El Gobierno catalán afila su discurso y sus políticas para los inmigrantes

CiU desdeña la corrección política en busca de conexión con las opiniones restrictivas populares

El Ejecutivo de Artur Mas endurece sus mensajes y aumenta las exigencias para acceder a ayudas

El Gobierno catalán da por consumado un cambio de paradigma en el discurso sobre la inmigración. Las tesis duras sobre los extranjeros ya son la norma. Los tiempos cambian y las necesidades también. El nuevo Ejecutivo de CiU dio por muerto el discurso políticamente correcto cuando llegó al poder. Y se ha aplicado a ello. El buenismo es historia en el Palau de la Generalitat. Otra cosa es concluir que también en el fondo y el contenido ha habido tanta dureza: algunas restricciones en el acceso a ayudas, pero limitadas.


De lo que no hay duda es de que el discurso del Govern ya no contempla el eufemismo. El último ejemplo de ello es reciente. Días atrás, el conseller de Interior, Felip Puig, volvió a demostrar que no le pesa decir las cosas sin miramientos. Afirmó que existe «una cierta tendencia de algunos colectivos que acaban organizándose por etnias o por clanes, como los peruanos en las autopistas, o determinados colectivos rumanos en el robo de cobre, o de sudamericanos en bandas urbanas de pequeña delincuencia en la calle». Y agregó que en su opinión esta sentencia, que asocia el país de origen con algunos delitos, debe ser esgrimida «sin hipocresía». La frase fue matizada: «La delincuencia no tiene raza, ni religión, ni color de piel». Sin embargo, el mensaje quedó claro, y el matiz, en segundo plano.
Quizá la gran diferencia con tiempos pretéritos es que Puig casi no escandalizó a nadie. Su frase pasó prácticamente desapercibida. Su doctrina se antoja la del Govern en su conjunto, en el que, cierto es, no todos viven con el mismo entusiasmo un hecho claro: por primera vez, el Govern ha perdido el miedo a decir en voz alta que los extranjeros no pueden mantener las ayudas que recibían hasta ahora, que deben integrarse si quieren recibir servicios. En definitiva, que más que un activo pueden resultar un inconveniente.
LA CALLE / El discurso duro también lo han asumido representantes destacados del PSC en los municipios, de Àngel Ros en Lleida a Manuel Bustos en Sabadell. Pero donde de verdad parece estar instalado ese discurso es en la calle y en los votantes.

Y el problema es que el discurso políticamente correcto ya no sirve como alternativa al duro. Falta uno nuevo. Entretanto, el Govern de CiU -igual que algunos alcaldes socialistas- se ha aplicado al primero, al de la calle. De momento, ha endurecido el acceso a algunas prestaciones reclamando más años de residencia. Y también ha sembrado dudas. Por ejemplo, sobre si prohibirá el burka. O sobre la posibilidad de elevar la exigencia del conocimiento del catalán para acceder a prestaciones.

Quizá los más claros en este terreno hayan sido Puig y el conseller de Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, cuyas frases son las que más estruendo han generado. Mena, por ejemplo, cuestionó el derecho de muchos beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción a recibirla poniendo el acento en los inmigrantes, si bien reciben esta ayuda por pobres -por resumirlo- y no por foráneos. La cara amable en todo este asunto es la del titular de Benestar i Família, Josep Lluís Clèries, al que no se ve tan cómodo como a Mena en estas situaciones. A Clèries pertenece esta frase: «En immigración tenemos que huir del buenismo y luchar contra el racismo». Lo segundo se da por descontado. Lo primero, corregido y aumentado, ha marcado la gestión del Govern de CiU.

OBRA REALIZADA 

El Ejecutivo catalán esgrime su labor en estos ocho meses: entre otros aspectos, un acuerdo con la Federació de Municipis y la Associació de Municipis para establecer un protocolo de actuación en la elaboración de informes de extranjería; la puesta en marcha de un sistema de gestión de expedientes para acceder al arraigo, la reagrupación familiar y la renovación de la residencia temporal; la redacción del reglamento de la ley de acogida, y una denuncia contra Plataforma per Catalunya por atacar a los inmigrantes en su propaganda electoral.

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