigado con una pena de multa de tres a 12 meses o prisión de seis meses a dos años’.

También indica que ‘el Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate’.

Con este artículo, el Gobierno transpone la directiva europea 2002/90/CE sobre inmigración irregular, que señala que los Estados miembros podrán decidir no imponer sanciones en los casos en que el objetivo de esta conducta sea prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate.

Desde Justicia se ha aclarado que el polémico artículo permite no sancionar este tipo de conductas cuando el objetivo es humanitaria y que, adicionalmente, se han rebajado de forma considerable las penas y que la prisión no es obligatoria.

Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un informe sobre la reforma del Código Penal en el que apunta que sería más adecuado eximir explícitamente de responsabilidad penal estos hechos cuando los fines sean altruista y no diferir en la futura uniicación de criterios del Ministerio Fiscal la acción penal contra quienes socorran a inmigrantes irregulares.

No es la primera vez que se persigue la solidaridad hacia los extranjeros sin permiso de residencia que viven en España. A principios de 2009 se supo que el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero consideraba que quienes promovieran la permanencia irregular de ciudadanos extranjeros estaban cometiendo una infracción grave, con sanciones de 501 a 10.000 euros. Esto se entendía cuando existía dependencia económica del infractor y se contribuyera a prolongar su estancia más allá del período legalmente previsto.

También se señalaba que en estos casos se tendrían en cuenta las circunstancias personales y familiares para establecer la sanción por cobijar a un inmigrante en situación irregular. Sin embargo, finalmente no se recogió en el texto