Vic rectifica su política de inmigración
El Ayuntamiento de Vic sólo informará a la delegación del gobierno de los inmigrantes que presenten alguna "ilegalidad", como falsedad de pasaporte o suplantación de personalidad. En casos de irregularidad administrativa, como en los extranjeros sin visado (sin papeles), finalmente no actuará. El consistorio de Vic da marcha atrás así a la voluntad expresa de su alcalde, Josep Vial de Abadal, (CiU) de denunciar a los irregulares que se empadronasen en el municipio y cierra la polémica del padrón.
Tras días de silencio, Vila d'Abadal y el concejal de Acción Social, Juan López (ERC), han explicado en el plenario de este miércoles esta decisión. La modificación de la postura inicial del alcalde Vila d'Abadal ha propiciado de nuevo el punto de entendimiento con los socios de gobierno del PSC y ERC. Las discrepancias en torno a la política de inmigración habían afectado la estabilidad del gobierno local, hasta el punto que los grupos de izquierda habían amenazado en romper el pacto.
La polémica
La polémica del empadronamiento en la capital de Osona estalló en diciembre del 2009. El equipo de gobierno de la ciudad, formado por CiU, PSC y ERC, anunció que se aplicarían nuevos criterios a la hora de inscribirse en el padrón municipal. Inicialmente se quería negar el empadronamiento a los extranjeros sin papeles, es decir, aquellos que no acompañaran su inscripción en el padrón con documentos como un visado validado. Esto comportaba, también, comunicar la ausencia de esta documentación al Estado para poder actuar. La medida levantó gran polvareda. El equipo de gobierno modificó su postura inicial y, entonces, defendió el derecho al empadronamiento pero con la comunicación de las incidencias detectadas al gobierno español.
El Estado, a través de un informe, obligó al consistorio a inscribir en el padrón a los ciudadanos que lo solicitaran al interpretar que resolver las situaciones irregulares eran competencia de administraciones de rango superior. CiU, por su parte, entonces decidió preguntar a Bruselas sobre si los ayuntamientos eran competentes para informar de irregularidades o anomalías detectadas durante el empadronamiento. Vila de Abadal anunció después que lo aplicaría porque interpretaba que el dictamen de Europa les había dado la razón. A pesar del anuncio hecho por el alcalde, fuentes del consistorio habían asegurado que la medida no se estaba aplicando. A partir de ahora todo queda atras y el consistorio se acotará a los parámetros de aplicación.
Tras días de silencio, Vila d'Abadal y el concejal de Acción Social, Juan López (ERC), han explicado en el plenario de este miércoles esta decisión. La modificación de la postura inicial del alcalde Vila d'Abadal ha propiciado de nuevo el punto de entendimiento con los socios de gobierno del PSC y ERC. Las discrepancias en torno a la política de inmigración habían afectado la estabilidad del gobierno local, hasta el punto que los grupos de izquierda habían amenazado en romper el pacto.
La polémica
La polémica del empadronamiento en la capital de Osona estalló en diciembre del 2009. El equipo de gobierno de la ciudad, formado por CiU, PSC y ERC, anunció que se aplicarían nuevos criterios a la hora de inscribirse en el padrón municipal. Inicialmente se quería negar el empadronamiento a los extranjeros sin papeles, es decir, aquellos que no acompañaran su inscripción en el padrón con documentos como un visado validado. Esto comportaba, también, comunicar la ausencia de esta documentación al Estado para poder actuar. La medida levantó gran polvareda. El equipo de gobierno modificó su postura inicial y, entonces, defendió el derecho al empadronamiento pero con la comunicación de las incidencias detectadas al gobierno español.
El Estado, a través de un informe, obligó al consistorio a inscribir en el padrón a los ciudadanos que lo solicitaran al interpretar que resolver las situaciones irregulares eran competencia de administraciones de rango superior. CiU, por su parte, entonces decidió preguntar a Bruselas sobre si los ayuntamientos eran competentes para informar de irregularidades o anomalías detectadas durante el empadronamiento. Vila de Abadal anunció después que lo aplicaría porque interpretaba que el dictamen de Europa les había dado la razón. A pesar del anuncio hecho por el alcalde, fuentes del consistorio habían asegurado que la medida no se estaba aplicando. A partir de ahora todo queda atras y el consistorio se acotará a los parámetros de aplicación.
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